Las ciudades, clave para resolver el problema de los refugiados

Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas. Alrededor de casi 4.000 millones de personas reside en ciudades y grandes áreas metropolitanas, en las que se crea más de un 80% de la riqueza mundial y las cuales son responsables de más de un 70% de las emisiones de CO2. En paralelo a este proceso de creciente urbanización, el aumento de los flujos migratorios, así como el de demandantes de asilo por los múltiples conflictos armados en África y Oriente Próximo, el cambio climático o la desigualdad, provocará un aumento exponencial del movimiento de personas hacia áreas urbanas. Se calcula que el número de personas residiendo en grandes ciudades podría alcanzar los 8.000 millones de personas en 2050.

Todo ello supone un reto de enorme magnitud para la vida de millones de personas y la estabilidad económica y política del mundo globalizado. Si bien la urbanización permite diseñar políticas que permitan un mejor acceso a la educación, los recursos energéticos o la sanidad, una mala gestión de dicho proceso puede resultar en conflictos, pobreza y desigualdad.

En este sentido, la respuesta de múltiples ciudades europeas y españolas, así como de millones de ciudadanos a la crisis de los refugiados en Europa, es un claro ejemplo del potencial papel que las áreas urbanas pueden tener a la hora de ofrecer soluciones locales a problemas globales. A pesar de que los asuntos globales se abordan aún a través de las capitales y los Gobiernos centrales, nos encontramos ante un cambio de patrón en la gobernanza global, en la que los Gobiernos locales tendrán cada vez un papel más importante en la diplomacia, la relaciones internacionales y la agenda global.

El éxito o fracaso en el diseño de las ciudades futuras, así como de la transición hacia una gobernanza multinivel más urbana y metropolitana, serán fundamentales a la hora construir una sociedad más sostenible, justa y productiva. Pero también, a la hora de gestionar la inmigración y la integración de los refugiados.

Las ciudades son el lugar de llegada, tránsito y destino de miles de refugiados en la actualidad. Como nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, estas tienen una posición central respecto a los retos sociales y financieros que supone esta situación. Estas son, entre otras cosas, las responsables de proveer protección y servicios de atención primaria a los refugiados, tales como la asistencia jurídica y sanitaria o el alojamiento. Además, las ciudades son también el lugar donde los demandantes de asilo aguardan la decisión sobre su acceso o no al estatuto de refugiado.

Sin embargo, la gestión de los flujos migratorios y de las demandas de asilo es responsabilidad de las autoridades nacionales y europeas; algo que hace que el tema de los refugiados sea un ejemplo paradigmático de las deficiencias y retos de la gobernanza multinivel, por lo que a determinadas problemáticas del mundo actual se refiere. De nuevo, como demuestra la respuesta de múltiples ciudades españolas a la crisis de los refugiados, los Gobiernos locales no serán solo centrales en la gestión del día a día de nuestras vidas y la provisión de determinados servicios, sino que también jugarán un papel importante en la presión a los Gobiernos centrales y las instituciones internacionales a la hora dar una respuesta coordinada y decidida a los retos de nuestro tiempo.

Pero para que la respuesta a la crisis de los refugiados desde el nivel local tenga éxito, necesitamos actuar en dos frentes. Primero. Las ciudades fronterizas de llegada masiva, así como las de destino con una gran cantidad de demandantes de asilo, necesitan más recursos para dar una respuesta urgente e inmediata en caso de una crisis, así como una estrategia a medio y largo plazo que permita una respuesta más efectiva y estructural respectivamente. Para ello, necesitamos un mejor equilibrio entre la protección de fronteras y la seguridad, y el apoyo estructural a la integración y recepción de refugiados a nivel local.

Como responsables de proporcionar servicios sociales y garantizar la cohesión en caso de una presión migratoria excepcional (de demandantes asilo en este caso), las autoridades locales deberían tener acceso directo a la asistencia financiera de emergencia del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración de la UE, igual que las ONG y los Gobiernos centrales. Mientras ello no sea posible hasta la revisión del Marco Financiero Plurianual de la UE, los Estados miembros deberían pedir la activación de la parte aún disponible de dicho mecanismo y dar una parte a las autoridades locales más asfixiadas por la llegada de refugiados.

Además, la Comisión Europea podría hacer uso de la directiva 2001/55/C sobre protección temporal en caso de una presión migratoria extraordinaria; y las autoridades locales deberían ser incluidas en la implementación de dicha directiva para prepararse mejor para la recepción. Por otro lado, el establecimiento de un principio de reconocimiento mutuo del estatuto de refugiado entre miembros de la UE, así como la posibilidad de transferir dicho estatuto entre países, garantizando la libertad de movimiento de los refugiados reconocidos, ayudaría a una mejor integración de estos a largo plazo.

Segundo. A pesar de que la respuesta de las ciudades españolas a la crisis migratoria es muy positiva, necesitamos una respuesta coordinada con las autoridades nacionales y europeas, así como con la ACNUR y las ONG que trabajan localmente sobre el terreno. Los Gobiernos locales deberían ser además incluidos en la toma de decisiones respecto a las cuotas de reubicación, asistencia financiera, modelos de integración y recursos.

La creación de una red de ciudades refugio es una iniciativa que va en la buena dirección, especialmente si tenemos en cuenta que el Estado español acogerá, probablemente en sus ciudades, alrededor de 15.000 refugiados. Sin embargo, para que dicha red tenga éxito y podamos dar una respuesta estructural y sostenida en el tiempo, la iniciativa debe coordinarse junto a las asociaciones nacionales de Gobiernos locales y regionales de los distintos países europeos, principales interlocutores del mundo local con los Gobiernos centrales de los Estados.

Asimismo, los esquemas y cuotas de reubicación no pueden tener éxito sin un análisis previo de la capacidad de acogida a nivel local y sin que exista un diálogo permanente con la sociedad civil, que permita un consenso sobre la respuesta necesaria al problema y la concienciación de la ciudadanía. En este sentido, la red de ciudades refugio podría servir también como plataforma de diálogo, junto al Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, para aquellas ciudades predispuestas a participar en planes de reubicación. Muchas ciudades de la UE deberán enfrentarse por primera vez a la integración de refugiados. Por ello dicha red, en coordinación con las organizaciones paneuropeas que representan a Gobiernos locales y regionales de toda Europa, podría servir como plataforma de intercambio de buenas prácticas entre aquellas autoridades locales con más experiencia y aquellas que se enfrentan por primera vez a la integración de demandantes de asilo.

Finalmente, una misión de rescate más ambiciosa en el Mediterráneo, que incluya el apoyo a las autoridades locales marítimas más afectadas por los flujos migratorios, así como la revisión de la regulación Dublín III, permitirían reducir la presión excesiva que reciben las ciudades europeas fronterizas, habitualmente dotadas de menos recursos y sin capacidad para proteger y ayudar al gran número de demandantes de asilo.

Carlos Mascarell es asesor en gobernanza y ciudadanía del Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones (CEMR, por sus siglas en inglés) en Bruselas, coordinador del proyecto Jóvenes Líderes Europeos por una Ciudadanía Activa (YELAC) financiado por la Comisión Europea, y miembro del jurado para elegir la capital europea de la juventud 2018.

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