Desde el convencimiento de que el día 8 de marzo es un día para la reflexión y para la reivindicación y en atención a mi actual responsabilidad, no quiero desaprovechar esta oportunidad para hablar de la más grave de las manifestaciones de discriminación por razón de género, la violencia sobre la mujer, y alertar de los riesgos de retroceso a que nos enfrentamos si no plantamos cara a aquellos que banalizan y niegan, no solo la desigualdad a que estamos sometidas las mujeres en todos los ámbitos, sino también esa violencia que arranca vidas y destruye otras muchas.
La violencia sobre la mujer es una realidad innegable y es injustificable.
En 2004, según el Parlamento Europeo, el 45% de las mujeres de la Unión Europea (UE) han sufrido algún acto de violencia física, sexual o psicológica, y según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, 13 millones de mujeres habían sufrido violencia física y 3,7 millones, violencia sexual. El 22 % de las mujeres habían experimentado violencia física y/o sexual por parte de la pareja. Según la ONU, el 96% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Según UNICEF, hay en el mundo 200 millones de mujeres y niñas mutiladas genitalmente y cada año tres millones de niñas están en riesgo de ser mutiladas.
En España, desde el año 2003, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 1.132 mujeres; desde 2013, 340 menores han quedado huérfanos a consecuencia de esa violencia y 48 han sido asesinados junto a sus madres o para hacerles a estas el máximo daño posible. Del total de las víctimas de violencia sexual, el 85% son mujeres y niñas, mientras que el 97% de los investigados son hombres. Del total de los delitos relativos a la prostitución, el 92% de las víctimas son mujeres.
Además, no solo son víctimas de esta violencia las mujeres; también lo son los niños y niñas que con ellas conviven. Según la macroencuesta de 2019 publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 1.678.959 menores viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia por su pareja. Un 69% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja cuando tenían hijos reconoce que estos presenciaron o escucharon la violencia contra la madre, y el 51,7% reconoce que estos también fueron maltratados.
Tenemos que proteger a los niños de la violencia de género que sufren sus madres porque ellos también son víctimas. Para ello, el legislador ha llevado a cabo en el año 2021 dos reformas importantísimas: ha modificado el precepto que regula la orden de protección en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el que regula el régimen de visitas en el Código Civil. La finalidad de la primera es impedir que, acordada la orden de protección, se establezca un régimen de visitas con el agresor y si, en el momento de adoptarla, existe un régimen de visitas previamente acordado y los niños han presenciado, sufrido o convivido con esa violencia, el legislador dispone como regla general su suspensión y solo excepcionalmente su mantenimiento si así lo exige el superior interés de los menores afectados. En la misma línea modifica el Código Civil.
La Fiscalía está manteniendo una interpretación que, partiendo de la letra de la ley y de la voluntad legislativa, atienda a la realidad social a que ha de aplicarse la norma; esa realidad que, reflejada en datos, nos muestra la imagen del sufrimiento a que están sometidos estos niños, que son también víctimas y, entendiendo además, que si no los protegemos no protegemos a sus madres pues, aparte de los riesgos de maltrato y de sufrir daños indescriptibles por la exposición a esa violencia, los menores a menudo son instrumentalizados por el agresor para seguir ejerciendo poder, control y hasta violencia sobre aquellas.
Ya no se puede sostener que “el maltratador puede ser un buen padre”. Todo lo contrario, el principio del que se ha de partir debe ser que “el maltratador no es un buen padre”. Debemos proteger a las madres y a sus hijos frente al agresor, y en esa línea está trabajando la Fiscalía.
Con lo expuesto, nadie puede poner en duda que existe una violencia que afecta mayoritariamente a mujeres y en ocasiones solo a ellas (como la mutilación genital femenina), y la razón de su existencia tampoco puede negarse. Las mujeres y niñas son asesinadas, maltratadas, violadas, mutiladas… por el solo hecho de ser mujeres, porque son consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Porque a lo largo de la historia se nos ha relegado a un segundo plano en el que el hombre ha tenido una capacidad de decisión sobre nuestras vidas y nuestro cuerpo con base en un pensamiento que pervive como ideología medular en nuestra sociedad. Esa ideología patriarcal contraria a la igualdad frente a la que debemos seguir luchando, pese a las enormes resistencias a las que nos enfrentamos.
Hemos avanzado muchísimo, pero el riesgo de retroceso es grande. El Parlamento Europeo, ya en 2019, manifestó su preocupación ante las distintas formas de violencia que se han intensificado, mencionando expresamente la incitación al odio sexista y contra las personas LGBTI, la misoginia y la violencia online, incluido el acoso y el acecho, pero también la violencia hacia las mujeres en el entorno laboral, o la derivada de la trata y la prostitución. Expresó su preocupación ante el rechazo hacia ese principio que tanto invocamos, el de tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Se mostró especialmente preocupado por la involución de los derechos de la mujer y de la igualdad de género y alertó de que la resistencia “puede ejercerse con independencia del contexto social o la edad, puede ser formal e informal, y puede implicar estrategias activas o pasivas para oponerse a los nuevos avances intentando modificar leyes o políticas que en último término limiten los derechos adquiridos de los ciudadanos y, que ello ha ido acompañado de la difusión de noticias falsas y de creencias en estereotipos perjudiciales”.
Los mensajes negando la violencia de género a través de las redes sociales y otros medios no solo llegan a usuarios con capacidad para evaluar las fuentes y la veracidad de la información, para discernir la realidad de lo que nos dicen; también llegan a otras personas, especialmente jóvenes y adolescentes, que no cuestionan dicha información, que no la contrastan y la asumen como cierta aun cuando carezca de toda fundamentación.
Se hace imprescindible reforzar el pensamiento crítico de los adolescentes desde las primeras etapas de su educación y hacer un mayor esfuerzo en una mejor difusión, y en un lenguaje asequible para toda la sociedad, de las diferentes formas de discriminación y de violencia sobre la mujer.
No permitamos que nos pongan vendas en los ojos y tapones en los oídos. La violencia de género existe. Ahí están los hijos e hijas de las supervivientes y los de las mujeres asesinadas, sus familiares y amigos. Las mujeres violadas; las maltratadas y esclavizadas sexualmente; las mutiladas y aquellas que han sido dadas en un matrimonio, cual mercancía sin derechos. Pregúntenles a todas esas personas si existe esta violencia… si tienen valor para hacerlo.
Teresa Peramato Martín es fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer