La naturaleza aborrece el vacío. De acuerdo con este principio aristotélico, y en contra de algunos presagios apocalípticos, es altamente probable que la vida no se acabe en Catalunya el 9-N. Se acabará probablemente, al menos sería deseable, una etapa de dos años en la que la política catalana ha estado experimentando con los límites del Estado de derecho y de la Unión Europea.
Cada cual sacará sus propias conclusiones. Pero hay algunas lecciones que pueden ser compartidas. Me han venido a la cabeza después de asistir a un debate ejemplar que ha tenido lugar en el Círculo de Economía hace una semana. El motivo fue la discusión de las tesis que sostiene el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado en su libro Cataluña y las demás Españas.
En el debate participaron, además del autor, tres conocidos catedráticos catalanes de Derecho Constitucional que a su condición académica añaden importantes responsabilidades en órganos de consulta e instituciones catalanas relevantes. Se trataba de Eliseo Aja, anterior presidente del Consell de Garanties Estatutàries; Francesc de Carreras, anterior miembro del Consell Consultiu, y Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del Institut d’Estudis Autonòmics y del Consell per a la Transició Nacional.
El debate se polarizó en las posiciones de Muñoz Machado y Viver. El primero planteó que la independencia es imposible, pero que hay solución constitucional para las aspiraciones de mayor soberanía política de Catalunya. El segundo sostuvo que la opción de la independencia es viable. Al margen de algunos reproches recíprocos, el debate fue modélico por su rigor y forma civilizada de sostener las posiciones respectivas.
Como he dicho, este debate me ha ayudado a identificar cinco condiciones para orientar la vida política después del 9 de noviembre que creo que pueden ser compartidas por otras personas.
La primera es que el respeto al Estado de Derecho es esencial para organizar la convivencia. De acuerdo con este principio, las reglas no pueden romperse según convenga, pero sí pueden cambiarse. A quien más interesa respetarlas es a quien quiere cambiarlas. De lo contrario, por una ley del mundo físico que también opera en el mundo social, a toda acción rupturista se opondrá otra igual y de sentido contrario llamada reacción.
La segunda es que nuestra Constitución también consagra el principio democrático. Este principio impone a los gobiernos el deber de hacer todo lo posible para dar cabida legal a las aspiraciones de cambio de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, dictada por unanimidad, señaló que no hay restricciones constitucionales a la opción independentista. La condición es cambiar las reglas constitucionales que hoy no hacen legal esta consulta.
La tercera es que la independencia es posible, pero se han de respetar algunos requisitos. El principal es que exista una mayoría ciudadana clara y persistente. Las elecciones nos irán dando pistas sobre la profundidad y persistencia de este deseo.
La cuarta es que, en su caso, la votación sobre la opción independentista debe ser la última etapa del proceso, nunca la primera como se ha pretendido estos dos años. Es importante no volver a cometer el error del Estatut del 2008 en el que primero votaron los ciudadanos y después su soberanía se vio rectificada por el Tribunal Constitucional. La negociación previa de un texto y su votación en referéndum es lo que evitará este conflicto constitucional.
La quinta es que una buena negociación requiere ponerse en el lugar del otro para comprender sus motivaciones y argumentos. Hasta ahora no ha sido así. Esta negociación exige diálogo, tiempo y paciencia, como muestran los ejemplos de Canadá y Escocia. Pero lo fundamental es que se ponga en marcha.
Después del 9-N debe abrirse una nueva etapa presidida por la negociación sin trágalas ni inmovilismos. Pero me temo que no será así. En seco, ninguna de las partes dará el primer paso. Habrá que esperar a las elecciones, autonómicas y generales. Actuarán como catalizador que hará poner encima de la mesa las diferentes opciones.
Pero mientras tanto hay que recordar que la gente no se alimenta de política. Obsesionados con el “proceso”, la crisis económica, las políticas y el mal funcionamiento de los servicios públicos están provocando que las condiciones de vida de muchas personas, especialmente niños, se estén deteriorando hasta extremos irreversibles.
Hay un desacople creciente entre las prioridades de la política catalana y las condiciones de vida de la gente. Esto es presagio de fuerte crisis social. Después del 9-N la política catalana debería ser capaz de conciliar mejor las aspiraciones políticas soberanistas con la atención a los problemas acuciantes de la gente. En caso contrario, veremos sorpresas.
Antón Costas, catedrático de Política Económica UB.