Es innegable que la vivienda es un bien de primera necesidad, pues sin un techo, los jóvenes no se emancipan, las familias no crecen y los ciudadanos viven en unas condiciones que hacen difícil el desarrollo personal con dignidad.
Lo que no es tan claro es que la casa la deba proveer el sector público a costa del ahorro de los ciudadanos, coartando el legítimo derecho a negociar el precio de la cesión del uso de las viviendas. Existen sobrados ejemplos –Alemania es uno de ellos– donde la injerencia en el mercado inmobiliario ha tenido consecuencias nefastas, pues la intervención pública en los precios es siempre un error, ya que provoca una contracción de la oferta, que lleva a una inevitable subida de precios. Baste el ejemplo de los nocivos efectos de la constante subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, bajo la falacia de pretender controlar la inflación, cuando la causa real es la necesidad de drenar la liquidez con la que hace años «regó» todas las economías europeas.
Aunque a veces no lo parezca, en España vivimos en una economía de mercado, por lo que la propiedad privada merece respeto, con independencia de la capacidad adquisitiva del tenedor. Por mucho que el ejecutivo siembre la duda sobre los propietarios de más de un inmueble, a estos también les ampara el derecho a la protección de su propiedad privada. El primer hachazo en contra de la propiedad de inmuebles se llevó a cabo con la modificación del régimen fiscal aplicable a SOCIMIS en el año 2021. Y ahora parece que el ser propietario de una vivienda es un riesgo, pues la nueva ley presiona para que se ponga en alquiler al precio que la comunidad autónoma o el ayuntamiento estimen oportuno, y si no, el recibo del IBI se disparará.
El obsesivo intervencionismo que se ha extendido en la sociedad española hizo que se eliminaran los beneficios fiscales aplicables a la adquisición de vivienda habitual, se limitaran las deducciones por alquiler a un reducido número insignificante de beneficiarios… eliminando la posibilidad de reducir la carga fiscal derivada del uso de la vivienda, en propiedad o en alquiler.
Existen multitud de medidas que podrían aplicarse para que los compradores de la primera vivienda se beneficiaran de un ahorro fiscal. A título de ejemplo, ¿por qué no se recupera la deducción del pago de intereses para adquisición de vivienda habitual?, ¿por qué no se establece una deducción por el pago de alquiler, teniendo en cuenta la renta per cápita familiar?, ¿por qué no se bonifican las rentas procedentes de alquileres a largo plazo de familias numerosas, monoparentales… o se establece una bonificación del 99 por ciento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de la vivienda habitual? O ¿por qué no se establece una modificación en la determinación de la base imponible de Transmisión Patrimonial Onerosa, de forma que se descuente el valor del préstamo hipotecario para la adquisición de la primera vivienda? pues la adquisición de viviendas de segunda mano, dedicadas en la mayoría de los casos a vivienda habitual, ven incrementado su precio en un seis o un siete por cierto a causa de este impuesto, cedido a las comunidades autónomas.
Si verdaderamente se quisiera dar una solución efectiva al problema de la vivienda se aplicaría una batería de soluciones que redujeran su precio sin injerencias públicas y, por supuesto, fomentando la libertad de propietarios y la responsabilidad de compradores y arrendatarios. Pues la aparente protección de los inquilinos que no pueden pagar un alquiler o la concesión de avales públicos a la compra de vivienda no es más que un ejercicio del lamentable «yo invito y tú pagas», al que estamos acostumbrados.
En el patológico empeño del Gobierno porque todos «vistamos de gris» se le está tratando de dar una solución al problema, en vísperas electorales, que no hará más que agravar la situación, al generar incertidumbre e inseguridad sobre los propietarios de inmuebles. Y una vez más enfrentamiento entre oferentes y demandantes.
La dación en pago se planteó como la solución a los problemas generados a raíz de la crisis del 2008 y no lo fue. El patrimonio inmobiliario que tienen las entidades financieras mermó sus balances y provocó la «socialización» de las pérdidas de las cajas de ahorros. Los inmuebles propiedad de la SAREB ya se ve que no darán solución al exceso de demanda de vivienda. Ni las «soluciones habitacionales» de la ministra Trujillo sirvieron para nada… ni tantos otros «parches» que se han pretendido poner al mercado inmobiliario han mejorado la situación. Sencillamente porque las medidas propuestas son electoralistas, vacías de contenido e ineficaces.
Si es necesario poner en circulación viviendas accesibles a personas de renta baja, será una responsabilidad del sector público y no de los propietarios de inmuebles. Y mientras la política de vivienda no sea una prioridad real y se utilice como bandera electoral, los españoles tendrán que seguir destinando, de media, el 30 por ciento de sus ingresos a una inversión que no necesariamente es un buen refugio a sus ahorros. Y si el estado sigue empeñado en tutelarnos como si fuéramos menores de edad, la responsabilidad por asumir decisiones será un sueño, pues el mensaje que lanza el gobierno una vez más, es que los actos no tienen consecuencias.
María Crespo Garrido es profesora titular de Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá.