Las acróteras del poder

El viernes 19 de abril de 1793 el diputado moderado Mazuyer pidió que la Convención Nacional Francesa interrumpiera el orden del día para tratar un asunto de la máxima urgencia.

-En este momento se prepara la ejecución de una mujer, de una desgraciada cocinera que ha proferido expresiones contrarias al civismo. Esa mujer no estaba en sus cabales cuando utilizaba ese lenguaje. Se dice que estaba bebida. Pido que se aplace la ejecución de la sentencia.

Se refería al caso Catherine Clère, una criada de 56 años que había sido juzgada la víspera por el Tribunal Revolucionario por unos hechos ocurridos, cinco semanas atrás, sobre la medianoche. Según diversos testimonios la señora Clère había sido detenida tras gritar varias veces «¡Viva el rey!», entonar canciones revolucionarias, alterando su letra para denostar a los jacobinos, y criticar el miserable sueldo de sus hijos reclutados para el Ejército.

El Tribunal le había aplicado el decreto que condenaba a muerte a cualquiera que hiciera exaltación de la Monarquía y la carreta que la conducía a la guillotina estaba a punto de salir de la cárcel del Palacio de Justicia.

Las acróteras del poderLos dos bandos de la Convención se enfrentaron entonces en un debate casuístico. Isnard, portavoz de los moderados, alegó que la ley estaba concebida para castigar a «quien mantenga opiniones contrarrevolucionarias exprofeso», pero no a «una mujer que no sabe nada de política».

Augustin Robespierre, hermano de «El Incorruptible», replicó que lo aprobado era «una ley contra la Monarquía» y que, por lo tanto, «todo el que habla contra la ley es un monárquico». Era el silogismo perfecto de la sofística revolucionaria.

El debate se extendió entonces a los límites de la libertad de expresión y el propio Maximilien Robespierre se empleó a fondo: «Es más preciso que nunca mantener en toda su severidad estas leyes revolucionarias que sofocan el germen del monarquismo y el federalismo, flagelos que perderían a toda la República».

El semanario Revolutions de Paris especularía en su número siguiente sobre si la larga intervención de algún «prolijo orador» no habría impedido llegar a tiempo de salvar la vida de la señora Clère. Pero lo cierto es que cuando su cabeza fue separada del cuerpo, en la que hoy se denomina Plaza de la Concordia, la Convención Nacional ya había votado rechazar la petición de clemencia.

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Reconozco que cuando, el martes pasado, pregunté a mis tres contertulios de Los desayunos de TVE si eran partidarios de convertir en delincuente a quien grite «¡Viva Franco! ¡Arriba España!» en un espacio público, tenía en la cabeza la historia de la señora Clère, incluida en mi libro El primer naufragio. No porque vea, por supuesto, el riesgo de que en España se vaya a guillotinar a nadie por sus ideas, salvo en sentido metafórico, sino porque los argumentos justificativos de la pretendida tipificación como delito de la apología del franquismo son los mismos que utilizaban entonces los diputados de la Montaña.

El principal de todos es el carácter intrínsecamente criminal del régimen anterior. De igual manera que, al decir de Saint-Just, «no se reina impunemente», la coalición sanchopablista que nos gobierna ha decidido aplicar la máxima de que «no se ejerce la dictadura impunemente… siempre que sea de derechas». Es decir que, más allá de sus actos concretos -que en cuarenta años de franquismo hubo, lógicamente, de todo- lo que merece una persecución retrospectiva es la propia naturaleza de aquel sistema de poder.

Con el agravante de que, así como Luis XVI fue juzgado apenas cinco meses después de su derrocamiento, el proceso a la sombra de Franco se desarrolla cuarenta y cinco años después de que el dictador muriera en la cama y casi ochenta después de que concluyera la fase más aguda de la represión vinculada a la postguerra.

Sin tener en cuenta tampoco que, al mismo tiempo que los españoles padecíamos esa dictadura que tan expeditivamente se tilda de «fascista», en Portugal, Grecia, la mayor parte de América Latina y muchos países de Asia y Africa había regímenes equivalentes y en toda la Europa del Este, la Unión Soviética y China imperaban las dictaduras comunistas.

