Dentro del debate existente en España alrededor de las causas de la crisis económica que nos azota y las medidas necesarias para hacerle frente, creo que debería alcanzar más relevancia uno específico: el relativo al papel de las diferentes políticas puestas en marcha desde las comunidades autónomas. Discusiones sobre ello existen dentro de cada comunidad, pero falta una visión de conjunto que contraste y ponga en evidencia tanto los fallos del pasado como las mejores prácticas para encarar los retos que tenemos ante nosotros.
Es evidente que la crisis es mundial, e incluso que sus efectos pueden no estar territorialmente repartidos en función de la contribución de cada uno a su génesis. Por ejemplo, una región especializada en la producción de bienes duraderos puede sufrirla más que otra especializada en productos básicos, aunque la primera haya tenido un comportamiento intachable, simplemente porque la demanda de sus productos se reduce más. Aún con estas salvedades, lo cierto es que en España el peso de las diferentes Administraciones en el gasto público total ha variado drásticamente en los últimos 15 años, en los que el peso de la Administración Central (excluida la Seguridad Social) en el gasto público total se ha reducido a la mitad (más del 40% hasta 1993 y el 20% desde 2005) mientras que el de las comunidades autónomas casi se ha doblado (de poco más del 20% al inicio de los noventa a casi el 40% en los últimos ejercicios). Por otro lado, la descentralización de las competencias no sólo se aprecia en el gasto, sino que la propia actividad reguladora y normativa también ha reflejado un desplazamiento similar.
Es difícil precisar el papel que juega la descentralización en las causas y consecuencias de la crisis. La Comunidad Valenciana (con una caída interanual del 8,74% en afiliados a la Seguridad Social en enero), Canarias (-8%) y la Región de Murcia (-7,1%) se suceden mes a mes en el dudoso honor de encabezar las tasas de destrucción de empleo, con niveles que han llegado a doblar la media nacional (-5,1 en ese mismo mes). Es probable que ello pueda deberse a la libre elección de un fallido modelo de crecimiento por parte de sus gobernantes.
Los datos de la EPA también muestran que la respuesta de las comunidades ante la crisis está siendo bastante variable, dado que la variación anual de la ocupación en las comunidades aumentó en sólo un año su dispersión (medida como desviación típica) desde 1,42 en el último trimestre de 2007 hasta 2,24 al final del pasado 2008.
Podemos concluir de estos datos que lo que los Gobiernos regionales hicieron en el pasado está siendo importante, pero desde luego lo que hagan a partir de ahora lo será mucho más.
El papel de las comunidades en políticas paliativas de demanda es reducido, por las limitaciones de su recurso al endeudamiento. Sin embargo, ellas tienen el grueso de competencias en los aspectos que configuran el modelo de sociedad y de economía que se pretende alcanzar: educación, ordenación del territorio, fomento de la actividad investigadora e industrial, políticas activas de empleo y un largo etcétera.
La crisis actual tiene importantísimos efectos a corto plazo, y el más dramático de todos es la caída en la ocupación. Pero la duración y la intensidad de este drama tendrá mucho que ver con la capacidad que tengamos de encontrar un hueco a nuestros productos en el nuevo orden económico mundial que surja tras la crisis. Las comunidades autónomas se van a examinar en esta crisis, porque la capacidad real de España de afrontar los retos del futuro depende en buena medida de las políticas de oferta desarrolladas en el ámbito autonómico.
La parte negativa de esta autonomía puede ser la complejidad que se introduce en el marco regulador; la parte positiva debería ser la diversidad de experiencias acumuladas. Hoy creo que es necesario aplicar a la política económica del conjunto del país tres conceptos aparentemente contradictorios: autonomía, evaluación y coordinación.
Autonomía, para que cada comunidad diseñe, como muchas están haciendo, sus planes de choque, y asuma así en la práctica el protagonismo que le corresponde.
Evaluación, entendida como análisis, horizontal más que fiscalizador, de las experiencias de cada territorio (por supuesto, incluyendo también las experiencias internacionales), y debate acerca de qué cuáles están funcionando y cuáles no.
Y desde ese proceso evaluador, en el que el debate público jugaría un papel central, surgirá de forma natural la necesidad de la coordinación. El análisis público de las propuestas de cada comunidad induce a la coordinación porque fomenta el aprovechamiento de las externalidades de las acciones de otros y la imitación de las mejores prácticas. De esta forma, el conjunto de la sociedad fomentaría la maximización de los efectos de nuestros esfuerzos, y ello serviría para que hagamos de la necesidad virtud y, en este contexto, nuestra pluralidad mejore nuestra respuesta a la situación económica.
Pedro Saura García, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico y secretario general del PSOE en la Región de Murcia.