La vigencia de la monarquía

La Monarquía Constitucional es útil, y goza de plena vigencia en la España de la segunda década del siglo XXI. No es una realidad anacrónica o caduca; muy al contrario, constituye una herramienta válida y necesaria —hoy como ayer— para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Como instrumento teórico, la Monarquía, como tantas veces se ha insistido, proporciona una Jefatura de Estado que se sitúa más allá de la política partidista, y otorga a la Nación un elemento tangible que representa tanto su continuidad en el tiempo como su proyección al futuro. Al mismo tiempo, ofrece una plataforma relevante sobre la que sustentar la representación de los intereses internacionales y si — como es nuestro caso— viene avalada por el prestigio de quien la representa, puede ser un sólido punto de referencia en momentos de crisis. Durante el reinado de Juan Carlos I, la Monarquía ha representado, en efecto, fiel y canónicamente, esos principios, erigiéndose en un elemento central del éxito español desde 1978.

Hoy en día, sin embargo, la gravísima alteración de los elementos sustantivos que constituyen la base de la convivencia de los españoles en las últimas décadas —no debemos olvidarlo—, en gran parte propiciados por la esencial labor del Rey durante la Transición, dificulta y erosiona la labor de la Corona como agente moderador de las instituciones, e integrador del conjunto de la sociedad española. La Monarquía Constitucional solo puede operar adecuadamente en unas condiciones en las que la mínima voluntad de responsabilidad del resto de los poderes del Estado se dé por garantizada, o ante una crisis exógena, en la que pueda hacer valer su prestigio acumulado, sin con ello coartar el papel central de los ciudadanos en el proceso político. Cuando la temperatura de la convivencia se eleva hasta niveles insoportables, y eso sucede, además, como fruto de la vacuidad de la clase política, o de actitudes irresponsables del propio gobierno democráticamente elegido, la Corona pasa a encontrarse en una situación extremamente delicada. Por un lado, se convierte en el argumento de prestigio que todos esgrimen interesada y egoístamente; por otro, cada una de sus intervenciones es interpretada en términos del más puro oportunismo político partisano, sin atender al necesario sentido de Estado que informa la acción de la Institución. Y cualquier análisis desapasionado y centrado de las palabras y actitudes del Rey en los últimos meses, sobre el complicado momento que atraviesa España, no puede sino incidir en la hondura constitucional de la labor de la Corona ante los gravísimos problemas del presente. Lo triste es que Don Juan Carlos predica en el desierto. De hecho, en lo que parece un proceso de irresponsabilidad que quizá no debería sorprender en nuestro país, tan dado a los maximalismos como refractario a posturas constructivas, tanto la Corona como sus representantes están siendo víctimas de un ataque sin precedentes, beligerante e indiscriminado. Un ataque que pretende

convertir al Rey nada menos que en uno de los responsables principales del proceso de innegable degradación política que ha experimentado nuestro país en los últimos años.

Pero no nos engañemos, en 1978 los españoles nos dotamos de un régimen democrático con el que los ciudadanos pasábamos a ser los responsables de la vida política nacional, los protagonistas de nuestra propia historia. Poco más de treinta años después de aquel momento decisivo, España vive —es dolorosamente cierto— una profundísima crisis, política, social, económica y de valores, cuyo origen no es el objetivo de estas líneas, pero que tiene mucho que ver tanto con la frivolidad de gran parte de la clase política española como —en concreto— con la insoportable levedad del actual gobierno, y con su dramática evanescencia doctrinal. Ambas realidades íntimamente vinculadas con las propias decisiones colectivas del conjunto de los españoles. La crisis a la que nos enfrentamos supera los escenarios imaginables más tenebrosos que hace cinco o seis años hubiésemos podido imaginar, y requiere reformas estructurales profundas. De eso no hay duda. Pero, aunque su gravedad en todos los órdenes no se pueda exagerar, el ataque a la Corona no solo es terriblemente injusto, sino que encierra en su seno algunas de las gangrenas que se sitúan en la génesis de la endémica inestabilidad política de nuestro país desde la Guerra de la Independencia.

