Las aberraciones de la ley trans

El 6 de octubre se aprobó la tramitación del «Proyecto de Ley para la igualdad real de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI». Llamada por la prensa «ley trans», la norma también dice traer «nuevos derechos» para los homosexuales, bisexuales, etc. Ha sido precedida por leyes autonómicas –también en regiones gobernadas por el PP– de inspiración similar.

La ley se basa en la mentira de que España sea un país «homófobo», cuando un informe de la OCDE de 2020 nos situaba como el quinto del mundo más seguro para las personas LGTB. También es mentira que el «colectivo» LGTB necesite unos derechos específicos, distintos de los de los demás ciudadanos. Los derechos de los homosexuales son los mismos que los de los hetero; los «derechos de grupo» son privilegios.

Sobre el pretexto de erradicar una «homofobia» imaginaria, la ley establece mecanismos para la imposición de una ideología sexual disparatada. El artículo 5 dice que «los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en orientación sexual, identidad sexual», etc.; el 13 ordena la inclusión de tales contenidos en los programas de formación permanente de la Administración pública; el 20, la inclusión «entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas» del «conocimiento y respeto de la diversidad sexual». El 22 impone las mismas directrices a la «formación inicial y continua del profesorado».

El adoctrinamiento progre viene siempre envuelto en el celofán de la «diversidad» y el «respeto». Es preciso saber lo que nos quieren imponer en su capa de «diversidad». Por ejemplo, lo que se esconde tras el concepto aparentemente inocuo de «identidad sexual». Vayamos a la propia ley (art. 3): se trata de «la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer».

O sea: a los niños, profesores, funcionarios… se les va a enseñar que la identidad sexual no tiene por qué corresponderse con la genital. Y esto es falso. La especie humana –como todos los animales superiores– se divide en machos y hembras, y ambos se diferencian por sus cromosomas, su papel en la reproducción y sus genitales. La existencia de una pequeñísima minoría de personas afectadas por trastornos genéticos (síndromes de Klinefelder o de Turner) que les hacen nacer con genitales ambiguos no es un argumento contra la binariedad sexual, de la misma forma que el hecho de que algunos niños nazcan sin piernas no invalida la definición del hombre como ser bípedo.

Y sí, existe la «disforia de género», o síndrome de Harry Benjamin. Es un trastorno extremadamente infrecuente que hace que la persona rechace su sexo y desee pertenecer al opuesto. Se da en uno de cada 10.000 individuos, casi siempre varones. En un 80 por ciento de los casos, la disforia se superaba en la pubertad, que inunda el organismo con las hormonas del sexo al que realmente se pertenece.

El movimiento queer utiliza ese trastorno absolutamente excepcional para argumentar que «el sexo genital no se corresponde necesariamente con la verdadera identidad sexual». El corolario es que no se debería asignar sexo a los niños al nacer, sino permitir que, con los años, ellos mismos manifiesten con cuál se identifican.

La parte más aberrante de la ley trans se hace eco de esa disparatada doctrina permitiendo el «cambio de sexo» a los menores. Art. 38.3: «Las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud [de cambio legal de sexo] por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras [antes llamadas 'los padres'], entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial». E incluso desde los 12 años el niño podrá pedir el cambio de sexo si el juez aprecia en él «madurez y estabilidad de su voluntad» (art. 38.4, Disp. Ad. 1ª).

Este cambio registral del sexo –o «transición jurídica»– suele ir acompañado de la «transición social» (el niño recibe un nuevo nombre de género opuesto en su entorno escolar y familiar, anuncia su condición «trans» en las redes sociales, etc.), la farmacológica (se le administran bloqueadores de la pubertad para impedir la solución natural de la disforia a la que aludimos antes, y más tarde hormonas del sexo opuesto) y finalmente la quirúrgica (mutilación genital).

El adoctrinamiento queer en escuelas e Internet, sumado a la posibilidad legal de «cambio de sexo» para menores, ha dado lugar a una explosión de transexualidad juvenil en EE. UU. y Reino Unido (se han multiplicado por 44 los casos en 10 años). En su mayoría no se trata de casos de auténtica disforia, sino de adolescentes inestables que sufren por otras razones (inadaptación familiar, autismo, etc.) y que, extraviados por la propaganda trans, dan en creer que encontrarán la paz en el cambio de sexo. Se ha comprobado en EE. UU. que la ROGD (Rapid Onset Gender Dysphoria) se da en «clusters»: una chica que hasta hace nada jugaba con muñecas empieza a decir a los 13 años que quiere ser chico; los padres no tienen derecho a oponerse, los psicólogos no se atreven (por miedo a parecer «tránsfobos»); al cabo de unos meses, le siguen en la «transición» sus compañeras de pandilla.

La ley trans, la «terapia afirmativa» y el adoctrinamiento LGTB van a abocar a muchos jóvenes a la hormonación vitalicia y a la mutilación de cuerpos sanos.

«La hierba es verde. Los niños tienen pene y las niñas vagina. El sexo es binario. La biología es real». Lo dijo el jueves la diputada de Vox Carla Toscano en el Congreso, y le valió una campaña de linchamiento en las redes. Seguiremos proclamando la verdad.

Francisco J. Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho y diputado de Vox por Sevilla.

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