La vida privada del candidato

Por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado excedente (EL MUNDO, 23/05/07):

Cada día que pasa abunda más la confusión de la linde que separa lo válido de lo que no vale; lo lícito, de lo ílicito; la buena intención, del perverso designio. Digo esto a propósito del follón montado por la pregunta que Miguel Sebastián -aspirante a la Alcaldía de Madrid- hizo la semana pasada al otro candidato y actual regidor, Alberto Ruiz-Gallardón, acerca de las relaciones mantenidas con una señora que no es la legítima. En cualquier caso, no descarto que al final todo se reduzca a una tempestad en un vaso de agua en el que, eso sí, muchos han soplado con todas las fuerzas de su fuelle: políticos, periodistas y aficionados en general, al margen de que conociesen o ignorasen los entresijos del asunto.

Supongo que para el político será muy doloroso el que su vida privada se haga pública, sobre todo cuando no se amolda a los usos aparentemente tenidos por ortodoxos entre quienes, a puerta cerrada, pueden hacer lo que quieran sin temor al escándalo porque sus devaneos no interesan a nadie. Una de las mayores ventajas de ser un ciudadano del montón es el poder hacer lo que te apetezca sin que nadie vuelva la cabeza, ni siquiera por curiosidad. Decía Cela que cada cual goza como puede y para mí un síntoma evidente de impotencia es meterse en la cama de los demás. No cabe duda de que a la gente le encanta saber con quién se aparea el prójimo. Basta con observar a la multitud en uno de esos programas del corazón, sea el que fuere. Pero nunca fue excitante oler braguetas ajenas, aunque la realidad es que aquí se airean intimidades, se allanan vidas y destrozan honores, con la complicidad de medios de comunicación de excepcional eficacia.

Ahora bien, más interesante que el caso en particular es discutir si los personajes públicos -léase políticos y funcionarios- tienen o no una vida privada que deba ser o no ventilada de manera pública. Unos piensan que si las cuestiones personales de esas figuras no tienen consecuencias directas y evidentes sobre sus responsabilidades públicas, entonces deben ser mantenidas en el ámbito privado. Otros, sin embargo, entienden que, mientras se ocupa un cargo público, todo asunto es relevante para la ciudadanía y, por tanto, su divulgación es saludable. Ser una persona pública también tiene su coste, afirman.

Los romanos conocieron ya la máxima publice tractanda sunt; privata private, que significa que únicamente lo que concierne al ámbito público, o si siendo privado tiene conexión con aquél, puede ser tratado públicamente. Mas quede claro que no siempre la vida privada es coincidente con la íntima. La vida privada comprende, obviamente, lo que es íntimo, pero no todo lo que es íntimo puede extenderse a la vida privada. ¿Que qué es la intimidad? Las posibles definiciones o son muy amplias, tanto que el derecho a la intimidad se equipara con el derecho a que a uno le dejen en paz -al modo que lo hizo el juez Cooley en 1888-, o se reducen a una lista de diversos valores a los que se puede aplicar el adjetivo íntimo o personal de un modo razonable pero no exclusivo.

A mí se me ocurre si acaso lo que uno es no lo es a todas horas y mientras lo está siendo. El ser humano es un todo y en un político muy poco es privado, pues la mayoría de sus actitudes son mensajes y gestos de poder. Así, cuando el político asiste a un acto público agarrado del brazo de su mujer o le planta un beso, lo que hace es enviar la señal de que su matrimonio es de los bien avenidos. Admito, por tanto, e incluso defiendo como derecho, que se dé publicidad a la vida entera de los hombres públicos. Ahora bien, a cambio, exijo que ese público aireamiento jamás se ponga al servicio de curiosidades malsanas, intereses bastardos o intenciones abyectas y torcidas.

Hace ahora 17 años, el Gobierno británico presentó al Parlamento un informe elaborado por una comisión de notables -presidida por David Calcutt- sobre el derecho a la información y la intimidad. En una de sus conclusiones, la comisión consideró que la publicación de material sobre la vida privada de una figura pública sólo se justifica: a) si contribuye a prevenir, descubrir o revelar la perpetración de un delito u otra conducta gravemente antisocial; b) si es necesaria para la protección de la salud o la seguridad públicas; c) si esa conducta privada tiene un efecto negativo en sus tareas públicas; y d) si el comportamiento del interesado es tan hipócrita que existe el riesgo de que la gente, en general, sea materialmente engañada. Los cuatro supuestos parecen bastantes razonables.

La observación crítica es parte del precio del poder. Nuestro Tribunal Constitucional lo tiene dicho no pocas veces: «Los denominados personajes públicos, y en esta categoría deben incluirse, desde luego, las autoridades y funcionarios públicos, deben soportar, en su condición de tales, el que sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidas al escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no sólo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de las mismas, siempre que se tenga una directa y evidente relación con el desempeño de sus cargos» (S.S.TC 192/1999, de 25 de octubre y 148/2001 de 27 de junio).

