El miedo al diferente (y al pobre) ha prendido desafortunadamente en muchos ciudadanos y ciudadanas europeos, alimentado por partidos directa y simultáneamente nacionalistas, xenófobos y antieuropeos. Los vemos a lo largo y a lo ancho de la Unión. En países tan relevantes como Italia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia o Austria. Precisamente cuando el aumento significativo de inmigración hacia Europa que se produjo en 2015 ha decrecido de modo ostensible. Pero únicamente puede resolverse esta crisis política si hay una solución europea. Es el desafío que tiene el Consejo del 28 y 29 de junio.
A nuestro juicio, no habrá solución si las decisiones no se apoyan en los valores que se proclaman en los Tratados: respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, derechos de las minorías, no discriminación y tolerancia. Valores y principios que los 28 Estados miembros se han comprometido a sostener y cumplir. El Consejo Europeo tiene que dejar claro que pondrá todos los medios personales y materiales para impedir que miles de seres humanos mueran en el Mare Nostrum (cerca de mil en lo que va de año).
Hay formas de proteger los derechos de quienes se encaminan a Europa desde África o desde Oriente Próximo, y evitar los riesgos de abusos, violaciones y vejaciones —sobre todo a niños y mujeres— a manos de las mafias dueñas de los itinerarios migratorios, particularmente en el Mediterráneo. Es lo que las ONG llaman vías legales y seguras, es decir, visados humanitarios, o visados que se puedan dar en los consulados en los países de origen o de tránsito, como así se prevé en nuestra Ley de Asilo.
Es un método mucho más adecuado que la última idea surgida del entorno del Consejo, que consiste en crear “plataformas regionales de desembarco” o campamentos de identificación a situar en países terceros —no se sabe cuáles— para conseguir que los inmigrantes no lleguen a tocar las fronteras europeas. Se emula así a EE UU. Es la externalización del asilo y el subarriendo de fronteras y de campos de refugiados; lo que se inició con Turquía, un país no seguro para estos. Lo han criticado las ONG que trabajan en este ámbito (CEAR en España). Es una fórmula que no soluciona nada y que daría más espacio a las mafias de la explotación.
Un valor nuclear de la Unión, sin el cual no se hubiera construido, es la solidaridad. Los inmigrantes no llegan solo a un país europeo; llegan a la frontera exterior de la Unión. La solidaridad es la base de la necesaria reubicación de inmigrantes y solicitantes de asilo, para aligerar la carga de países como España, Italia, Grecia o incluso Alemania. Y es también la base de las necesarias cuotas de reasentamiento de centenares de miles hacinados en campos de refugiados, que se parecen bastante a campos de concentración, en Jordania, Líbano, Túnez o Turquía. Es asimismo la solidaridad lo que debe llevar a aceptar una reasignación de la responsabilidad de examinar y tramitar las solicitudes de asilo que ahora recaen prioritariamente en los Estados del sur de Europa. Habría que acordar en el Consejo Europeo este principio cuando la carga de un Estado llegara a un cierto límite difícil de asumir.
Por último, los acuerdos del Consejo no serán creíbles sin fondos suficientes. La Comisión ha propuesto una subida importante hasta los 34.900 millones de euros. Pero está desequilibrada. Tres cuartas partes van dirigidas a políticas de seguridad y retornos, y solo una cuarta parte a acogida y protección. El Consejo Europeo debería equilibrarlo.
Desearíamos que estas propuestas fueran sustentadas por el Gobierno español en Bruselas. Es un momento adecuado, más que nunca, para que España —después de la justa y acertada decisión sobre el Aquarius— entre con fuerza en el liderazgo de la Unión. España debe aprovechar el Brexit y la euroescéptica política de Italia para volver a formar parte del grupo de grandes países dirigentes de la Unión. Qué mejor oportunidad que una coyuntura en la que la Unión se juega su propia supervivencia y su esencia de líder mundial de los derechos, del Estado de derecho y de la democracia, frente al venenoso virus de la xenofobia y del racismo que está contaminando a Europa y a su proyecto de convivencia.
Diego López Garrido es presidente del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas. Suscriben también este artículo Nicolás Sartorius, Vicente Palacio, Carlos Carnero, Francisco Aldecoa, Juan Moscoso del Prado, José Candela, José Luis Escario, Mercedes Guinea y Enrique Ayala.