La vía liberal para las reducciones fiscales

A diferencia de otras cuestiones económicas, el debate fiscal permite clarificar posturas. Por ejemplo, ninguna fuerza política está contra la investigación y el desarrollo, o contra la inversión en educación. Otra cuestión es que cuando no llega el presupuesto, tanto el PP como el PSOE recortan en investigación y desarrollo y no en subvenciones o en diputaciones. Sin embargo, en el ámbito de los impuestos, la izquierda, es decir el PSOE y Podemos, es partidaria de subirlos, y la derecha, el PP, de bajarlos.

De nuevo, ya sé que escuchar a Rajoy o a Montoro, responsables de las mayores subidas de impuestos de la democracia, eso de “en el PP llevamos en el ADN la bajada de impuestos” induce a un cierto escepticismo, pero por lo menos en el discurso hay una diferencia con el PSOE o Podemos.

Por eso, cuando desde Ciudadanos condicionamos nuestro voto favorable en el acuerdo de techo de gasto y objetivos de déficit a una reducción de impuestos sabíamos que nos encontraríamos con dificultades. De hecho, en un primer momento tanto Montoro como Rajoy se negaron a asumir el compromiso político de reducir los impuestos, aduciendo que no había margen. En esta cuestión hay que diferenciar, lo que podríamos denominar margen político del margen presupuestario. El político se corresponde con la famosa teoría de las zanahorias de Montoro, o si lo prefieren la teoría del ciclo político-electoral. En esencia, esta teoría prescribe que sólo se deben reducir los impuestos justo antes de las elecciones para conseguir votos.

Otra cuestión es que haya o no margen para reducir impuestos, cumpliendo los objetivos de déficit. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que los gobiernos del PSOE y el PP no han cumplido el objetivo de déficit desde 2008. O si lo prefieren, sí que se cumplieron en 2016, porque se reformularon desde el 2,8% hasta el 4,7%, una reformulación que a punto estuvo de costarnos una multa de 6.000 millones de euros a todos los españoles. Sin embargo, en 2017 parece que vamos a cumplir, aunque no sea de forma muy holgada. Esto no sólo es una afirmación del equipo económico de Ciudadanos, sino que es lo que señala el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef). Esto tiene un particular valor, porque precisamente en 2017 era el año en el que teníamos que realizar un mayor ajuste, de más de 16.000 millones de euros.

Una de las razones por las que desde Ciudadanos apoyamos los presupuestos de 2017, lo que viene a ser lo mismo, dada la aritmética parlamentaria, de por qué tenemos cuentas este año, es porque consideramos que las proyecciones de ingresos estaban correctamente realizadas. De hecho, nosotros fuimos los primeros que vimos que la recaudación del impuesto de sociedades en 2016 se estaba derrumbando y los que pronosticamos que los presupuestos de 2016 tenían un déficit en la previsión de ingresos de 25.000 millones de euros. En ambas cuestiones, desgraciadamente acertamos.

Sin embargo, mientras otros economistas o fuerzas políticas no advirtieron estos problemas, sí que veían problemas de ingresos en los presupuestos de 2017. Lo que estamos viendo según los últimos datos, contradice claramente estas opiniones sesgadas: la recaudación está creciendo, según los últimos datos, por encima del 8%, a un ritmo incluso superior al previsto en los Presupuestos, aunque en nuestra opinión, este ritmo se irá moderando en el segundo semestre.

Además, las previsiones de crecimiento para 2017 y 2018 de todas las instituciones, públicas y privadas, se están incrementando. Por esa razón, nadie duda de que en 2018 saldremos del procedimiento de déficit excesivo, es decir reduciremos nuestro déficit por debajo del 3%. Este mayor crecimiento económico permitirá una reducción del déficit público por dos vías fundamentales: reducción del pago por prestaciones por desempleo, y mayor recaudación de los principales impuestos.

Este segundo factor es particularmente relevante. Según nuestros cálculos, cada punto adicional de PIB aporta una recaudación adicional a las Administraciones Públicas de unos 4.000 millones de euros. Por esa razón, si partimos del cumplimiento del déficit público en 2017, un incremento del crecimiento económico superior en más 0,5% del PIB nos proporcionaría algo más de 2.000 millones de euros adicionales.

