Las agresiones a los pueblos indígenas en América deben parar

Un joven indígena se pinta la cara para participar en una protesta de tres días en Brasilia, Brasil, contra las nuevas políticas del presidente Jair Bolsonaro, en abril de 2019. (Eraldo Peres)
Un joven indígena se pinta la cara para participar en una protesta de tres días en Brasilia, Brasil, contra las nuevas políticas del presidente Jair Bolsonaro, en abril de 2019. (Eraldo Peres)

Los pueblos indígenas en América Latina hemos estado en una lucha constante por nuestros derechos. Desde 1923 pedimos su reivindicación ante la Sociedad de Naciones. Posteriormente, y también por nuestro empuje, en 1957 fue aprobado el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales por parte de la Organización Inter­nacional del Trabajo (OIT).

Entre 1988 y 1992, en toda América Latina, creció un movimiento sin precedentes. En medio de obstáculos políticos e ideológicos, y junto a grandes líderes indígenas del continente, llevamos adelante un momento histórico: la campaña por los 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Logramos que en 1989 la OIT adoptara el Convenio 169, que de manera formal ampara los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y les da un marco jurídico internacional para su lucha y reivindicación.

Y aunque en diferentes contextos y tiempos he expresado mi reconocimiento a los avances internacionales en materia de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, también he señalado mi profunda preocupación por el incumplimiento —sea de forma directa o por omisión— de los estándares internacionales en materia de derechos humanos por parte de los gobiernos.

Los pueblos indígenas del continente somos víctimas del racismo, la discriminación y la xenofobia. También de la criminalización de las migraciones y los pueblos, la esclavitud contemporánea, la violencia urbana y la agresión a la Madre Tierra.

La creación de instituciones, regulaciones e instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y la Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de los Estados Americanos en 2016, no son suficientes.

Vemos avances pero también grandes retrocesos y la impunidad sigue imperando. Hay nuevos éxitos, pero a pesar de todos los esfuerzos por denunciar los crímenes de lesa humanidad, de los juicios y sentencias emblemáticas del sistema de justicia, seguimos siendo vulnerables tanto las víctimas como los defensores de derechos humanos, quienes a diario exponen su vida.

Estos problemas históricos para los pueblos indígenas persisten y se agudizan por los modelos de desarrollo que se sustentan en las industrias extractivas y agroindustriales, que nos despojan de tierras, territorios y bienes naturales.

El problema no es menor: el Banco Mundial estima que la población indígena en América Latina es cercana a los 42 millones de personas, es decir aproximadamente el 8% del total de habitantes. Hay 826 pueblos indígenas en la región, que hablan 313 idiomas.

Ahora el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que incluye un conjunto de normas, procedimientos e instituciones, debe estar muy atento cuando las comunidades indígenas solicitamos su protección: se sigue persiguiendo y criminalizando a las comunidades y a los líderes que se oponen a los megaproyectos y monocultivos que destruyen la Madre Tierra y con ello, a las vidas que existen en ella.

Los incendios provocados en la Amazonía y la imposición de un estado de sitio en 22 municipios del nororiente de Guatemala son ejemplos de ello. Es urgente que se promuevan procedimientos expeditos para su tutela, pues nuestros pueblos no están siendo protegidos por los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

La defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas ha formado siempre parte de mi trabajo, pero también sé que hay que colocar intensamente una agenda que incluya la formación de una cultura colectiva y universal, especialmente dirigida a niños y jóvenes. Mediante el trabajo y la educación lingüística y cultural, y la creación y fortalecimiento de una cultura para la paz, se puede estimular no solo la conciencia civil, sino también las políticas públicas que deben adoptar los países.

La cultura para la paz y la búsqueda de la dignidad humana son los grandes desafíos actuales tanto de la sociedad civil como de la ciencia y la academia y, por qué no decirlo, de la humanidad entera. Esa cultura debe sostenerse mediante el pleno respeto de los derechos humanos y tener como destino final el reencuentro de la esencia humana.

Estoy convencida de que rescatar de la violencia las relaciones entre los seres humanos, así como entre los pueblos y los países, solo será posible cuando se asuman como valores imprescindibles la diversidad, la reciprocidad, el respeto y complementariedad de todas las personas que habitan el planeta, en convivencia armónica con la naturaleza y el universo.

Rigoberta Menchú Tum obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1992. Es embajadora de buena voluntad de la UNESCO e investigadora extraordinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Mérida, México, del 19 al 21 de septiembre.

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