Las aguas de un desierto

Un grupo de militares bolivianos monta guardia frente a un cauce del río Silala, en la frontera entre Bolivia y Chile, durante un acto en marzo de 2013.AIZAR RALDES (AFP)
Un grupo de militares bolivianos monta guardia frente a un cauce del río Silala, en la frontera entre Bolivia y Chile, durante un acto en marzo de 2013.AIZAR RALDES (AFP)

Durante esta primera quincena de abril, Chile y Bolivia han vuelto a enfrentarse en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En 2018, la Corte falló a favor de Chile, después de un proceso judicial de casi cinco años, en la demanda boliviana que pretendía obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. Ahora, la controversia es por un río en el desierto de Atacama, la zona más árida del mundo.

Esta vez fue Chile que interpuso la demanda. Ello debido a que, en medio de la demanda marítima, el entonces presidente Evo Morales acusó a Chile de “robar” las aguas del Silala, negando que fuese un río internacional; amenazó con cortar el flujo de las aguas que cruzan desde Bolivia hacia territorio chileno por una fuerte gradiente, a 4.300 metros de altura: y, anunció que interpondría una segunda demanda contra Chile. Ante estas amenazas, para generar certeza jurídica y solucionar una disputa que se extiende por más de 25 años, el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se anticipó a demandar a La Paz en La Haya, después de haber revisado estudios acumulados en la cancillería y consultado a destacados hidrólogos, geólogos, abogados ambientalistas y especialistas sobre cursos de aguas internacionales.

Chile había usado esas aguas durante más de un siglo, sin objeción alguna del país vecino. De hecho, hasta el año 1999, Bolivia reconocía que el Silala es un curso de agua internacional. En el mapa que acompaña el Tratado de Paz y Amistad de 1904 figura claramente el Río Silala, al igual que en la cartografía boliviana previa y posterior a ese año. Mas aún, hasta 1999, La Paz rechazaba la tesis de la desviación de las aguas hacia Chile, como quedó de manifiesto en un comunicado oficial del 7 de mayo de 1996 donde desmentía la argumentación del desvío artificial esgrimida por medios de prensa bolivianos.

Las aguas del Río Silala han sido utilizadas en el lado chileno para suministrar agua potable a diversas ciudades y pueblos, en yacimientos mineros y en propósitos industriales. En 1906, el Estado chileno otorgó una concesión al Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), una empresa privada británica, y Bolivia hizo lo mismo dos años más tarde. Si Chile otorgó una concesión a FCAB, evidentemente existía un río en territorio chileno.

Chile ha solicitado que la Corte juzgue y declare que el Silala es un curso de agua internacional; que el país tiene el derecho al uso equitativo y razonable de esas aguas de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, así como al uso que actualmente hace de esas aguas; y que Bolivia tiene la obligación de adoptar todas las medidas para prevenir y controlar los daños a Chile que resulten de actividades cerca del río, al igual que la obligación de cooperar e informar a Chile de cualquier iniciativa que pudiese tener un efecto negativo sobre este recurso hídrico compartido.

Durante el juicio, Bolivia ha vuelto atrás, admitiendo que el Silala es un curso de agua internacional y que el derecho internacional contempla el uso equitativo y razonable de los ríos transfronterizos. La argumentación boliviana ahora se centra en la supuesta existencia de un “flujo artificial” versus un “flujo natural”, por lo cual ese flujo artificial, producto de canales construidos por FCAB en 1928, habría mejorado el volumen de las aguas al territorio chileno.

Sin embargo, el Estado boliviano fue el responsable de haber autorizado a la empresa FCAB la construcción de esos canales en su propio territorio (para remediar la contaminación de las aguas por larvas de insectos), y La Paz ha permitido su funcionamiento ininterrumpido durante cerca de 100 años. Más aún, no existe en el derecho internacional una distinción entre “flujo natural” y “flujo artificial”, y no hay base jurídica para que Bolivia reclame ahora soberanía exclusiva en una supuesta parte artificial del caudal del Silala. Por lo demás, la eliminación de los canales en territorio boliviano —a lo cual Chile no se opone—, dejaría virtualmente intacto el flujo de las aguas a Chile, como ha sucedido desde hace 8.400 años, cuando nació el Rio Silala.

Chile ha insistido reiteradamente en un acuerdo bilateral para zanjar esta disputa, sin que Bolivia acepte. Entretanto, ambos países han perdido tiempo valioso para buscar un acercamiento global de integración en las diversas materias de interés mutuo que competen a dos países vecinos, para así mirar al futuro en vez de prolongar la historia del siglo XIX.

Heraldo Muñoz, diplomático chileno, fue canciller del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

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