La verdadera 'cultura de la violación' que nadie denuncia

Hace unos días, Carla Toscano, diputada de Vox, se dirigía a Irene Montero en sede parlamentaria con las siguientes palabras: "Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Una expresión machista que debe ser contundentemente condenada. Quien defienda la existencia de nepotismo y pretenda denunciarlo no puede servirse de palabras tan sexistas e irresponsables que consideran que la valía y los méritos de las mujeres dependen del servicio sexual dado a los varones.

Unidas Podemos y Vox son anverso y reverso de similar populismo y discurso encendido. Unos chillan "fascistas" y "machistas", los otros "feminazis" y "comunistas". Ni todo lo que no le gusta a la izquierda institucional es machismo ni mucho menos fascismo, ni la denuncia de violencia sexual que desagrada a parte de la derecha es "feminazismo" o "hembrismo". Y, en todo caso, hay que recordar que en España ni hay una opción política comunista ni se la espera.

Sus recíprocas descalificaciones son graves, pero no tanto por el epíteto de turno arrojado al oponente político, sino por cómo la trifulca parlamentaria es instrumentalizada, especialmente por Unidas Podemos, para victimizarse y apartar del debate social las cuestiones que deben ser tratadas.

¿Que las palabras de Toscano son execrables? Sí. ¿Que Irene Montero las ha utilizado para hablar de violencia política contra ella y desviar la atención mediática del nefasto error cometido con la ley 'sí es sí'? También.

Si se han atrevido a pedir a los medios de comunicación que no informen de las excarcelaciones y rebajas de penas a violadores (excarcelaciones y rebajas provocadas, única y exclusivamente, por su ley y no, como aducen, por la interpretación machista de los jueces), por supuesto que harán uso de los ataques de Vox para acallar las críticas.

Críticas de la mayoría de partidos políticos, críticas del CGPJ, críticas de juristas de todo signo político y, sobre todo, críticas del movimiento feminista. El 25-N, en una manifestación alternativa a la promovida por el Ministerio de Igualdad, 20.000 mujeres feministas recorrimos las calles de Madrid como símbolo de respeto por las víctimas de violencia machista y exigiendo la dimisión de Irene Montero.

Exigimos la dimisión de Irene Montero porque advertimos sobre lo que iba a pasar. Se han rebajado límites mínimos y máximos en las franjas penológicas de alguno de los tipos de agresión sexual. Los jueces, atendiendo al artículo 9.3 de la Constitución y 2.2 del Código penal (la ley penal se aplicará retroactivamente si beneficia al reo), no han podido hacer otra cosa que rebajar penas cuando era de aplicación la nueva ley al caso concreto. Y así lo ha ratificado el propio Tribunal Supremo.

Lo dijimos desde Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y a nuestra crítica jurídica la llamaron "bulo machista". Sucede lo advertido y la culpa "es de los jueces". Años llevamos explicando la vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia que comporta la Ley Trans que actualmente se está tramitando en el Congreso. A nuestra crítica jurídica, el Ministerio de Igualdad la llama "bulos tránsfobos". Misma pueril estrategia que la utilizada con la ley del 'sí es sí'.

Pues bien, ¿a quién le echarán la culpa cuando suceda lo que llevamos años diciendo sobre la Ley Trans? ¿Tampoco habrá responsabilidades políticas para quienes están aprobando leyes nefastas que comprometen la seguridad de las mujeres y de la infancia? ¿Tampoco habrá responsabilidades políticas para quien está participando de la censura y linchamiento público de quienes somos críticas con su Ministerio?

Porque eso, señora Montero, como usted misma ha llamado a lo que sufre por su adversario político, es violencia política. Aplíquese el cuento y deje de practicar lo que usted misma critica.

¿No es acaso violencia política que la práctica habitual de un Ministerio que se dice feminista sea ignorar las críticas y advertencias de las organizaciones feministas? ¿No es acaso violencia política e institucional que la ministra de Igualdad acuda a una "entrega de premios" donde se le da el Premio Ladrillo a la más Tránsfoba del Año a Lucia Etxebarria, escritora feminista crítica con las políticas de Montero?

