Las burlas del presidente de Ecuador ante el acoso sexual evidencian un Estado machista

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el 31 de enero ante un auditorio lleno de inversionistas, empresarios y funcionarios: “Los hombres estamos permanentemente sometidos al peligro de que nos acusen de acoso”. Se lo dijo, sin titubear, a un país cuyos índices de violencia contra las mujeres son alarmantes, lo que deja en evidencia —una vez más— el poco interés que su gobierno tiene sobre la violencia de género.

En 2019, según la Policía Judicial, se registraron al menos 42 denuncias diarias por agresión sexual o violación; la Fiscalía registró 127 casos judicializables de delitos sexuales cada día, de los cuales 25 son por abuso sexual, cinco por acoso sexual, 17 por violaciones y 13 por violencia física.

“Yo veo que, muchas veces, las mujeres denuncian el acoso, y está bien que lo hagan pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas. Es decir, el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar en que es un acoso”, continuó el presidente Moreno en su intervención. “En el caso de mi edad ya no sería acoso sino ocaso sexual”, remató. El público rió y aplaudió con la misma indolencia con la que el presidente pronunció sus palabras. Quizá porque Moreno, en lugar de aprovechar su condición presidencial para señalar los riesgos a los que las mujeres están expuestas a diario —que las acosen, que las violen o que las maten—, prefirió concentrarse en el riesgo al que se enfrentan los hombres: una falsa acusación. Como si ambas cosas fuesen equiparables. Como si el acoso fuese un asunto de feos o guapos, como si no se tratase de un tema de vida o muerte.

Las palabras de Moreno, sin embargo, van acorde con las medidas tomadas por su gobierno: para 2020, decidieron recortar el presupuesto correspondiente a la erradicación de la violencia de género en distintas instancias gubernamentales. A pesar de que existe una ley aprobada en 2017, que otorga responsabilidades a una veintena de entidades gubernamentales en la lucha contra la violencia de género y obliga al gobierno central a otorgarles presupuesto, todo parece letra muerta. Una de las entidades es la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo presupuesto para erradicar la violencia de género tuvo una reducción de 23% entre 2019 y 2020, según los datos oficiales: pasó de 5.4 millones de dólares a 4.7 millones.

Algo similar pasó en el Consejo de la Judicatura: el presupuesto se redujo 300% y pasó de siete millones de dólares a 2.2 millones. En la Fiscalía también hubo una reducción, aunque fue menor.

Otra de las decisiones políticas del gobierno fue eliminar el presupuesto destinado a la prevención de embarazo adolescente en el país, que supera la tasa promedio de América Latina de 68 embarazos cada mil adolescentes. En Ecuador es de 111. Es decir, que cada día 14 niñas menores de 15 años quedan embarazadas. A pesar de eso, el gobierno decidió eliminar el presupuesto: en 2019 se destinaron 11 millones de dólares, y cero en 2020.

El Servicio de Protección Integral, la institución estatal que brinda asistencia psicológica, legal y de trabajo social a víctimas de violencia —que en ciertas zonas del país es prácticamente la única asistencia que existe—, también sufrió un impacto. La mitad de los profesionales que trabajaban ahí fueron despedidos en diciembre, lo que afecta directamente a las víctimas y sus familias.

Pero al presidente parece importarle más la posibilidad de una falsa acusación de acoso en contra de un hombre feo. Porque a los guapos no los denuncian, dice él.

Días antes de que Moreno planteara públicamente sus preocupaciones sobre el peligro de una falsa acusación, estalló una denuncia en redes sociales sobre un profesor que, durante años, habría acosado a varias alumnas de una universidad de élite en Quito. Algunas dejaron la carrera o abandonaron la universidad. Moreno parece desconocer que no son casos aislados. En noviembre de 2019, los resultados de un estudio académico sobre acoso sexual en el ámbito educativo dio como resultado que, en Ecuador, una de cada dos mujeres ha sufrido acoso al menos una vez en su vida académica.

Con su comentario, el presidente Moreno no solo desconoce esta realidad sino que minimiza a las víctimas que, en su lógica, categorizan el acoso dependiendo de cómo se vea el acosador. Con eso, pretende cambiar los papeles: la víctima no es la mujer acosada, es el hombre que, por feo, es falsamente acusado. Y por supuesto, si él ve más peligro en una falsa acusación que en la escala de violencia en cuyos primeros peldaños está el acoso —pero que puede continuar en abuso, violación o feminicidio— difícilmente podrá priorizar a las mujeres dentro de su política gubernamental.

María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city.

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