Cuando apenas quedan unos días para la celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres, cuyo fin es promover una cultura mundial en este ámbito, y tras padecer en nuestro país unas últimas semanas de frecuentes incendios, me gustaría hacer una reflexión sobre cómo afectan a la población. Mucho se ha escrito este verano sobre incendios forestales y mucho se escribirá cuando acabe la campaña respecto a la superficie forestal quemada, el número de incendios y conatos que ha habido, su comparación con las estadísticas de años pasados, etcétera. Lo que quiero resaltar es la influencia que estos hechos tienen sobre las personas y aprovechar la iniciativa que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Unisdir) plantea este año –«Vivir para contarlo: concienciando y reduciendo la mortalidad»– para tratar de sensibilizar a todos los sectores de la sociedad española en lo importante que es que desde ningún estamento se dé justificación alguna que permita amparar a quienes por descuidos, imprudencias, negligencias o, en ocasiones, malas intenciones provocan los fuegos.
Los incendios no son sólo estadísticas, hectáreas quemadas y superficie medioambiental arrasada. Hay otro factor que quiero poner en valor, «la cara humana de los incendios». La de aquellos profesionales que arriesgan su vida para intentar controlarlos y, cómo no, también, la de muchos ciudadanos, demasiados, que tienen que salir de sus casas amenazados por las llamas, abandonando sus enseres y sus recuerdos con la incertidumbre de saber si los encontrarán a su regreso.
Este año, hay datos que deberían hacernos reflexionar. Hasta el momento, un agente forestal ha fallecido en el incendio de la isla de La Palma, por presunta negligencia de una persona. No debería haber uno solo más. Además, veinticinco personas, integrantes de diversos equipos de extinción, han resultado heridas. Y otra cifra más, para que los causantes de estos incendios se lo piensen: unas 12.000 personas, ciudadanos como ellos, que disfrutaban de su vida habitual, han tenido que ser evacuadas de sus casas. Es decir, miles de personas han visto alteradas sus vidas como consecuencia de actos negligentes, imprudentes, temerarios o malintencionados.
Cuando una persona arroja una colilla, deja desperdicios en el campo… o, lo que es peor, prende fuego al monte por oscuros intereses, no suele pensar en las consecuencias. No piensa que pone en peligro la vida de bomberos, brigadistas, agentes forestales, militares y otros muchos profesionales que se ven implicados en la extinción de incendios. Tampoco piensa que pone en riesgo la vida de los propios ciudadanos que ven peligrar aquello por lo que tanto han trabajado y a quienes les queda, en el mejor de los casos, una sensación de frustración, temor e inseguridad de la que difícilmente se recuperarán. Eso es lo terrible. Por no hablar del daño medioambiental causado, que requiere mucho tiempo para su recuperación, y del perjuicio que se produce en la economía o el turismo de las regiones afectadas y, en definitiva, en el patrimonio común. Todo ello es algo en lo que no se piensa inicialmente, pero que, con el tiempo, puede dañar a los habitantes de las zonas quemadas incluso más que las propias llamas.
«Luchar contra el fuego es cosa de todos». Son necesarias la concienciación y la colaboración ciudadana antes y durante el incendio, adoptando las correspondientes medidas de autoprotección, evitando las imprudencias propias, corrigiendo al vecino imprudente, denunciando conductas temerarias y avisando de un posible incendio en el momento de detectarlo. También es necesario el compromiso de todos los actores que pueden tener influencia en la lucha contra el fuego, empezando por las autoridades públicas de todas las administraciones y siguiendo por los colectivos sociales, la prensa y el sector privado. En fin, todos aquellos que puedan influir en la educación, concienciación y sensibilización de la ciudadanía frente al fuego.
Aquellos que queman el monte deben sentir el rechazo de la sociedad porque están poniendo en peligro nuestro paisaje y nuestras vidas. Sus actos no pueden quedar impunes. El lema de este año para el Día Internacional para la Reducción de Desastres es «Vivir para contarlo… Salvar una vida es el mayor beneficio de la reducción del riesgo de desastres». Si con esa concienciación a la que aludo y en la que todos debemos implicarnos consiguiéramos, cuanto menos, ahorrar una vida, la celebración de este día, el 13 de octubre, habría tenido su razón de ser. Sensu contrario, «sin la concienciación, no habrá soluciones». No olvidemos que la mano del hombre produce el 96 por ciento de los incendios, por interés, imprudencias y negligencias o por las conductas sin sentido de los denominados por la sociedad «pirómanos».
Cuando el fuego arrasa, todo es desolador y de poco sirve el esfuerzo de los muchos profesionales que se juegan a diario su vida por salvar nuestros bosques y por defender nuestras vidas. A todos ellos, nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su entregada labor.
Juan Antonio Díaz Cruz, Director General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.