¿No es acaso violencia política que a mi compañera de Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Tasia Aránguez, jurista y doctora en Filosofía del Derecho, le haya costado el puesto de profesora en la Universidad pública de Granada su crítica jurídica a la Ley Trans de Irene Montero? ¿No es acaso violencia política la constante cancelación de jornadas y eventos que sufrimos cuando vamos a instituciones a explicar las implicaciones de sus políticas?

Pero la ministra de Igualdad no sólo habla de violencia política sin reparar en la que misma ella ejerce. También habla de cultura de la violación sin atender a las consecuencias de sus políticas. Porque acusa a la bancada del PP de promoverla (por la desafortunada campaña para evitar agresiones sexuales en la que se ponía el foco en la conducta de las víctimas), mientras ha sido su ley del 'sí es sí' la que ha amparado y beneficiado a violadores.

¿Sabe qué es cultura de la violación, ministra? Trece excarcelaciones a violadores, 44 rebajas de penas y cientos de revisiones de condenas a la baja desde la aprobación de una de sus leyes estrella. ¿Acaso no es cultura de la violación la revictimización de las mujeres violadas que ven a sus agresores sexuales en la calle o con sus condenas rebajadas?

¿No es acaso dañar a las mujeres que una superviviente como Anna Currilla me escriba rota de dolor porque se tiene que enfrentar a nuevos recursos judiciales porque su padre pederasta que abusó de ella durante años puede pedir, por su ley, rebaja de condena? ¿No es cultura que legitima la violación y la pederastia afirmar como ha hecho la ministra, ya en dos ocasiones, que "los niños tienen derecho a tener sexo"?

Alguien debería revisar las consecuencias de sus palabras y políticas antes de argüir determinadas acusaciones contra el adversario político. Ensuciar un par de lemas feministas y arrojarlos al contrario cuando es su acción en el Ministerio la que vulnera los derechos y la seguridad de las mujeres es todo lo que tiene para ofrecernos Irene Montero.

Paula Fraga es abogada especializada en Derecho penal y de familia.

1 comentario


  1. Este es el razonamiento: Si las penas mínimas son altas, se quedan por el camino. Nadie impone penas altas, en referencia a situaciones como "tocamientos" de carácter sexual.

    A razón de menor carga de prueba, menor condena.

    Antes estas denuncias nunca cuajaban, porque las penas eran demasiado altas y exigían una carga de prueba muy refinada que era imposible proveer por parte de la víctima.

    Por eso, según se ha indicado, en la Ley 'solo sí es sí' se incluyó un delito menor, con penas a partir de un año o multa, para estos comportamientos que "no eran condenados". Una pena mayor no protege más, no repara más. Las penas que funcionan son las que se imponen.

    Esta es la razón por la que hasta ahora era casi imposible condenar a alguien por tocarte. Ahora es posible.

    Responde a una pregunta: si preferimos más condenas efectivas con menos pruebas por parte de la víctima o menos condenas efectivas con más prueba (y por tanto más largas, pero menos probables).

    Recomiendo encarecidamente el artículo » La trampa del punitivismo« de ElDiario.es (https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/trampa-punitivismo_129_9781865.html).

    "El modelo de “hacer justicia” vinculado al derecho penal y al punitivismo encaja a la perfección en un marco ideológico conservador (en el plano moral) y reaccionario (respecto a los avances en derechos). Un modelo que asocia el grado de justicia a la dureza del castigo y cree que aislando a los sujetos entre rejas durante años (e incluso condenándolos a muerte) es suficiente, negando de esta forma la evidencia de que para acabar con las violencias que tienen raíces en realidades mucho más complejas como la desigualdad, la cultura del odio y las políticas neoliberales no hacen falta más cárceles sino invertir en igualdad y prevención. Endurecer las penas, lejos de garantizar la seguridad a las mujeres, refuerza el modelo de justicia patriarcal (algo de lo que el franquismo fue buen ejemplo) de sociedades cada vez más desiguales, insensibles y polarizadas."

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