El 6 de agosto de 2014, las aguas del Río Sonora, en el norte de México, se tiñeron de marrón cobrizo por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado procedentes de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, una de las empresas mineras más grandes del país. Fue un día terrible para las más de 25 mil personas que habitan en los bordes del río y para el millón de habitantes de Hermosillo, capital del estado fronterizo de Sonora, que beben el agua de la presa El Molinito. Ese desastre, que durante años fue menospreciado por la empresa minera y las autoridades locales y federales, hoy está cerca de tener un buen desenlace para las comunidades afectadas.
En la cuenca del Río Sonora, los afectados no pueden beber el agua que sale de sus grifos sin temer enfermarse. Bañarse les ocasiona trastornos en la piel. La economía sigue estancada. Según las autoridades, en dicha presa, los metales pesados que había en el agua contaminada se decantaron, lo cual los convirtió en inocuos para la población. Pero la remediación prometida por los gobiernos y la empresa nunca se ha cumplido, según los informes que realizamos con los Comités de Cuenca Río Sonora, un movimiento social que reúne a cientos de afectados y cuyo trabajo ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil y varios relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas.
Después de más de cinco años de lucha, el 15 de enero pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia —el máximo tribunal en México— concedió por unanimidad el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora. Aunque aún falta por conocer los detalles de la sentencia, esta es una victoria histórica y un argumento más contra las afirmaciones de que el río y la zona están completamente recuperados.
El amparo impugna el cierre unilateral del Fidecomiso Río Sonora, creado en 2014 mediante un acuerdo entre las autoridades ambientales y Grupo México para reparar el daño. La empresa comprometió dos mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares de ese entonces) e hizo una extensa campaña de comunicación.
Tanto Grupo México —empresa de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país— como exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del comité técnico del Fideicomiso Río Sonora, han señalado que la remediación se cumplió conforme a la ley. Pero los compromisos en materia de acceso al agua potable, atención a la salud y reactivación agropecuaria nunca se cumplieron.
El Fideicomiso fue cerrado en febrero de 2017, cuando solo se había ejercido 61% de sus recursos y sin haber completado la remediación del río ni sus proyectos más destacados, como el centro de salud de especialidades. Las razones del cierre nunca fueron compartidas con las personas de la zona; de hecho, el Fidecomiso Río Sonora en ningún momento contempló la participación de las comunidades afectadas en la estrategia de remediación o en la priorización de las acciones. Todo ocurrió en la opacidad.
La decisión de la Suprema Corte presenta diferentes escenarios: que se reabra el Fideicomiso o que se generen otros mecanismos de reparación, con participación y transparencia. Los Comités de Cuenca Río Sonora esperarán la publicación de la sentencia completa con la misma esperanza que han mantenido en la lucha todo este tiempo.
Han sido cinco años de asambleas, caravanas, visitas a las autoridades en Hermosillo y la Ciudad de México, viajes nacionales e internacionales para intercambiar experiencias con otras comunidades afectadas y presentar incansablemente su caso en diversos foros pese a las frustraciones por la lentitud y la burocracia de la justicia. Años también en los que varios relatores especiales de Naciones Unidas se han expresado sobre el caso.
El poderoso corporativo transnacional Grupo México cuenta con un amplio historial de afectaciones ambientales, a los derechos humanos y a los derechos de sus trabajadores. Hasta ahora ha salido impune y, ante la perspectiva de que esto cambie, pretende socavar la legitimidad del movimiento social y convencer a la opinión pública de que la lucha no es de la gente organizada, a quien creen incapaz de pensar por sí misma, y que los grupos de defensa de los derechos humanos tienen una agenda detrás y están siendo manipuladas por intereses políticos. Quiere cambiar el foco de la historia a voluntad.
Pero la justicia mexicana parece estar dando una señal clara a las empresas: si ocasionan daños ambientales y a los derechos de las personas, los procesos de remediación deberán ser completos, transparentes y con la participación de las comunidades; los acuerdos opacos entre empresas y autoridades son inaceptables.
Es clave que se realicen procesos adecuados para evitar y prevenir posibles impactos negativos de las operaciones empresariales. Y si ocurriera algún daño, debe remediarse de inmediato y de forma adecuada. Esta también es una señal para los inversionistas, para que consideren de forma responsable dónde invertir y cómo vincularse con las empresas para exigirles que hagan bien las cosas.
Esta victoria, que se ve cercana, es de las comunidades, de los Comités de Cuenca Río Sonora y las personas defensoras de derechos humanos que luchamos por la rendición de cuentas empresarial. Es también un mensaje fundamental para autoridades, empresas e inversionistas, y un paso clave para que finalmente llegue la tan ansiada justicia a las comunidades sonorenses y evitar desastres de esta magnitud en el futuro.
Fernanda Hopenhaym es la codirectora ejecutiva de la organización PODER.