La marcha atrás ante la celebración de la cumbre europea sobre políticas de vivienda, en contra de la opinión de las instituciones catalanas, ha sido solo el último de una serie de desencuentros de considerable calado con los poderes del Estado. Recurso del Defensor del Pueblo contra el Estatut (por excesivo), recurso del Gobierno del PSOE contra la ley audiovisual catalana, diferencias profundas en el cálculo de las inversiones del Estado en Catalunya en aplicación de las previsiones estatutarias. Ahora nos encontramos con el aplazamiento de una cumbre europea importante y sobre un tema decisivo, quizá el de mayor repercusión para la mayoría: las políticas de vivienda.
El argumento esgrimido desde el Gobierno español ha sido la seguridad. ¿Temor a las movilizaciones de colectivos con dificultades para hacer efectivo su derecho a una vivienda digna? La solución de izquierdas no es aplazar reuniones, sino hacerlas pronto y formular propuestas que permitan empezar a cambiar la situación.
El balance de una década de crecimiento económico por encima de la media europea tiene varias partes oscuras. Algunas son de naturaleza macroeconómica. No haber aprovechado el ciclo para actualizar suficientemente las infraestructuras, para mejorar la estructura de la cualificación de la población trabajadora, para acelerar la transición hacia las industrias del conocimiento, para buscar el reequilibrio entre sectores y evitar la creciente dependencia del turismo o la construcción. Otras partes oscuras tienen que ver con el ensanchamiento de bolsas de pobreza entre la población de reciente inmigración, los mayores y los jóvenes. En cada caso, las causas pueden ser específicas. Pero el problema de fondo consiste en no ser suficientemente decididos a la hora de combatir estos déficits crónicos y flagrantes, inaceptables en una sociedad que llamamos y queremos del bienestar.
La cuestión del acceso a una vivienda digna, en condiciones razonables, afecta a todos, pero muy principalmente a los más jóvenes y a los recién llegados. Es decir, a todos los que comienzan. Los que tienen que espabilarse para poner en marcha su proyecto personal o familiar de vida. Y no puede ser que cueste tanto contar con algo tan elemental como un lugar para vivir. Para poder emanciparse, para montar una familia, para reagruparla. Una sociedad de oportunidades no puede fracasar en lo más elemental.
No es una cuestión de seguridad. De temor a los disturbios. Es cuestión de políticas claras. De medidas a corto, medio y largo plazo. De revisar las políticas de suelo, de evitar el estímulo constructor especulativo asociado al mal sistema de financiación de muchos ayuntamientos, de negociar con el sistema financiero un giro en el modelo hipotecario de interés variable y duraciones matusalénicas, de incentivar y promover el mercado de alquiler.
Durante el 2004, últimos datos anuales completos al alcance, en Catalunya se contrataron 280.455 hipotecas por un valor de 37.375 millones de euros. Esto supone más del 19% de la carga hipotecaria de todo el Estado (1.608.497 hipotecas suscritas por un valor de 194.675 millones). Podemos hablar, pues, de una Catalunya seriamente hipotecada. De estas hipotecas, el 98% son a interés variable. Mientras, el promedio europeo de hipotecas contratadas a interés variable es solo de un 33%. Gran Bretaña, que en el 2002 formaba parte de los países con un porcentaje más alto de créditos a tipo variable, tras unas medidas correctoras lo ha reducido hasta al 54%.
Las últimas subidas del euribor, que en el pasado junio ya se situó por encima del 3,4%, encarecen y encarecerán considerablemente las cuotas hipotecarias mensuales familiares (se estima que cerca de unos 100-120 euros). Y aun habrá que considerar la previsión de nuevos aumentos, así como los nuevos incrementos del tipo de interés por parte de Banco Central Europeo. De este modo no debe extrañarnos que suene la alarma de mucha gente. El endeudamiento de las familias se ha incrementado un 188,8% desde 1998 (un 19,2% solo el pasado año). Ahora, este endeudamiento deberá pagarse más caro.
¿Qué debe hacerse, pues? ¿Suspender cumbres y posponer los debates sobre las cuestiones perentorias que pueden movilizar a la gente? Todo lo contrario, lo que se necesita son políticas decididas y comprometidas como las apuntadas. Y procurar, en estos temas fundamentales, adoptar medidas consensuadas. Grandes pactos para resolver los problemas más graves planteados. Y el de la vivienda es uno de los principales. Para comenzar podría facilitarse la reorientación de las hipotecas ya contratadas hacia otras de tipo fijo, como en Gran Bretaña, sin tener que cancelar la antigua y contratar otra nueva, y evitando así gastos notariales y registrales.
El balance de un crecimiento económico debe medirse también por la capacidad de distribuir sus beneficios. Hay sectores sociales muy amplios afectados por la pobreza, por problemas que dificultan su bienestar. La economía de acumular capital en el ladrillo por parte de unos cuantos, mientras la gente más joven no puede emanciparse, no es sostenible y tiene unos costes sociales enormes. Hay que intervenir urgentemente en esta cuestión porque es un pilar fundamental de cualquier política social y de bienestar. Y no esperemos a que el malestar y el descontento termine generando conflicto. No es un tema de seguridad u orden público; es cuestión de mirar y escuchar. La realidad no puede dar miedo. No seamos estúpidos: es la gente, es la vivienda, es la precariedad, es la pobreza, son los problemas básicos. La razón de ser de la política.
Josep-Lluís Carod-Rovira, Presidente de ERC.