Las conferencias iberoamericanas. Una reflexión desde 2012

Introducción[1]

Al finalizar el primer trimestre de 2012, todo parece indicar que la celebración de la XXII Conferencia Iberoamericana en Cádiz del 16 al 17 de noviembre de 2012 será un éxito con matices. El presente texto trata de demostrar que el problema de las Conferencias Iberoamericanas no debe entenderse únicamente como un asunto derivado del cansancio de un tipo de formato de celebración, de inflación de reuniones o de una crisis coyuntural de las relaciones bilaterales entre algunos países latinoamericanos y España (consecuencia de ciertos acontecimientos como las nacionalizaciones de Repsol en Argentina y de Red Eléctrica en Bolivia), sino que debe comprenderse como la consecuencia de un problema estructural de largo plazo de más profundo calado. Tras constatar los cambios que se están dando en los actores internacionales, todo parece indicar que se debe reflexionar sobre los instrumentos de negociación alternativos que se requieren para impulsar un nuevo modelo de relaciones internacionales.

Las experiencias del pasado

Las Conferencias Iberoamericanas iniciaron su andadura en 1991. Se pusieron de largo en la ciudad de Guadalajara (México), como antesala de la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de América. En aquel entonces, América Latina salía de la crisis de la deuda de 1982 y de la década perdida de 1980. Necesitaba inversión y apoyos para fortalecer sus economías y sus sistemas de partidos, engrasar sus maquinarias electorales, y acabar con la violencia y las guerrillas todavía presentes en algunas regiones. La ayuda del exterior y la cooperación técnica llegaron en el momento adecuado. En particular, México necesitaba (en aquel entonces en trámites de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994) fortalecer sus alianzas con el espacio iberoamericano para contrarrestar su acercamiento a EEUU y Canadá. España, tras ingresar en la Comunidad Económica Europea en 1986 y realizar el referéndum (12 marzo 1986) sobre la permanencia de España en la OTAN, requería estrechar sus lazos con América Latina.

Uno de los propósitos de las Cumbres fue establecer un clima de cordialidad y amistad entre los países que conforman el espacio cultural iberoamericano para generar un instrumento que ayudara a resolver los posibles diferendos y apoyar los proyectos conjuntos. Carlos Salinas de Gortari logró convencer a Fernando Collor de Mello de la importancia de que Brasil se sumara a estas conferencias iberoamericanas. Uno de los aciertos fue no introducir ninguna condicionalidad en la pertenencia al club iberoamericano (lo cual permitió la incorporación de Cuba) y no redactar una carta fundacional (brindó una amplia flexibilidad al proyecto). No por casualidad la foto de familia se convirtió en una de las claves de estos encuentros anuales. Por lo mismo, era esencial que estuvieran presentes todos los representantes de los países del club iberoamericano. Los temas que se marcaron como prioritarios para dialogar en las Conferencias Iberoamericanas fueron en los años iniciales más una excusa, que un fin en sí mismos. En los década de 1990 se priorizaron los temas de cooperación (extensión de la educación, reparación indígena), llegando a haber 15 programas activos con una dotación de 30 millones de dólares anuales. Posteriormente, se fue incluyendo un amplio abanico de temas de discusión (concertación política, desarrollo social, integración, educación, desarrollo político, valores éticos de la democracia, globalización, sistema financiero internacional, justicia y equidad, cohesión social, migraciones, gobernabilidad, juventud, innovación, transformación del Estado). Todos ellos son temas relevantes y respondieron a las necesidades de cada momento. El problema fue que la excesiva dispersión dificultó cosechar resultados al menos a corto plazo en alguno de los puntos tratados.

Durante muchos años, la asistencia a las Conferencias Iberoamericanas no se puso en duda por ninguno de los países integrantes. Sólo en ciertas ocasiones y de forma ocasional algún mandatario no acudió por causas de fuerza mayor. Los presidentes de México, Panamá y República Dominicana no pudieron acudir a la Cumbre de Santiago de Chile, el presidente de Venezuela no asistió por problemas de salud a Asunción, y el presidente de Bolivia no pudo llegar a la reunión de Mar del Plata. En todos los casos los distintos países quedaron representados por sus respectivos vicepresidentes, ministros o secretarios de Relaciones Exteriores. El problema se mostró de forma más descarnada cuando José Luis Rodríguez Zapatero no acudió a la cita de la Cumbre de Mar del Plata en 2010 (viajaron el Rey en su calidad de Jefe del Estado y la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación). Posteriormente, en la XXI Cumbre de Asunción de 2011 se puso en evidencia que un porcentaje importante de presidentes y jefes de Estado por una u otra razón no acudió. La foto de familia quedó deslucida, poniéndose en evidencia que uno de los propósitos de la reunión se había quebrado. Los participantes en la reunión de Asunción repitieron que había sido un éxito y los organizadores explicaron que en los casos que no estuvieron presentes los presidentes, acudieron en su defecto los vicepresidentes y además altos representantes políticos y diplomáticos (estuvieron presentes once presidentes y siete vicepresidentes, además de los respectivos ministros y embajadores).

