Las bondades de una lista negra

El Ecofin aprobó esta semana tras meses de negociaciones la lista negra de la UE de paraísos fiscales. Los ministros lograron llegar a un acuerdo conscientes de que la credibilidad de la UE estaba en juego en caso de no cerrar la lista. Finalmente, serán 17 los países señalados como jurisdicciones no cooperativas, al incumplir al menos uno de los tres criterios básicos establecidos y, además, no haberse comprometido a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplirlos.

Esos tres criterios son la transparencia fiscal vía la firma de convenios de la OCDE, la no existencia de regímenes fiscales perjudiciales o promoción de estructuras offshore y finalmente participar en el proceso anti-BEPS de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

Una importante novedad es la “lista gris” de 47 países que incumplen los criterios pero que se han comprometido a cumplirlos. Suiza entra en esta lista, no por el secreto bancario que ni siquiera se analizaba, sino por sus regímenes fiscales nocivos. También tenemos otros sospechosos habituales como Andorra y Liechtenstein aquí, aunque Mónaco y Singapur, con modelos fiscales similares, han quedado fuera. Algunos países caribeños azotados por el Irma han recibido un tiempo extra: sería lógico que Bahamas, las islas Vírgenes Británicas o Anguila acaben en la lista negra.

La calidad del trabajo técnico del proceso es indudable, pero la decisión ha sido resultado de una negociación fuertemente política. El Consejo considera por ejemplo que para cumplir con el primer criterio de transparencia fiscal es necesario cumplir solamente con dos de los tres subcriterios: es una fórmula política cuyo objetivo era sacar a Estados Unidos de la lista, ya que no ha firmado el convenio multilateral de la OCDE. Además, vemos que las islas de Nauru y Niue solo se comprometieron a unirse al proceso antiBEPS de la OCDE “cuando este sea relevante”, algo insuficiente y subjetivo.

En cualquier caso, por fin tenemos una lista negra de referencia de paraísos fiscales que merezca tal nombre —en la lista de la OCDE solo hay un país: Trinidad y Tobago—. Es necesario destacar la importancia del proceso en sí mismo, ya que la UE ha logrado arrancar compromisos de reforma por parte de los países de la “lista gris”. No podemos obviar sin embargo que no hay ningún país de la UE en la lista porque fueron excluidos del proceso, creando una incomprensible doble vara de medir. Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y el territorio de Gibraltar se han quedado fuera de la lista a pesar de que no hubieran cumplido los tres criterios establecidos por la propia UE.

Otro elemento que deberá ser revisado para que la lista tenga una función efectiva son las sanciones. A escala europea se establecen medidas no fiscales, básicamente limitar el acceso al Fondo de Desarrollo Sostenible, la financiación del BEI y el Plan Juncker. Sin embargo, todas las medidas de carácter fiscal son meras recomendaciones para los Estados Miembros de la UE. No serán obligatorias medidas de mínimos como el incremento de la vigilancia de las empresas que operan en dichas jurisdicciones, ni modificar las retenciones a cuenta y exenciones aplicables. Algunos ministros intentaron bloquear las sanciones en el Consejo, así que previsiblemente no adoptarán ninguna de estas medidas.

A pesar de estas seria limitaciones, estamos solo ante un punto de partida. El texto establece un mecanismo permanente de supervisión y seguimiento de los compromisos adquiridos por los países de la lista que el Ecofin analizará anualmente. La transparencia será esencial para garantizar que estos compromisos se cumplan.

Una hoja de ruta con un calendario claro sigue siendo sin embargo necesaria. Si los países en la lista gris no cumplen con sus compromisos adquiridos, reclamamos que sean incluidos automáticamente en la lista negra. El texto abre ahora la posibilidad que una simple renovación de los compromisos por escrito sea suficiente para sortear la lista negra y permanecer en la gris, que, recordemos, no tiene ninguna sanción ni consecuencia vinculada. La transparencia, ambición y compromiso por parte de los Estados Miembros es lo que marcará el éxito o fracaso de toda esta operación. En sus manos está empezar a atajar un fenómeno que ha minado gravemente las finanzas públicas de Europa en tiempos de austeridad, permitiendo a empresas e individuos ricos no pagar a la sociedad lo que democráticamente hemos decidido que les corresponde.

Ernest Urtasun es eurodiputado del grupo Verdes/Ale y Jesús Hernández, asesor en el Parlamento Europeo.

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