Por Cristina Narbona Ruiz, secretaria federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE (EL PAIS, 12/11/03):
Durante el debate de los Presupuestos, el Gobierno ha vuelto a demostrar su absoluta irresponsabilidad frente a la evolución del sector inmobiliario y a la creciente dificultad -sobre todo por parte de los jóvenes- de acceder al disfrute de una vivienda (derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución). Comenzó con una lamentable prueba del "rigor" del ministro de Hacienda, quien afirmó que el gasto en política de vivienda crecería nada menos que un 88%..., cuando la partida del Plan de Vivienda apenas aumenta un 2,5% (es decir, nada, en términos reales); y siguió acusando al PSOE por su "irresponsabilidad" al hablar de burbuja inmobiliaria y de sobreendeudamiento de las familias. "El PSOE constituye una grave amenaza para los casi dos millones de empleos en la construcción", llegó a decir el ministro -confundiendo el sector inmobiliario con el conjunto del sector de la construcción-. ¿Se debe entender que, según el Gobierno del PP, son también irresponsables el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea? ¿Quizás estas instituciones, de notable solvencia y sin connotaciones partidistas, son "una amenaza" para el empleo?
Por supuesto, el Gobierno no anunció ninguna medida adicional en materia de suelo y de vivienda, tras manifestar su completa satisfacción con el actual modelo de crecimiento -basado, sobre todo, en el ladrillo-, así como con la "convergencia" de las familias españolas, tan endeudadas ya como la media europea -sin tener en cuenta que buena parte de las garantías hipotecarias asociadas al endeudamiento de las familias españolas están sobrevaloradas, como poco, en un 20%-. Desde luego, el Gobierno actúa con total coherencia: según su diagnóstico, "aquí no pasa nada grave", y, por tanto, no hay que cambiar el rumbo de sus políticas de vivienda y suelo.
Pero la burbuja inmobiliaria -o "sobrevaloración", en la terminología más moderada del Banco de España- no ha surgido de la nada. Hay serias responsabilidades políticas del Gobierno del PP, que, sin ninguna duda, ha creado las condiciones óptimas para que crezca la burbuja:
1. Desde 1996, el Gobierno del PP ha venido modificando la legislación estatal del suelo conforme a dos principios: hay que reducir la acción pública -para "facilitar" la iniciativa privada- y hay que fomentar al máximo la calificación de suelo como urbanizable, "ya que si hay mucha oferta de suelo, su precio bajará". Pero para liberalizar un mercado de forma eficiente es preciso tener en cuenta sus características específicas; y, desde luego, el mercado del suelo -como el de la vivienda- dista mucho de ser un mercado perfecto. Las pruebas del error del PP son evidentes: hoy existe suelo clasificado como urbanizable suficiente como para construir casi seis millones de viviendas, sin que esa abundante oferta haya frenado, en absoluto, la evolución alcista de los precios. Es más, en la Comunidad de Madrid -donde más se ha incrementado el suelo urbanizable- los precios del suelo han crecido más que en ningún otro territorio. Los socialistas advertimos hace siete años que la legislación impulsada por el PP contribuiría a generar expectativas generalizadas de aumento del valor de suelos clasificados como rústicos, así como a fortalecer posiciones oligopolísticas de los propietarios de suelo con mayor capacidad de "estimular" amplias operaciones de reclasificación de suelos.
