El 18 de noviembre de 1976, dos días antes del primer aniversario de la muerte de Franco, su régimen conoció una voladura controlada, pues ese día las Cortes aprobaron la Ley para la Reforma Política. La había promovido Juan Carlos I y diseñado Torcuato Fernández-Miranda (presidente del Consejo del Reino y estrecho colaborador del Rey), mientras el presidente Adolfo Suárez se encargó de que llegara a puerto. Un mes después de esta votación, el 15 de diciembre, un referéndum aprobó la ley con una participación del 77,7% y un sí abrumador (94,4%). Quedó libre así el camino para transitar hacia la democracia y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones del posfranquismo. ¿Pero cómo fue posible este proceso tan rápido?
El cambio fue viable gracias a un artificio que Fernández-Miranda plasmó en la fórmula «de la ley a la ley». Indicó de este modo que no debía existir vacío legal en la evolución de la dictadura a la democracia. En este sentido, la Ley para la Reforma era esencial porque permitía modificar las leyes fundamentales del franquismo y acabar con sus instituciones. Pero antes de someter la ley a las Cortes, Suárez tuvo que lidiar con un Ejército reacio a la iniciativa. Se reunió con la cúpula castrense el 8 de septiembre y logró convencerla de la bondad de su proyecto. Pese a ello, el día 23 dimitió el vicepresidente, el general Fernando de Santiago, al oponerse a la legalización de los sindicatos. Suárez capeó el temporal sustituyéndole por el general Manuel Gutiérrez Mellado, que se convirtió en su brazo derecho. Sorteado este importante escollo, el Gobierno sometió la Ley para la Reforma a las Cortes.
El hemiciclo la aprobó por amplia mayoría (425 votos favorables, 59 contrarios y 13 abstenciones), lo que plantea una importante pregunta: ¿por qué los procuradores de las Cortes que Franco creó en 1942 votaron dócilmente su fin y el del régimen? Se ha señalado que en tal decisión confluyeron varios factores. Por una parte, entre 1967 y 1971 se incorporaron al hemiciclo jóvenes procuradores proclives a un cambio político. Por otra parte, el Gobierno maniobró hábilmente. Así, advirtió a los procuradores que los tiempos cambiaban y animó a algunos de ellos a presentarse a futuras elecciones y les hizo creer que el Gobierno les ayudaría: «Si yo no hubiera tenido a mano escaños de senador para ofrecer a los procuradores, ¿cómo habría sacado adelante la reforma política?», manifestó Suárez.
En realidad, en las Cortes elegidas en 1977 solo tuvieron un escaño 37 exprocuradores. El Ejecutivo recurrió también a ardides formales, de modo que la votación de la ley no fue secreta, sino nominal (para dejar en evidencia a quienes se opusieran). Igualmente, el Gobierno logró el voto crucial del grupo de 183 procuradores que formaban Alianza Popular (una federación de partidos liderada por Fraga que se había constituido en octubre) al pactar con ellos el sistema de elección de las futuras Cortes democráticas. Por último, se ha subrayado que Suárez triunfó al presentar la aprobación de la ley como una cuestión decisiva, lo que le aportó muchos votos favorables.
No obstante, existe un aspecto menos conocido que podría contribuir a explicar el suicidio de las Cortes. Nos referimos a que se tiene constancia de que procuradores reacios a aprobar la Ley fueron extorsionados con dosieres desde el servicio de inteligencia (el SECED). Uno de sus miembros en la época afirmó que «eso de que las Cortes de Franco se hicieron el harakiri…, no se lo hicieron, es que a muchos les chantajearon».
Esta presión invisible quizá hace más comprensible cierta confusión que rodeó el éxito de la Reforma en las Cortes. Lo ilustró la reflexión de su vicepresidente, el conde de Mayalde, cuando le dijo al procurador Baldomero Palomares: «Baldomero, yo con estos follones ya no sé si soy de los nuestros».
Sin embargo, cuando hoy se alude al fin de aquellas Cortes, se olvida que las bases del sistema electoral vigente fueron acordadas entonces. Como hemos visto, Suárez lo pactó con AP para aprobar la Ley para la Reforma y las primeras Cortes electas lo asumieron en buena medida. El constitucionalista Javier Pérez Royo ha descrito esta realidad en términos diáfanos: «Las Cortes Constituyentes se limitaron a hacer suyas las Cortes Generales definidas en su composición y sistema electoral por unas Cortes antidemocráticas y anticonstitucionales». En suma, este legado apenas conocido influye aún en las urnas.
Xavier Casals, historiador y profesor de Blanquerna.