Dicho lo cual, ¿el hecho de que el candidato Gallardón pudiera haber tenido encuentros de alcoba con la imputada Corulla cae bajo alguno de los supuestos mencionados en el informe Calcutt o en la doctrina constitucional española? Evidentemente, no. Por tanto, la pregunta que Sebastián le hizo en tal sentido, buscando esa notoriedad tan propia del estilo pseudoprogresista de hacer política, fue una intromisión en la vida privada de su rival. No son los detalles de la vida privada de un político lo que los ciudadanos tienen derecho a conocer antes de votar, sino la información sobre su comportamiento profesional. Si el candidato se ducha a diario, es vegetariano, melómano, monta en moto o duerme sin pijama, son cosas que pertenecen a su ámbito privado y a nadie le importan o deberían importar. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le venga en gana mientras no viole una ley, afecte a terceros, o no tenga una consecuencia directa sobre su desempeño público. Sólo a él, a su cónyuge, a su amante y a su familia incumben las historias de sexo del candidato, sin que, por tanto, nadie tenga derecho a entrometerse. Como dicen Caroline Kennedy y Ellen Alderman -The right to privacy, 1995- «el derecho a la privacidad es lo que nos hace civilizados».

El sereno ejercicio de la libertad recomienda no mirar por debajo de la cintura al adversario político. Debemos mostrarnos respetuosos con la intimidad de los demás e imbuirnos hasta la saciedad de la idea de que ser del PSOE o del PP o de IU no es razón suficiente para que te descalcen. Cualquier centímetro de la anatomía del vecino debe ser respetado rigurosamente y el no hacerlo puede abocarnos a la anarquía moral. Toda persona en posesión de sus derechos civiles y al corriente en el pago de sus impuestos puede ser candidato a la Alcaldía de su pueblo o pertenecer al partido que mejor le cuadre y en que le admitan, sin que nadie pueda interferir ni en su vida ni en su voluntad.

Alguien dijo que los hombres se parecían más a su tiempo que a su padre, y nosotros, que tenemos padre conocido, debemos procurar desterrar aquellos tiempos en el que te podían machacar por un escorzo sexual de más. Otra cosa es meter la mano en las arcas ajenas o utilizar el cargo para favorecer al amante, como, según todos los indicios, Paul Wolfowitz, el ya ex presidente del Banco Mundial, hizo al servirse del puesto para promocionar a su amante. Cuando un político se sale de madre hay que mandarlo para casa. Llamo salirse de madre a bien poco: usar el coche oficial en domingo, girar como gasto de representación o como dieta una comida familiar el día del cumpleaños del niño, utilizar un avión militar para evitar una caravana y poder llegar al primer toro de la corrida o tener amores con una señorita a cambio de favores burocráticos. Esto es distinto. Si las canas al aire aparecen entreveradas con otorgamiento de licencias, declaraciones de obras como de especial utilidad municipal o con bonificaciones de impuestos, entonces la cosa cambia. A esto, como decía mi padre, se llama cohecho vaginal, y para pedir cuentas por ello está el dedo acusador del Ministerio Fiscal.

Es evidente que la campaña de cara a los comicios del próximo domingo no está siguiendo el derrotero del juego limpio. Pero, ¿por qué los políticos, en periodo electoral, se trasforman? Tal vez uno de los graves fallos sea obligar a los actores del espectáculo a dar una determinada imagen que no es la suya. La democracia bien merece el esfuerzo de todos para mejorarla y los políticos han de mantener la compostura, tener buenos modales y no faltar el respeto a nadie. Ni al rival, ni, por supuesto, al elector o votante. La verdad sea dicha, yo creía que a la gente de la progresía le preocupaba poco la castidad y que le alarmaba más la golfemia y su secuela de trampas.

Creo que la primera virtud que ha de mostrar un político es la sensatez y pienso que cualquier progresista que se precie de tal -no confundir con los meapilas de izquierdas- debe recordar lo que Pericles supuso y escribió tiempo atrás: mientras son muy pocos quienes pueden concebir un sistema político, muchos son los que se sienten capaces de ser protagonistas a sabiendas de que no pasan de ser unos mediocres. Para mí sería muy útil que en las sedes de los partidos estuviese expuesto para consulta el Oráculo manual y arte de la prudencia, ese vivero de buenos consejos. En él, Baltasar Gracián recomienda siempre a quien, como los políticos, tiene que esforzarse por distinguir lo válido de lo cierto y lo justo de lo eficaz, huir de los empeños cuando lo que pinta es el color de la derrota.

El pez muere por la boca, sí. Lo mismo que el político aventurero si es un indigno. En política, la indignidad no se perdona. A veces tarda en descubrirse, es cierto, pero jamás prescribe. El chisgarabís metido a política o aupado por la tómbola de la casualidad -o por las deserciones de otros- y arropado por los mandarines del partido, tarde o temprano termina arrinconado y, a lo sumo, alimentándose de la ubre de las subvenciones. La noble función de la política tendría que espantar con cencerros a estos personajes.