El PSOE ha defendido, desde 1996, una auténtica liberalización del suelo -generando concurrencia en el desarrollo del mismo-, compatible con la función social del urbanismo, para hacer efectivo el derecho constitucional del acceso a la vivienda y la obligación, también constitucional, de luchar contra la especulación del suelo. Ése es el enfoque de la legislación valenciana de 1994 y de las más recientes legislaciones de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andalucía, donde se establecen las figuras del urbanizador, del rehabilitador y del edificador como beneficiarios de una concesión administrativa para el desarrollo de las correspondientes actuaciones, sin necesidad de que sean propietarios del suelo. Ello no comporta ningún perjuicio para el propietario, ya que el concesionario le retribuye conforme al valor de su suelo -o de su inmueble-. Así se impide la frecuente retención especulativa de suelos por parte de sus propietarios, y se genera competencia efectiva entre operadores privados (o públicos, aunque la legislación valenciana ha movilizado, sobre todo, actividad urbanizadora privada). Es evidente que no hay escasez de suelo urbanizable, sino escasez de suelo ya urbanizado, a un coste razonable. Por cierto, en el debate de Presupuestos, esta vez el Gobierno ni siquiera mencionó sus medidas de liberalización del suelo, cosa que en cambio hizo, manifestando su autocomplacencia, con el resto de sectores liberalizados: energía, telecomunicaciones...
2. En 1998, el Gobierno del PP aprobó una nueva legislación sobre valoración del suelo según la cual al propietario del mismo se le reconoce, legalmente, un valor que anticipa las potenciales plusvalías futuras que pudieran derivarse de su transformación urbanística; es decir, se consagra, por ley, un valor especulativo del suelo. Este modelo no existe en ningún país de nuestro entorno y encarece cualquier expropiación con fines sociales, convirtiéndola, de hecho, en imposible. El PSOE ha defendido, el pasado febrero, una iniciativa legislativa que introduce, entre otras cosas, un valor legal no especulativo del suelo. Por supuesto, el Gobierno del PP tampoco aludió a su modelo de valoración legal del suelo -ya que lo defiende- en el debate de Presupuestos, pero sí recordó el supuesto "pacto del suelo" establecido con las CC AA no socialistas, y que en realidad no comporta ninguna medida que no esté ya prevista en las legislaciones autonómicas (desde luego, está prevista en las CC AA gobernadas por el PSOE).
3. Durante los últimos años, el Gobierno del PP ha recurrido a la subasta del suelo con una frecuencia creciente, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre la oportunidad de que el resto de las administraciones venda sus respectivos suelos sólo vía concurso. En plena burbuja inmobiliaria, el Ministerio de Defensa sigue enajenando parcelas a los precios más altos del mercado, contribuyendo así a elevar ulteriormente dichos precios. El PSOE, además de denunciar los efectos de dicho comportamiento, ha planteado desde 1998 la urgencia de un acuerdo para que todas las administraciones destinen los suelos de su propiedad preferentemente a viviendas protegidas en alquiler -la gran carencia de España en relación con otros países de la UE-. Ese acuerdo sí que constituiría un auténtico pacto del suelo.
4. Desde 1996, el PP ha reducido el gasto estatal en ayudas directas a la vivienda -en 2004 apenas será un 0,06% del PIB-, alejándose cada vez más del gasto medio en otros países europeos. Los planes nacionales de vivienda no sólo han sido insuficientes en sus objetivos, sino que apenas se han cumplido, como acaba de denunciar el Tribunal de Cuentas. Por supuesto, se debe evitar que se especule con la vivienda protegida -desde el PSOE se está diseñando, en ese sentido, una profunda reforma de la vivienda protegida-, pero ello es compatible con la necesidad de generar más viviendas protegidas, y por ello el PSOE ha defendido, sin éxito, una enmienda incrementando en un 5,7% la partida presupuestaria para 2004 correspondiente al Plan de Vivienda. Además, es urgente ampliar el mercado de la vivienda en alquiler, favoreciendo en particular el alquiler a un precio asequible: de aquí la propuesta formulada por Rodríguez Zapatero, relativa a la creación de una agencia pública de vivienda en alquiler, para movilizar en lo posible el enorme parque de vivienda desocupada existente -casi tres millones, según el Censo del INE de 2001-. Dicha agencia establecería, entre otras cosas, un sistema de garantías que permitiría reducir la inseguridad jurídica de los propietarios. Sin medidas de este tipo, resultarán insuficientes todos los incentivos fiscales al alquiler aprobados este año y recordados por Montoro en el debate de Presupuestos del Estado.