Las Conferencias Iberoamericanas funcionaron exitosamente sin mostrar tensiones dignas de ser reseñadas durante los primeros 16 años. En dicho período no se dispuso de una secretaría general que coordinara las acciones y preparara las reuniones previas a las conferencias iberoamericanas, por lo que el país anfitrión organizaba el encuentro, elegía el tema de discusión y coordinaba las cuestiones logísticas. En la VIII Cumbre celebrada en Oporto en 1998 se consideró que había llegado el momento de crear una secretaría que ayudara a coordinar las acciones de las conferencias iberoamericanas. El gobierno de José María Aznar apoyó la creación de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y asumió la financiación del 80% de su coste, lo cual se tradujo en una demostración del protagonismo español en la organización de estos encuentros con el consecuente recelo de otros países. Esta sensación de distanciamiento entre España y algunos de los países de América Latina se acrecentó cuando el gobierno español apoyó las políticas belicistas antiterroristas impulsadas por George W. Bush a partir del otoño de 2001. Para tratar de dar una solución a los problemas existentes, en la XII Cumbre realizada en Bávaro (República Dominicana) en noviembre de 2002 se encargó a Fernando Henrique Cardoso que coordinara un grupo de reflexión con la misión de elaborar un plan de reforma de las conferencias iberoamericanas. Dicho plan de acción se hizo público en la XIII Cumbre de 2003 realizada en Santa Cruz de la Sierra y a continuación se planteó la necesidad de transformar la SECIB en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En la XIV Conferencia Iberoamericana celebrada en San José de Costa Rica en 2004 se ultimaron los detalles de la estructura interna y funcionamiento de la SEGIB, la cual comenzó su andadura en la XV Cumbre celebrada en Salamanca en 2005, un año después de que José Luis Rodríguez Zapatero ganara las elecciones generales en España (14 de marzo de 2004).

El buen funcionamiento de la SEGIB al mando de Enrique Iglesias y el restablecimiento de la sintonía entre muchos de los países de América Latina con el nuevo gobierno del PSOE en España (alejamiento de las políticas neoliberales, no a la guerra) ayudaron a restablecer el clima de cordialidad en las Conferencias Iberoamericanas. No obstante, a partir de 2007 aparecieron de nuevo algunas dificultades. Fueron por lo general problemas menores, pero se detectó que había un cierto cansancio en la realización anual de dichos encuentros. En la XVII Cumbre de Santiago de Chile de 2007 se generó la tensión entre el Rey de España y el Presidente de Venezuela. En 2010 la inasistencia de José Luis Rodríguez Zapatero a la XX Cumbre celebrada en Mar del Plata dio a entender que España daba un paso atrás en el tradicional protagonismo que hasta entonces había ostentado en las conferencias iberoamericanas. A su vez, el discurso de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, creada en 2004 por Cuba y Venezuela; y a la que posteriormente se fueron incorporando Bolivia en 2006, Nicaragua en 2007, Honduras en 2008, Republica Dominicana en 2008 y Ecuador en 2009) creó a su vez ciertas tensiones con España al recordar el expolio que supuso la conquista y la colonización. Una vez más las diferencias entre España y América Latina se ampliaban.

La recesión económica en España, el retorno de las políticas del Partido Popular (PP) tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, el crecimiento económico de las economías de América Latina y el deterioro de la imagen del rey de España y de algunos integrantes de su familia en la primavera de 2012 propició que en algunos países de América Latina se comenzara a poner en entredicho la aceptación del tradicional protagonismo de España en las Conferencias Iberoamericanas. Sin duda, la tensiones coyunturales creadas por las formas de llevar a cabo la nacionalización de Repsol en Argentina y de Red Eléctrica en Bolivia en abril de 2012 (aunque ambos procesos muestran diferencias apreciables) no ayudaron tampoco a generar un clima de cordialidad. La actuación del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la Cumbre Iberoamericana de Asunción (fuera de programa interrumpió la intervención de Pamela Cox, vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, para denunciar irregularidades y después abandonó la sala sin dejar opción a réplica) no coadyuvó tampoco a calmar la situación. Por su parte, el discurso impulsado por el gobierno español del PP a partir de su toma de posesión en diciembre de 2011 no ayudó tampoco a relajar algunos de los diferendos latentes. De forma pública algunos componentes del gobierno del PP manifestaron en 2012 su rechazo a las formas “populistas demagógicas” de los gobiernos de Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La Fundación FAES (semillero de las ideas del PP) publicó a comienzos de 2012 un informe titulado América Latina. Una agenda de libertad 2012 en el que subrayó el peligro que representan los países que integran el bloque del “socialismo del siglo XXI”, que califica de totalitario, enemigo de la democracia liberal y de Occidente. A su vez, la insistencia en los círculos oficiales del gobierno de España de la recuperación de la “marca España” comenzó a preocupar en algunos ámbitos de América Latina por interpretar que incorpora un planteamiento neocolonialista. Al mismo tiempo, la estrategia impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy de tratar de salir de la crisis económica potenciando un desembarco masivo de las PYMES españolas en América Latina ha sido valorada en algunos círculos latinoamericanos como un mecanismo a corto plazo diseñado para la obtención de beneficio económicos para España sin estar vinculado a un plan de acción global iberoamericano (económico, político, social, cultural) a largo plazo.

