Por Joan Ridao, portavoz de ERC en el Parlament y miembro de la ponencia del Estatut (EL PERIODICO, 08/01/05):
Las posiciones de las fuerzas políticas catalanas son claras desde hace tiempo respecto del plan Ibarretxe, y se expresarán en el Congreso cuando el texto llegue a esta Cámara. Algunas han tomado posición en contra. Otras, como ERC, ya han explicitado su apoyo y reclamado respeto y diálogo en torno a una iniciativa del Gobierno vasco que no es más que una propuesta de pacto político con el Estado, para la convivencia en Euskadi, basado en la libre asociación y en un marco de soberanía compartida sobre la base del derecho del pueblo vasco a decidir libremente su propio futuro. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque, a pesar del clima de vasquización y de histeria política que no ha hecho más que empezar en la política española, esto no tiene por qué interferir en lo que el conseller Joan Saura ha denominado la vía catalana.
Eso es, el Estatut tiene otro camino trazado y un ambicioso común denominador delimitado por todos los partidos catalanes: mejora de la financiación, blindaje y actualización de competencias, institucionalización de la presencia en la Unión Europea, regulación de derechos y deberes y mejora del funcionamiento de nuestras instituciones, sin renunciar a aspectos de definición comunitaria o a la regulación del catalán como lengua propia y de acogida de los nuevos catalanes. Y en esto es preciso que todo el mundo actúe con prudencia para evitar que el tren descarrile antes de tiempo. Ahora no valen excesos de aceleración ni de frenazo bajo ningún pretexto, y menos a cuenta de una iniciativa respetable, pero ajena a nuestros intereses, como el plan Ibarretxe. De ahí que la cuestión no pueda plantearse en términos de si pedimos la Luna o si tiene que ser aceptable para España y suficiente para Catalunya, como ha dicho Pasqual Maragall. La cuestión es que hay que hacer el Estatut que Catalunya quiere y necesita y Madrid no puede desatenderlo. EN ESTE sentido, esperemos que una absurda negociación de un pacto entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sobre la tramitación del plan del lendakari, o como quiere Rajoy para preservar la unidad de España, no sea la antesala de ningún acuerdo sobre nuestro Estatut. De momento, Zapatero, para gobernar, ha escogido una alianza más o menos estable con la izquierda democrática y periférica del Estado y se ha comprometido a dar luz verde al Estatut que se apruebe en Catalunya. Pero no olvidemos que Zapatero fue responsable de que el PP recuperara la iniciativa política en muchos momentos de la pasada legislatura, gracias a sus vacilaciones pactistas, con la excusa de un tema siempre incómodo electoralmente como la lucha antiterrorista. Y el plan Ibarretxe se podría inscribir en esta perversa dinámica. Zapatero tendrá que elegir entre hacer seguidismo canino del PP o cumplir con sus compromisos, y en especial con aquellos que desde Catalunya contribuyen a la estabilidad política del Estado a cambio de un nuevo marco político y de una mejor financiación.
Por ello, a pesar de la voluntad de diálogo expresada ante el conseller Saura, las insistentes declaraciones del ministro Jordi Sevilla anticipando una dura negociación en las Cortes Generales del proyecto de Estatut no dejan de ser preocupantes. Nada tiene que echar para atrás a Zapatero respecto de su compromiso de apoyar el Estatut que apruebe el Parlament. Esto, al mismo tiempo, evitaría abrir brechas entre PSOE y PSC, especialmente si se tiene en cuenta que el Pacte del Tinell contempla un compromiso de lealtad institucional que obliga a defender en Madrid sin fisuras las posiciones del Govern y, con todo, el tripartito, hoy por hoy, es el más leal aliado que tiene Zapatero. Ahora es interesante comprobar el talante de Zapatero y la evolución de un PSOE que se debate a diario entre el eje del Ebro (Maragall) y el eje del Tajo (José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, insignes representantes de la tradición jacobina secular de una parte del socialismo ibérico).
LAS esperanzas de mucha gente están centradas en la actitud del PSOE cara a afrontar las reformas que tienen que permitir, en una segunda transición, enderezar la situación generada por el PP en materia autonómica, de libertades y de bienestar. Y si hasta ahora Zapatero ha iniciado un periodo auténticamente constituyente, además de exhibir una predisposición inédita al diálogo como instrumento de resolución de conflictos, también es verdad que, en correspondencia, muchos otros hemos apostado instrumentalmente por un modelo de democracia federal avanzada y pluralista, incluso siendo solidarios votando los presupuestos del Estado y ofreciendo un pacto de estabilidad a cambio de que se cumpla la palabra dada. Ahora a quien corresponde estar a la altura es a Zapatero si quiere pasar con buena nota la prueba del algodón federal.