Como si no tuviera ya suficientes problemas, el 20 de mayo Venezuela celebrará unas elecciones que no deberían suceder y que no detendrán la crisis económica catastrófica que ha empujado a la población al límite.
Las elecciones, que han dividido al país en un debate existencial sobre “votar o no votar”, fueron convocadas por decreto por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Por tanto, el foco de la discusión no debería estar en si los venezolanos debemos ir o no las urnas, sino en qué recursos legales quedan vigentes para repudiar este nuevo abuso del gobierno. Esa es la gran pregunta que tenemos que responder.
El presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y un puñado de candidatos opositores, sin embargo, parecen empeñados en que las elecciones se lleven a cabo. El primero busca legitimar su régimen, cada vez más autoritario, y exige a sus seguidores una victoria electoral que sume los 10 millones de votos, una “deuda” histórica del chavismo, pues Hugo Chávez nunca obtuvo esa cifra en ninguna contienda.
En Venezuela reina la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, los cortes de luz y de agua, una criminalidad apabullante y un gobierno que opera al margen de la ley. El caos ha provocado un éxodo masivo y una de las crisis humanitarias y de refugiados más grandes en la historia de América Latina.
Unas elecciones parecen el camino hacia la solución que el país necesita. Un nuevo presidente podría ayudar a revertir (o, al menos, a frenar) la vertiginosa espiral hacia el desastre. Pero la ausencia de observadores independientes, la persecución a líderes opositores y partidos políticos, así como la falta de reconocimiento internacional dejan claro que las elecciones del 20 de mayo no serán libres, justas ni, lo más importante, podrán ser la vía para iniciar la transformación del país.
El principal contrincante de Maduro, Henri Falcón, exgobernador del estado Lara y un autodenomiado disidente del chavismo, sobresale del resto de los candidatos, que incluye al pastor evangélico Javier Bertucci y al ingeniero Reinaldo Quijada. Este pequeño grupo argumenta que las elecciones del domingo son la oportunidad que Venezuela no se puede dar el lujo de desperdiciar. No participar, advierten, sería renunciar a la posibilidad de un cambio pacífico, en el mejor escenario, o de defender los derechos democráticos y expresar categóricamente el rechazo al régimen. En última instancia, una participación multitudinaria haría más difícil un fraude electoral por parte del gobierno. Pero al llamar al voto pasan por alto un punto más importante: las elecciones son ilegales y participar solo servirá para avalar un gobierno al margen de la ley y darles un ropaje de legitimidad a sus decisiones arbitrarias. Los ciudadanos no podemos permitir que esto pase.
La Mesa de Unidad Democráctica (MUD), el grupo que une a las fuerzas opositoras, no participará en las elecciones y ha llamado a los ciudadanos a boicotearlas. La Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a fallar en condenar de manera unánime las elecciones en la Cumbre de las Américas en abril, sí demandó sufragios justos y transparentes, con la participación de todos los partidos y sin presos políticos. De lo contrario, el proceso electoral carecería de legitimidad y credibilidad.
Pese a la condena internacional, el CNE está decidido a celebrar los comicios. La credibilidad del órgano electoral es nula desde que avaló los resultados, evidentemente espurios, de la elección de julio de 2017 de la ANC, ampliamente denunciados en Venezuela y en el mundo.
Esas elecciones se llevaron a cabo sin participación de la oposición ni observadores internacionales o auditores independientes que las monitorearan. El conteo final de votos excedió las proyecciones de participación basadas en el padrón electoral y los resultados no fueron reconocidos por la OEA, la Unión Europea y numerosos países de la región. En conclusión: fue una asamblea electa de manera ilegítima y compuesta en su mayoría por seguidores del régimen que desde entonces actúan como un órgano legislativo paralelo a la Asamblea Nacional.
De cara a una situación similar, las elecciones del 20 de mayo han sido cuestionadas. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, así como los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y el Grupo de Lima han denunciado el proceso y, en algunos casos, han solicitado abiertamente su suspensión.
Más allá de esto, no ayuda que Falcón —por mucho tiempo un político cercano a Chávez— sea el contrincante principal. Algunos ponen en entredicho sus credenciales de opositor, creen que aún es leal al legado chavista y que con su candidatura busca validar la elección. Para sortear estos reparos, Falcón ha propuesto a Claudio Fermín, un político opositor de tradición moderada, como su vicepresidente y a Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Harvard, para que dirija su plan nacional de gobierno.
Algunas medidas anunciadas por Rodríguez, como eliminar el control de cambio y dolarizar la economía, han generado esperanza. En este momento, todos, dentro y fuera de Venezuela, quieren saber cómo salir de esta catástrofe en la que está sumido el país. Si Venezuela gana algo de este proceso es una posible hoja de ruta, una alternativa para resolver la crisis actual. Algo que hasta ahora ha estado ausente de la conversación política del país.
La última encuesta de Datanálisis, de mayo de 2018, pone a Falcón a la cabeza de la intención de voto, con 30 por ciento frente al 20 por ciento de Maduro. Pero del total de los encuestados, solo 34 por ciento está “muy seguro” de que votará. El resto de los electores están divididos en el 33 por ciento que está “seguro” de que votará, el 17 por ciento que dice que está “poco seguro” y el 14 por ciento que “no está seguro” de que votará este domingo. Recientemente, Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, vaticinó que el abstencionismo tendrá profundas consecuencias para los candidatos opositores.
A pesar de lo que sugieren las encuestas, lo más posible es que el régimen de Maduro se mantenga en el poder. Después de todo, Vladimir Putin fue reelegido en Rusia en unas elecciones sin oposición real y el mundo siguió su marcha. Maduro llamó para felicitarlo.
En medio de la vertiginosa caída económica y en ausencia de instituciones democráticas, los venezolanos tienen poco a qué aferrarse más que a la Constitución y la ley. Al fin y al cabo, la oficialista ANC, por ley, existe para crear un “nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución” pero no solamente no lo ha hecho, sino que ha asumido atribuciones que no le corresponden y ha convocado un proceso electoral sin tener la facultad legal para hacerlo. ¿Qué le impedirá a esa misma asamblea tomarse la atribución de destituir a Falcón si llegara a ganar?
Es difícil concebir que, en este escenario, el domingo se llegue a reconocer algún resultado que no valide al régimen. Dificultar un fraude oficial, aparentemente inevitable, no es la promesa de campaña más alentadora, mucho menos la salida a la pesadilla en la que está Venezuela.
Frente a tanta arbitrariedad, ya no se trata de apoyar a la oposición, sino de tomar una “posición” a favor o en contra del Estado de derecho, por encima de posturas o partidos. Más que contrarrestar lo que está mal con el gobierno, la verdadera necesidad ahora es defender y exigir lo que es legal.
Elizabeth M. Núñez es una periodista venezolana radicada en Nueva York.