En esta situación, por supuesto, caben tres posibilidades. La primera es no hacer nada porque si tenemos una décima menos de déficit en 2018 estaremos cumpliendo mejor los objetivos. Este planteamiento conservador es respetable. Otra alternativa es afrontar políticas de gasto adicional. Sin embargo, España lleva soportando continuas subidas de impuestos desde 2008. Por esa razón, cuando por fin hay algo de margen, en Ciudadanos creemos que los españoles que los que peor lo están pasando para llegar a fin de mes deben ver un alivio fiscal: no puede ser que nunca, salvo quizás en elecciones, sea un buen momento para bajar impuestos, y siempre sea el momento de subirlos.

Al Gobierno del PP le costó dar su brazo a torcer. Incluso Montoro intentó negociar con el PSOE su apoyo al techo de gasto para evitar aceptar la rebaja de impuestos que proponía Ciudadanos, admitiendo incluso que el PSOE le vetase personalmente. Sin embargo, las críticas más duras a la rebaja fiscal han venido desde las filas socialistas, aunque Podemos e Izquierda Unida también criticaron la rebaja fiscal.

A estos partidos les parecía un ataque intolerable a la sostenibilidad fiscal. También a los economistas que habían defendido, por ejemplo, la proposición de ley de renta mínima, que tendría un coste no inferior a 12.000 millones de euros, la rebaja fiscal de Ciudadanos que no disminuirá la recaudación en 2.000 millones, les parecía un ataque intolerable a la sostenibilidad fiscal.

Por otra parte, la rebaja fiscal de Ciudadanos en 2018 sólo beneficiará a los contribuyentes con ingresos inferiores a 17.500 euros, y a las familias con necesidades especiales: mayores a cargo, algunas familias numerosas y contribuyentes con cónyuge a cargo discapacitados. En fin, cualquier cosa menos rebajar impuestos a los “ricos”.

En este sentido, la última medida fiscal aprobada por el gobierno socialista de Zapatero en 2010 fue la libertad de amortización para grandes empresas sin mantenimiento del empleo. Esta medida supuso despidos y EREs en las grandes empresas, que acabaron 2011 pagando el tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades más reducido de la historia. Todo esto se hizo coincidiendo con recortes en los salarios de los funcionarios públicos y congelando las pensiones, para terminar 2011 con un déficit superior al 9,6%.

En fin, las cuentas de 2018 no permiten un margen infinito, y en consecuencia no es posible una rebaja de impuestos generalizada. Sin embargo, una rebaja que permita disminuir la brecha fiscal, la diferencia entre lo que paga un empresario y lo que percibe un trabajador, es una medida que va en la buena dirección porque incentiva el trabajo.

Que este incentivo se haga en los sectores donde hay menor productividad sin incrementar los costes de las empresas es una buena idea, porque los principales problemas fiscales en España no son los bajos impuestos sino el desempleo, la precariedad en el trabajo y el fraude fiscal. Con unos niveles de desempleo, temporalidad y fraude fiscal similares a los de los países de nuestro entorno, España no tendría déficit, sino superávit.

Por eso, en el debate fiscal existe una tercera vía entre los conservadores y la izquierda, con un PSOE cada vez más podemizado: el centro liberal. Están por una parte los que presumen de llevar en el ADN bajar impuestos, como el PP, y luego sólo se los reducen a los defraudadores de la amnistía fiscal, mientras los aumentan indiscriminadamente a todos los demás.

Por otra parte, están aquellos que todo lo resuelven subiendo indiscriminadamente impuestos a los “ricos”, pero que luego son incapaces de cuadrar las cuentas. Queda una política responsable con rebajas selectivas de impuestos y un control más efectivo de los gastos. Con aumento de los medios de control en los ingresos y en los gastos y medidas como la auditoría sistemática del gasto público de todas las Administraciones: las propuestas naranja ya empiezan a ser realidad derivadas de los acuerdos de investidura y presupuestos, con los que hemos condicionado la política del Gobierno.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Fiscalidad de Ciudadanos.

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