Por eso, mucho más útil que alancear ahora esos fantasmas del pasado, me parecería que los altos cargos del PSOE y Podemos cuyos padres o abuelos tuvieron algún protagonismo en aquel régimen -hay casos muy notables-, o incluso mera afinidad ideológica con sus valores, trataran de explicar, a través de sus recuerdos infantiles, cuáles fueron los mecanismos sociológicos que permitieron la consolidación, durante tanto tiempo, de algo que ahora presentamos como epítome de lo abyecto.

¿Eran todos los que, por activa o por pasiva, edificaron o respaldaron aquel régimen «verdugos voluntarios» de Franco, por utilizar el término de Daniel Goldhagen sobre la Alemania nazi? Tal vez una respuesta, ajustada en su complejidad a la envergadura de esa pregunta, contribuiría a abortar, con más eficacia que la inclusión de la exaltación del franquismo en el Código Penal, el auge de la ultraderecha que tanto parece preocupar a los colaboradores de Pedro y Pablo.

«¡Menudo lío!», exclamó una de mis colegas de tertulia, cuando sugerí algo parecido. Y tanto que lo fue… ¿Cómo es posible que quienes propugnan la «desjudicialización» de un proceso de sedición flagrantemente en marcha, pretendan «judicializar», con el atizador del Codigo Penal, la pervivencia de los exánimes rescoldos del pasado?

El maniqueísmo político consiste en sustituir el análisis del intrincado universo de tonalidades grises, que casi siempre conforma la realidad, por la simplificación estereotipada de un mundo en blanco y negro, en el que todo se reduce a la pugna entre el bien y el mal. Por eso, cualquier grupo político que se erige en vanguardia del progreso e intérprete del interés social, lo primero que hace es inventar o maximizar el peligro atribuible a un enemigo, al que se presenta como la encarnación del mal.

Si Vox no existiera, el PSOE y Podemos tendrían que inventarlo, en la medida en que su auge les sirve de pretexto para sus desafueros, de factor de cohesión entre sus parroquianos y de elemento de distracción frente al gran público. Eso sin contar con el fraccionamiento de la oposición y las contradicciones que induce en el PP, al intentar liderarla.

En realidad Vox es un tigre de papel que ruge mucho en los escenarios pero es incapaz de articular soluciones en los despachos. La entrevista de TVE a Santiago Abascal lo puso en evidencia el jueves por la noche. Su propuesta de «elegir» a los inmigrantes, teniendo en cuenta de qué países procede el puñado de delincuentes que participan en «violaciones grupales», denota una xenofobia tan rupestre como la de la alcaldesa de Vic, cuando apela al «aspecto físico» para distinguir al «catalán autóctono» de otras variedades de primates.

¿Y qué decir de que su alternativa a que pueda haber algún colegio en el que se cometan excesos en las sesiones de educación sexual, sea que en ningún colegio se ofrezca ningún tipo de educación sexual? Y que la justifique en que, el mero hecho de entrar en la materia, atenta contra la «inocencia» de los niños. Como si volviéramos al «sadismo en nuestra infancia» -Vázquez Montalbán dixit-, cuando nos hacían creer que las poluciones nocturnas eran pecado y la masturbación, causa de enfermedades mortales.

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Vox no es un peligro sino un espantapájaros, frente al que la izquierda se define, a modo de antagonismo purificador. A la disposición natural del PSOE a practicar ese juego, acrecentada en el nuevo «tiempo histórico» de Zapatero, se unen ahora los relatos complementarios de Podemos, con su épica contra el capitalismo y el imperialismo, en la que hasta un tirano como Maduro adquiere carácter redentor, y Esquerra Republicana, con su patrioterismo tribal, en el que la sangre derramada en el martirio de Companys se convierte en el santo óleo que mana de la herida luminosa abierta en el traje de presidiario de Junqueras.

