Es imposible reformar o derogar la Constitución solo con el apoyo de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno si se cumple lo que exige su texto. Como sus redactores conocían bien nuestro pasado, incluyeron mayorías cualificadas para asegurar que su reforma o derogación tuvieran un respaldo superior a la mitad más uno de los votos en el Congreso de los Diputados. De ese esfuerzo surgió la única Constitución, de las ocho que hemos tenido desde 1812, aprobada con el consenso de todos los partidos y ratificada en referéndum por los españoles. Los constituyentes se propusieron evitar que la reforma o la derogación se hicieran solo en interés de una parte.
Nunca imaginaron que, 45 años después, un Gobierno lo intentaría por la puerta de atrás, valiéndose de un procedimiento encubierto y larvado que socava lentamente los cimientos del orden constitucional. Y menos aún sospecharon que esa operación estuviera liderada por un Gobierno del Partido Socialista Obrero Español que, junto con Unión de Centro Democrático, tuvo la mayor responsabilidad en la elaboración del texto constitucional.
La razón de este cambio radical está en la estrategia del «nuevo PSOE» de Pedro Sánchez. Cuando hay que formar un Gobierno de coalición en un país democrático, el líder del partido que aspira a presidirlo negocia un programa con sus socios. Si llegan a un acuerdo lo hacen público y los ciudadanos saben a qué atenerse. Pero el 12 de noviembre de 2019 el presidente anunció una coalición con Podemos menos de 48 horas después del cierre de los colegios electorales, sin tiempo para pactar un programa. Solo cerró un contrato de alquiler por el que el inquilino de la Moncloa paga la mensualidad con cesiones políticas a quienes le mantienen en el poder. Pedro Sánchez lo dejó claro ese día: «Negociar día a día, ley a ley con hechos concretos. Se hace camino al andar».
Como el apoyo parlamentario de Podemos era insuficiente tuvo que buscar el de los separatistas, aunque el 30 de octubre de 2019 había afirmado en Antena 3: «El independentismo más radical está replicando el mismo modelo de sociedad que la extrema derecha». También ha pactado con los herederos de ETA, a pesar de que el 18 de diciembre anunció que nunca pactaría con Bildu: «Si quieres te lo digo 20 veces».
Estos socios no ocultan su objetivo: acabar con «el régimen del 78» y con la unidad de la nación. Y para conseguirlo es indispensable desarbolar la Constitución; este es el precio que exigen al Gobierno y que el presidente está pagando a plazos.
El primero ha sido reducir el estudio de la Historia de España en los colegios y amputar su conocimiento hasta comienzos del siglo XIX, porque es más fácil manipular lo que se desconoce. Ponen la II República como modelo, aunque es un ejemplo de inestabilidad e inseguridad con 19 gobiernos y 62 suspensiones de las garantías constitucionales en 63 meses. Presentan la Transición como una cesión vergonzante de la izquierda de entonces, cuando ha sido el único acto de reconciliación y paz entre los españoles en más de siglo y medio. El objetivo es deslegitimar la Constitución y la Monarquía, y el instrumento es la Ley de Memoria Democrática.
El Gobierno ha reformado el Código Penal para asegurar la impunidad de los separatistas cuando intenten repetir lo que hicieron en octubre de 2017. Esa reforma a la carta es lo más opuesto a los principios del Derecho que obligan a legislar desde la igualdad para todos. Pero es parte del precio para seguir en la Moncloa.
El Gobierno está desmontando el normal funcionamiento del sistema parlamentario con el abuso de las proposiciones de ley y de los reales decreto-ley, en los que se resuelve en horas lo que requeriría meses de debate en un proyecto de ley. Lo hace para marginar a la oposición.
En esta labor de zapa es clave el control de los más altos organismos del Estado y de la Administración. El Gobierno ha colocado a afines en el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado o el Instituto Nacional de Estadística. Como no puede cambiar la Constitución por el procedimiento previsto en su articulado, trata de hacerlo por la puerta de atrás. Un TC afín está validando los cambios legales que la pueden vaciar, incluso a una velocidad sin precedentes.
En esta legislatura se ha cumplido el primer objetivo: eliminar obstáculos, allanar el camino para acabar con el «régimen del 78» y con la unidad de la nación; es el precio a pagar por la supervivencia del Gobierno. El embate definitivo lo lanzarían en una segunda legislatura en la que aspiran a desmontar el andamiaje constitucional para conseguir el cambio de régimen.
El PSOE actual no se opondría, porque no aspira a defender un programa socialdemócrata con el que gobernar España, sino a pagar el precio que le exigieran sus socios para seguir en el poder.
Está claro que si los partidos que apoyan al Gobierno ganaran las elecciones generales –de las que hoy se celebra la primera vuelta– existiría el riesgo de que desaparecieran el Estado y la nación española tal y como hoy los conocemos.
¿Qué les sustituiría? No lo sabemos. Depende del precio.
Emilio Contreras es periodista.