Por Gustavo de Arístegui, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso (EL MUNDO, 26/04/06):
Uno de los errores más frecuentes y comunes que se cometen al analizar la lacra del terrorismo etarra es el de compararlo con el Ulster, donde existen dos comunidades distintas y enfrentadas, habiendo surgido en una parte de ambas el terrorismo, en la católica el IRA y en la protestante sus grupos terroristas. España es el país más descentralizado de Europa, más incluso que la República Federal de Alemania. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la machacona cantinela de algunos sobre la necesidad de seguir el ejemplo irlandés. ¿Son ejemplo las innumerables suspensiones de la autonomía del Ulster o su escasísimo nivel de autogobierno?
A todo esto hay que añadir las ansias de gloria, el que ha sido calificado con acierto como el síndrome del Premio Nobel de la Paz, que ha excitado a tantos mediadores a tratar de resolver el conflicto, desconociendo la realidad vasca y española, ignorando que no hay dos comunidades enfrentadas en el País Vasco, que hay una violenta, intolerante y fanática minoría, llena de odio, que ha utilizado el terrorismo, los asesinatos, los secuestros, la coacción, la amenaza y la extorsión, para imponer sus totalitarias y brutalmente opresivas ideas.
La lista de los aspirantes es interminable; algunos se postularon de manera clara, como el Nobel argentino Pérez Esquivel, y otros de manera más sutil, pero siempre buscando lo mismo: la Comunidad de San Egidio, la Fundación Carter, y ya más recientemente, el sacerdote irlandés Alec Reid. Esta irresponsable internacionalización de nuestra tragedia terrorista es un craso error, que entre sus gravísimas consecuencias sitúa a la banda terrorista como interlocutor en pie de igualdad y legitimidad con el Estado de Derecho.
Mucho más grave es aún, a mi juicio, la larga lista de aparentes coincidencias, que en realidad podrían constituir una serie de mensajes que el Gobierno estuvo mandando a ETA para lograr este alto el fuego (¿permanente?).
El primero fue la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. No vale el peregrino y torticero argumento de que se legalizó en tiempos del Gobierno del Partido Popular, ya que en ese momento no se había detectado conexión alguna entre esa fuerza política y la banda terrorista. Sin embargo, cuando se presentó a las elecciones vascas como segunda marca blanca de ETA, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le presentaron al Gobierno una lista de unos 30 indicios, que vinculaban de manera inequívoca al PCTV con ETA, circunstancia que el Ejecutivo decidió ignorar. ¿Sólo una coincidencia?
El segundo, la Fiscalía General del Estado no procuró todos los recursos humanos necesarios a los fiscales encargados del macrojuicio contra el entorno de ETA, que para colmo de males tenían que enfrentarse a 100 abogados defensores del entorno etarra. ¿También coincidencia?
El tercero fue cesar fulminantemente al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, personaje central en la eficacia de la lucha contra el terrorismo. Fungairiño se había convertido en un obstáculo para la estrategia del presidente del Gobierno y especialmente para su principal mensajero de gestos, el fiscal general del Estado. En este contexto se entiende la famosa pregunta de Otegui a Fungairiño en un interrogatorio: «¿Sabe el fiscal general que estoy aquí?» Para mayor escarnio trataron de presentar el cese como una dimisión. ¿También coincidencia?
La cuarta, la incomprensible, por no decir vergonzosa, actitud de laxitud del Gobierno frente a las pretensiones de Batasuna-ETA de celebrar su congreso en Bilbao, con aquella curiosa teoría jurídica de que el derecho fundamental de reunión prima sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna decretada por la Justicia independiente de una democracia avanzada. Conviene recordar que Batasuna no fue ilegalizada por los tribunales por las ideas que dice defender. Tampoco lo fue por no condenar el terrorismo. Por el contrario, Batasuna fue declarada ilegal por algo muchísimo más grave; los tribunales establecieron sin lugar a dudas que Batasuna es una parte esencial de la estructura de la banda terrorista. Esta circunstancia fue felizmente corregida por el magistrado Grande-Marlaska. ¿Es también ésta una casualidad?
La quinta fue aquella ofensiva jurídico-mediática que emprendió el Ejecutivo junto a su fiel escudero el fiscal general del Estado para tratar de convencer a todo el mundo de que la teoría de acumulación de las penas que proponían Conde-Pumpido y su equipo no era distinta a la que se había aplicado hasta ese momento.Con la interpretación propuesta por la Fiscalía General, monstruos como Henri Parrot hubiesen podido salir de la cárcel tras sólo 20 años de condena. El Tribunal Supremo corrigió a la Fiscalía, haciendo una interpretación distinta, según la cual los criminales más «señeros» de ETA tendrán que pasar otros 10 años en la cárcel.¿Es ésta también otra coincidencia?
