Llega el 11 de septiembre y repican los tópicos existencialistas que permiten mantener el negocio de los grupos secesionistas en Cataluña (mientras gestionan 48.000 millones de euros anuales de presupuesto). Referèndum d'autodeterminació, amnistia, retorn dels exiliats polítics e independència son los elementos reivindicativos recurrentes que el Govern planteará en octubre al Gobierno de España.
Seguimos con la hipocresía política por bandera. Ni el presidente Sánchez va a ceder, ni el president Aragonès espera conseguirlo. Se trata de seguir mintiendo para mantener el engaño masivo, que a unos les reconforta en la esperanza y a otros les levanta sarpullidos.
Déjenme recordarles.
España es un Estado social y democrático de derecho desde hace 43 años. Y una nación desde que existe el concepto de naciones en el mundo.
España, con sus imperfecciones, es un país con 47 millones de habitantes, la cuarta potencia económica de Europa y la decimosexta de entre los 196 países del mundo.
La Constitución Española blinda el estado unitario, adjudicando la soberanía al conjunto del pueblo español, y no a una sola de sus comunidades autónomas.
Ningún ordenamiento jurídico internacional contempla la posibilidad de la secesión legal de una parte del territorio de ningún país. Ningún país del mundo ha alcanzado la independencia si no ha sido por medio de una revolución armada. Y, cuando así sucedió, lo fue para sacudirse de encima al país invasor que les había convertido en colonia.
Ese derecho, el de autodeterminación, fue establecido explícitamente sólo para las colonias ocupadas por ejércitos imperiales extranjeros, en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948. Ese proceso de descolonización se acabó bastante antes de finalizar el siglo XX.
En Euskadi, un pequeño grupo de pretenciosos gudaris se erigió en salvadores de la patria y durante 60 años, con las armas en la mano (y después de asesinar a 850 personas), se retiraron derrotados, a pesar del apoyo político y económico de parte de su burguesía local, que nos regaló aquella famosa frase justificativa: “Estos jóvenes valientes le dan patadas al árbol y nosotros recogemos las nueces” (Javier Arzalluz).
Cataluña representa el 19% del PIB español y Euskadi el 6%. Entre las dos comunidades autónomas suman 10 millones de personas, cerca de un cuarto del total de la riqueza y población nacional. ¿Conocen ustedes algún país del mundo que haya sido capaz de autoamputarse una mano y un pie, o de permitir que lo hicieran otros, para retroceder en todos los ámbitos de calidad de vida y convivencia?
Eso no va a pasar nunca, y todos los dirigentes políticos lo saben. Los que embisten cada 11-S para entretener a su afición y los que los torean.
Repiten siempre los mismos e increíbles mantras. España es una dictadura que ahoga nuestras libertades. Una malvada dictadura que les paga puntualmente sus onerosos sueldos y sus gastos suntuarios. Y sus liberados. Y sus sedes. Y sus aparatos de propaganda.
Una dictadura que les facilita que puedan seguir adoctrinando a los niños en las escuelas catalanas, las mismas que se niegan a cumplir las sentencias judiciales de enseñar el idioma español y catalán en una proporción de 25 y 75%. Una dictadura tan pérfida que les otorga el mando sobre 17.000 pistolas cuatribarradas, y les da las llaves de sus cárceles. Cítenme una sola dictadura en el mundo que reúna estas características tan crueles.
Tardà ya advirtió a sus correligionarios más exaltados que “quien se crea que el 48% puede imponer la independencia de Cataluña al otro 52% es imbécil”. Pues ni con el 60%, ni con el 90%. Lo que no consiguieron en el País Vasco a tiros, no lo van a conseguir en Cataluña quemando contenedores o dando golpes de Estado autonómicos. Y ellos saben que ni por medios legales ni por medios violentos van a alcanzar jamás la secesión.
¿No es hora de reflexionar sobre qué sentido tiene financiar a partidos políticos que mantienen su estructura y los sueldos de sus liberados políticos (diputados y senadores) con el único objetivo de segregar la economía y la ciudadanía del mismo Estado que les está pagando religiosamente sus sueldos de los PGE?
Javier Marín Vázquez es impulsor de Alianza de la Izquierda Republicana de España, y fue vicepresidente y responsable de Organización de Sociedad Civil Catalana.