Por supuesto que todo es un falaz cómic para adultos, resumido en el fumetti de la intervención de Gabriel Rufián, tras abrir las puertas del salón, para irrumpir con modales de vaquero en la sesión de control parlamentario: «Que la izquierda haga de izquierda, frente al fascismo de corbata, toga y uniforme». Le faltó añadir un «ahí lo dejo», escupiendo la colilla por la comisura de los labios.

Nadie les tomaba en serio, ni a Pablo Iglesias ni a él, ni a las propias portavoces socialistas, mientras estaban en la oposición o incluso gobernaban en funciones; pero ahora tienen la potestad de cincelar las acróteras del nuevo poder, legítimamente constituido.

Como los amantes de la arquitectura y los lectores de Lope de Vega saben, las acróteras son, en sentido estricto, los zócalos que adornan los frontones de los templos y, en sentido amplio, las propias figuras decorativas que rematan esas cimas. Máscaras de terracota, pegasos alados o símbolos religiosos. Como escribe el «Fénix de los Ingenios» en La Filomena, «en vez de musas, las funestas aves/ cantaron, por los frisos y acróteras/ por las pizarras altas y arquitrabes/ fúnebres himnos, alternando fieras».

Las acróteras eran, en definitiva, los exhibicionistas puntos sobre las íes, mediante los que se definía caprichosamente la identidad e incluso la intención de cada templo. Algo así como las patas de animales, colgadas del cinturón, que distinguían a cada tribu india o, según Tom Wolfe, el periódico bajo el brazo con el que, en la era analógica, cada lector se presentaba ante los demás. La boina, la gorra, el pañuelo anudado a la cabeza, el bombín, el canotier o el sombrero de copa. Dime lo que te pones ahí arriba y te diré quién eres.

Claro que lo importante no son esas señales de humo emitidas desde la cumbre de la montaña, a modo de flores reventonas sobre el ojal de la geografía política, sino lo que suceda en el interior del recinto. Me reitero en que a Sánchez e Iglesias los juzgaremos por los dos grandes baremos de la unidad e igualdad de la España constitucional, por un lado, y de la evolución de las cifras del paro, por el otro.

Tras la entreguista reunión con Torra y la nueva senda de estabilidad que sólo aspira a mantener el nivel de desempleo actual, ninguno de los primeros síntomas en ambos frentes son demasiado alentadores, pero es de justicia aplazar, incluso el más provisional de los veredictos, hasta una fase más avanzada del partido. No seré yo quien opine sobre nada antes de que haya sucedido.

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En cambio, sí que conocemos ya cuáles son las acróteras que, a modo de títeres de un teatrillo de marionetas, los nuevos gobernantes han colocado sobre el guiñol de su poder. Y ya que el perezoso sueño de la razón no llegó a tiempo de detener aquella traqueteante carreta que llevó a la guillotina a la pobre cocinera que había gritado «¡Viva el rey!», espabilémonos ahora para movilizar los valores liberales, en contra de la criminalización de las ideas que detestamos. «Freedom for the thoughts that we hate», en palabras del juez Holmes, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

No vaya a ser que, de tanto perseguir un franquismo inexistente y un fascismo imaginario, terminemos reinventándolos, mediante la morbosa seducción que sobre los adolescentes ejerce lo prohibido.

No vaya a ser que dentro de otras cuatro décadas, cuando lo que se proponga sea prohibir la apología del separatismo racista y reaccionario o de las dictaduras bolivarianas y sus compañeros de viaje, lo pertinente resulte emplazar a los hijos y nietos del actual régimen en ciernes a que expliquen por qué sus padres y abuelos pudieron abrazar o siquiera justificar doctrinas y conductas tan aberrantes como las de Junqueras y Maduro.

No vaya a ser que las flamantes acróteras de hoy sólo sirvan de «señales», como en la canción de Rodrigo Caro a aquella Itálica famosa, trocada en «campos de soledad, mustio collado», de un «despedazado anfiteatro», enterrado en las ruinas del mañana.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

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