Los españoles no podemos conformarnos con enmendar nuestro sistema político cada veinte o treinta años. Como dijo Don Juan Carlos en su discurso de la pasada Nochebuena, España es una gran Nación. Comportémonos como tal. Ante cada dificultad, por muy significativa y atemorizante que sea, no podemos arrumbar los logros y éxitos del pasado y lanzarnos por el camino fácil de ver en cambios de régimen soluciones fáciles que no supondrían sino recaer en nuestros peores vicios del pasado. Las grandes naciones no son solo aquellas con un pasado glorioso, son aquellas que saben actuar con responsabilidad, serenidad y determinación ante las adversidades. Aquellas que son capaces de darse una organización política lo suficientemente firme como para resistir los envites de los tiempos difíciles, sin el doctrinarismo que impide reformar, modular y adaptar las instituciones ante al auge de nuevos desafíos. Ese es el secreto del éxito de las grandes democracias de nuestro mundo. En ese sentido, la Monarquía no puede ni debe ser entendida como una solución transitoria para un momento concreto. Es una institución con sobrada capacidad y vigencia para seguir sirviendo a nuestro país, hoy y en el futuro. Ese es un bagaje que no podemos arriesgarnos a desperdiciar.

Y en 1978 los españoles nos dimos, en efecto, una organización política con voluntad de perdurar en el tiempo y conjurar definitivamente el fantasma de la perpetua interinidad de nuestras constituciones en el pasado. Un sistema que asumía en su seno la realidad de que los tiempos cambian, y que las instituciones deben adaptarse a su compás. Nuestro problema real es que, en los últimos años, esa realidad, que hasta entonces había sido una plataforma operativa sobre la que se habían construido la prosperidad y estabilidad ganada por los españoles desde la Transición, ha sido tornada interesadamente en la excusa para desvirtuar, pervertir y hacer inservible el propio concepto perdurable de la Nación Española. Nuevos estatutos de autonomía amenazan, aupados por la perenne cesión de los partidos políticos nacionales, la propia integración y continuidad del Estado como un agente viable para articular la vida en común de los ciudadanos de este país, así como la igualdad de los españoles, y el mismo imperio de la Ley. Nos hemos lanzado a una arriesgada carrera en la que se quiere convertir a los jueces en historiadores, y a estos en comparsas serviles de una puesta del pasado al servicio de un programa político destructivo. Mientras tanto, el esfuerzo de tantos años por construir una base económica sólida para el conjunto de la sociedad, y hacer a España competitiva internacionalmente, se ha desmoronado. Es un hecho; en todos los órdenes se ha iniciado un proceso de alteración silenciosa del orden constitucional, sin precedentes en su corta historia. Se ha puesto en cuestión a la postre nuestra capacidad para continuar siendo en el futuro un país digno de ser vivido; ese proyecto sugestivo de vida en comúndel que hablaba Ortega.

Los discursos adormecedores que sitúan al Rey como parte del problema no solo yerran en el diagnóstico, sino que pretenden anestesiar nuestra propia e insoslayable responsabilidad. Yo soy de los que creen firmemente que la Monarquía ha jugado un papel central en configurar el éxito de nuestra historia reciente, y que debe contar con el apoyo de todos en los momentos tan difíciles que atravesamos. El día de su proclamación como Rey, Don Juan Carlos afirmó que la mejor forma de que los españoles ganásemos nuestro futuro era mantenernos todos unidos. Esa fórmula es tan válida hoy como ayer, como lo es la propia Monarquía. O como diría Margaret Thatcher, el que crea que un político puede hacer las funciones de Jefe del Estado mejor que el Rey debería conocer a más políticos.

Emilio Sáenz-Francés, profesor de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos.

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