La verdadera discusión detrás de las cifras de COVID-19 en México

Una parte de la discusión pública en México sobre el tratamiento sanitario oficial ante el COVID-19 se ha entrampado en el punto de los datos, las estadísticas de contagios y muertes, y los métodos de vigilancia y estimaciones. Polémicas y apasionamientos parecidos suceden en otras partes del mundo, pues no existen metodología ni criterios aceptados de manera general —aunque la Organización Mundial de Salud es lo más parecido a un faro entre la neblina—, así que los gobiernos van diseñando sus políticas emergentes de salud de formas distintas y con resultados disímbolos.

En México se ha producido una suerte de choque declarativo y político entre las posturas gubernamentales y una parte de quienes han sido secretarios de Salud en administraciones federales anteriores (José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivski). Algunos medios de comunicación también han acentuado el tema de las presuntas divergencias entre el número de fallecimientos y contagios oficiales, y los reales. Según esas posturas, la realidad estaría siendo disimulada para acomodarla a las necesidades aritméticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El blanco directo de esos señalamientos descalificatorios ha sido el personaje central en materia de estrategias públicas ante el COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien mediante conferencias nocturnas diarias ha ganado una extraordinaria popularidad. Es un médico epidemiólogo de 51 años, hijo de un médico catalán que llegó a México como exiliado republicano y de una enfermera mexicana. Tuvo activismo universitario en la izquierda y lo respalda abiertamente el presidente López Obrador.

En el fondo, más allá de las divergencias técnicas y científicas, lo que está en el centro de la discusión no es solo lo epidemiológico. Es el choque entre esta administración y los personajes, intereses y visiones que durante décadas controlaron la cúpula de la estructura de salud en México, el manejo de los recursos en ese rubro y, por consiguiente, la asignación de contratos, concesiones y privilegios.

Solo un exsecretario de Salud está alineado con López Obrador: Juan Ramón de la Fuente, quien es representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Otros son abiertos opositores, especialmente José Narro, quien fue secretario de Salud durante la muy impugnada administración del expresidente Enrique Peña Nieto. También fue aspirante en 2018 a ser candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, el cual terminó en tercer lugar de la elección y fue derrotado por el partido de López Obrador.

Además de la estructura de la secretaría de Salud, el sistema sanitario mexicano tiene dos organismos que, durante décadas, han sido virtuales botines políticos: el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, que se financia con cuotas de obreros y patrones), y el de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (para empleados del gobierno federal). Fue una tendencia en el pasado político que personajes allegados a los presidentes de la República en turno, o empujados por grupos o políticos fuertes, fueran designados como directores de ambas dependencias, y que sus presupuestos se convirtieran en banquetes para una corrupción casi institucionalizada.

Esa estructura sanitaria largamente deteriorada fue enfrentada por el gobierno actual con el plausible objetivo de corregir estos errores. Sin embargo, la revisión de contratos y las nuevas asignaciones “depuradas” generaron desabasto, problemas y enojo en ciertos segmentos necesitados de atención médica adecuada, aparatos funcionales y medicinas suficientes. Entre lo que se heredó de los gobiernos anteriores, y la gestión tardía o equivocada de la administración entrante, se agravaron las condiciones de operación de un sistema de salud que hace muchos años dejó de funcionar de manera más o menos aceptable. A ese escenario crítico llegó la crisis del COVID-19.

Hasta ahora, los números y las evidencias no muestran un desastre nacional sanitario en México, a pesar del disparejo cumplimiento de las medidas de distanciamiento social recomendadas. En medio de los enredos y polémica en cuanto a la narrativa del subsecretario López-Gatell y de las cifras reportadas oficialmente día a día, no se ha producido en el país el colapso de un sistema de salud que ya estaba previamente dañado.

Viene ahora la etapa más crítica en términos estrictos de salud pública, pero también de la confirmación o rechazo de las buenas políticas que ha tomado el gobierno y los datos que se han esgrimido desde las conferencias nocturnas de López-Gatell.

Lo técnico, los datos, las estadísticas son solamente un instrumento de la discusión en un México polarizado en términos políticos e ideológicos, una fase de un proceso encarnizado de debate y reposicionamientos que tendrá como punto intermedio de desenlace las elecciones federales legislativas —y de 15 gubernaturas estatales—, que se realizarán en 2021 y, como punto crítico, la auténtica madre de todas las batallas: los comicios presidenciales de 2024. El choque entre estas dos visiones sobre el uso de los recursos y las políticas de privilegios, es lo que está en el centro de la disputa por las cifras.

Julio Astillero es periodista. Es columnista del diario ‘La Jornada’ y conduce en redes sociales los programas ‘Videocharlas Astilladas’ y ‘Astillero Informa’.

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