La sexta, es el sistemático fomento de la división entre las víctimas, tratando de apartarlas del imprescindible papel central que deben jugar en cualquier escenario del final del terror.Las víctimas del terrorismo en España han dado un ejemplo de grandeza moral, de serenidad, sentido de la responsabilidad y de generosidad. Las víctimas deben ser cuidadas, honradas, y deben ser compensadas y reparadas por el Estado y la sociedad en su conjunto. La división de las víctimas convenía a todas luces a la estrategia del Gobierno, pues creían que así su fuerza social y moral se vería mermada. Las manifestaciones y su masivo apoyo social lo han desmentido. Es obligación del Estado, de los partidos políticos y de la sociedad civil, colocar en el centro del proceso del fin del terrorismo a las víctimas y a su memoria. ¿Es esta táctica también una casualidad?
La séptima es el discurso claudicante e irresponsable de la vicepresidenta primera del Gobierno, de «ni vencedores ni vencidos». Pues mire, vencedores los demócratas, las víctimas y el Estado de Derecho.Vencidos, el terrorismo, el fanatismo, la opresión y la barbarie, en definitiva ETA y su submundo. En una democracia no se puede premiar lo que es obligación de todos los ciudadanos, no delinquir, y en el caso de ETA, dejar de delinquir.
La octava, un intento deliberado de reventar a los movimientos cívicos, especialmente al Foro de Érmua y a Basta Ya, que han tenido un protagonismo esencial en la forja del coraje cívico y en la coordinación y unión de los partidos constitucionalistas en la lucha contra ETA y contra la opresión nacionalista en el País Vasco. Hoy escuchamos los cantos de sirena de un incierto cese de la actividad terrorista, que demasiados se empeñan en llamar paz. Cuando el odio de los criminales habla, su fin no es la paz, es la vuelta a la normalidad democrática. No caigamos una vez más en la trampa semántica del terror, por la que a las células terroristas se les llama comandos; a la extorsión, impuesto revolucionario; a la actividad criminal de los terroristas, lucha armada, y al cese de actividad criminal, «¿alto el fuego? ¿permanente?». ¿Es que acaso entre las exigencias de ETA está el que sus repugnantes eufemismos sean de uso obligatorio? ¿Exigen también los terroristas su rehabilitación moral?
La novena, tratar de aislar, arrinconar y marginar al principal y único partido de oposición de España, ignorando y despreciando a la mitad de nuestra sociedad y mostrando con ello muy poco talante. Lo peor es que cuando el actual presidente del Gobierno siendo jefe de la oposición propuso el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, parece evidente que algunos de los más destacados dirigentes del PSE estaban manteniendo contactos con ETA. Hoy sabemos que meses antes de la declaración de este alto el fuego, los socialistas sabían que la palabra permanente iba a ser empleada por ETA en su comunicado. ¿Por qué, quién lo supo y exactamente cuándo?
La décima, la crítica ácida, desmedida y profundamente injusta que el fiscal general del Estado ha hecho de los jueces y magistrados -especialmente contra Grande-Marlaska- que han cumplido con su deber y obligación en la lucha contra ETA, aun en contra de la opinión del fiscal general del Estado, del que por otra parte no dependen. ¿Otro gesto?
La undécima; sobre la legalización de Batasuna, el propio presidente del Gobierno reconoció que con la actual denominación no sería posible revertir la decisión, que por otra parte es judicial y no gubernamental o administrativa. Pero recientemente el propio Otegi, haciendo gala de una inconmensurable arrogancia por no decir chulería, dijo que ellos sólo aceptarían la legalización de Batasuna. Por otra parte habría que preguntarle al lehendakari del Gobierno vasco por qué recibió a Otegi, que es Batasuna-ETA y no a los dirigentes del PCTV. ¿No será porque él mejor que nadie sabe quién manda en ese mundo?
Pero lo más importante es preguntarse por el precio político que ETA exige a cambio de la paz. ¿Cuál de sus muchas reivindicaciones estaría dispuesta ETA a desechar? O dicho de otra manera, ¿qué precio estaría dispuesto el Gobierno a pagar en nombre de todos: autodeterminación, liberación de todos los presos con independencia de los delitos que hayan cometido o Navarra? ¿Por qué se habla ya en entornos etarras de la consecución de su reivindicación sobre la territorialidad, dando por descontada la de los presos? ¿Por qué se habla tanto de ese fantasmagórico órgano que va contra la voluntad de la aplastante mayoría de navarros, o de las mesas al margen del Parlamento Vasco?
En cualquier caso el incendio provocado en la ferretería del concejal de UPN en Barañáin, José Antonio Mendive, y los atentados de Getxo dejan en una situación extraordinariamente delicada al Gobierno, que debe ser muy firme contra el terror y combatir con todo el peso de la ley la actividad criminal de ETA y su entorno, ya sean atentados como el de Navarra o Getxo, el terrorismo callejero o la extorsión a empresarios, sin discutir, como ha hecho el presidente del Gobierno, las fechas de las cartas de ETA. El fin del terrorismo sería buena noticia, pero no a cualquier precio y sin rendir al Estado de Derecho y a la democracia. Eso, por lo menos, no en mi nombre.