La violencia sexual en los conflictos armados sigue provocando cicatrices profundas en los cuerpos de las mujeres y en las sociedades. Aunque este tipo de violencia no es nueva, es ahora cuando se está luchando para sacar a este crimen del olvido histórico. La Corte Penal Internacional ha dictado este año su primera condena por violación, en el caso Bemba. Con esta Sentencia, la Corte ha acabado con la carrera política de un líder congoleño que aspiraba a la Presidencia de su país y ha abierto una nueva línea de acción contra la impunidad, aplicando el principio de la responsabilidad del superior y condenando al acusado como jefe militar de los perpetradores.
La comunidad internacional parece estar concienciada de la necesidad de erradicar el recurso a la violencia sexual como táctica de guerra. En el Derecho Internacional Penal se ha tipificado este tipo de violencia como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. El estatuto de la Corte Penal Internacional recoge una definición muy amplia que abarca desde la violación, hasta la esterilización o el embarazo forzados pasando por la esclavitud sexual o la prostitución forzada. Incluso el matrimonio forzado es considerado como una forma de violencia sexual. El Tribunal Penal para Ruanda estableció que la violación podía llegar a constituir un acto de genocidio y un delito de torturas. Aunque la teoría está clara, lo cierto es que este tipo de violencia sigue prevaleciendo en decenas de escenarios bélicos, tal y como denuncia el Secretario General de Naciones Unidas en su último informe sobre violencia sexual relacionada con los conflictos armados.
En este momento, mujeres de República Democrática del Congo, Myanmar, Yemen, Siria, Iraq, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia, Mali y otros 10 países son víctimas directas de estos crímenes, que destrozan literalmente sus cuerpos y sus vidas y que destruyen familias y comunidades. El grado de crueldad aplicado contra las víctimas provoca estupor. Además, este año se ha denunciado la inacción de Naciones Unidas en Sudán del Sur frente a las violaciones de civiles, lo que demuestra la inadecuación de los mandatos para hacer frente a este tipo de violencia y proteger a las personas. Y lo que es peor, se ha constatado la comisión de crímenes sexuales por parte de cascos azules de Francia, Burundi y Gabón en República Centroafricana. La violencia sexual sigue siendo, en el siglo XXI, un arma silenciada de destrucción masiva.
A pesar que los Tribunales Penales Internacionales, con una jurisprudencia creativa y activista impulsada en gran medida por juezas, han contribuido a dar visibilidad a estos crímenes, la impunidad sigue siendo la tónica general. El estigma que acompaña a la violencia sexual frena las denuncias y dificulta su investigación y documentación. Aunque la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales puede tener importantes efectos disuasorios y ha contribuido, sin duda, a poner esta lacra en la primera línea de la agenda internacional, no ha sido, ni será suficiente para erradicarla. En el ámbito de la justicia, la responsabilidad de investigar y castigar estos crímenes corresponde a las instituciones nacionales, porque la impunidad no es una buena base sobre la que construir la paz.
En la última Resolución del Consejo de Seguridad dentro del Programa de Mujer, Paz y Seguridad, impulsada por el Gobierno español -Resolución 2242(2015) - se destaca que la violencia sexual no es sólo un método de guerra, sino que también es una táctica utilizada por los grupos terroristas extremistas. Aunque este fenómeno es relevante, deberíamos evitar asociar de manera preponderante la lucha contra la violencia sexual con la guerra contra el terrorismo.
Lo que hay que hacer es perseverar en el esfuerzo por la promoción de la igualdad. Y destinar a este fin recursos suficientes. Porque la violencia sexual bélica hunde sus raíces en la discriminación contra las mujeres, que en muchos casos se manifiesta en prácticas pseudoculturales y pseudoreligiosas que constituyen graves vulneraciones de sus derechos humanos.
Las mujeres llevan mucho tiempo organizándose para oponerse y erradicar estas prácticas. Incluso en sociedades profundamente patriarcales en las que encuentran pocos espacios donde poder hacer oir su voz, han conseguido hacerse un hueco y agruparse para reivindicar sus derechos y asistir a aquellas que han sido víctimas de la violencia. Porque las mujeres no son sólo víctimas, sino también protagonistas de la lucha contra la impunidad y para la erradicación de estos crímenes. Por ello resulta esencial trabajar con organizaciones de mujeres sobre el terreno que realizan una labor crucial en favor de la igualdad y de la transformación de sus sociedades. El liderazgo que muchas organizaciones encabezadas por mujeres están desarrollando merece ser fortalecido y visibilizado.
Porque la clave para conseguir el desarme sexual es el empoderamiento de las mujeres.
Alicia Cebada es profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora de proyectos en la Fundación Mujeres por África.