En suma, la frase del “por qué no te callas” que el Rey dirigió a Hugo Chávez en la XVII Cumbre celebrada en Santiago de Chile en 2007 no se aceptaría en Cádiz en 2012. Es posible que se generen ausencias, o que por el contrario la reunión de mandatarios se convierta en una caja de resonancia que precisamente amplifique los disensos y los enfrentamientos.

Las transformaciones internacionales actuales

En 2012 la situación de América Latina, España, la UE y EEUU ha cambiado con respecto a 1991. Las sociedades latinoamericanas han evolucionado; sus economías están creciendo; los destinos de las exportaciones se han diversificado a los mercados asiáticos; y las formas democráticas se han consolidado. Brasil se ha convertido en la sexta potencia económica mundial; el PIB per cápita de Chile se acerca al de la UE; y Perú crece a ritmos elevados. Obviamente, siguen quedando retos importantes: hay que perfeccionar el funcionamiento de las instituciones, mejorar la distribución del ingreso, avanzar en la seguridad ciudadana, reducir la violencia y la corrupción, erradicar el narcotráfico, trabajar en la implementación de reformas fiscales y desarrollar las estructuras productivas para producir más y mejor en un mundo competitivo evitando caer de nuevo en un proceso de reprimarización.

España y la UE han sido testigos también de cambios importantes en los últimos años y en especial desde 2008. La UE se expandió a 27 miembros, poniéndose de relieve la existencia de economías con diferentes velocidades; la ampliación hizo más compleja la toma de decisiones y subrayó la obsolescencia de algunas instituciones comunitarias; la alianza de facto de los gobiernos de Alemania y Francia impusieron criterios de salida de la crisis con altos costes para los países periféricos; algunas de las economías entraron en recesión necesitando ser rescatadas; las turbulencias financieras se generalizaron creando situaciones de pánico; y aparecieron algunos brotes inquietantes de tesis fundamentalistas xenófobas que reclamaron el cierre de las fronteras en los Estados miembros de la Unión poniendo en cuestión no sólo el libre tránsito de los ciudadanos suscrito en el acuerdo de Schengen (firmado en 1985 y en vigor desde 1995) sino además el espíritu de solidaridad con el que nació la UE.

Por su parte, las nuevas normas que EEUU impuso a los migrantes latinoamericanos como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, unido a los problemas económicos a partir de la crisis de Lehman Brother en septiembre de 2008, hicieron que el volumen de las remesas que se remitían de EEUU a América Latina sufrieran alteraciones. Los últimos datos indican que esta tendencia ha comenzado a revertirse. Según datos del Banco de México, en 2011 ingresaron en México 22.731 millones de pesos mexicanos por concepto de remesas familiares, lo cual representa un 6,86% más que lo recibido en 2010 (21.271 millones de pesos mexicanos). En contrapartida, el tráfico de drogas, armas y personas no sólo no ha decrecido sino que ha seguido aumentando en este período convirtiendo la frontera México-EEUU en un punto conflictivo de las relaciones entre ambos países.

Este diferente comportamiento de las regiones se ha traducido en los últimos años en un mayor acercamiento económico de América Latina a China y de un parcial alejamiento a EEUU y la UE. Los volúmenes de comercio y de inversión extranjera directa (IED) así lo atestiguan. Obviamente, hay que destacar un comportamiento desigual en la región ya que el cluster conformado por México-Centroamérica-Caribe muestra una relación comercial menor con China (las conexiones con EEUU se han mantenido casi sin cambios en los últimos años) que el conjunto del cluster de los países que integran el conjunto de América del Sur (en especial Brasil, Argentina y Perú). Al mismo tiempo, se aprecia que América Latina ha comenzado a establecer compromisos políticos regionales en los que ha dejado de forma explícita fuera a EEUU, Canadá y la UE. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un buen botón de muestra de lo que está sucediendo. No se trata de un complot bolivariano como algunos analistas han interpretado, sino el resultado natural de una región que camina en la dirección que ha decidido recorrer. Todos los países de América Latina y el Caribe forman parte de la CELAC. A su vez, hay que subrayar también que el bloque comercial de la Alianza del Pacífico (creado el 28 de abril de 2011, integrado por Chile, Colombia, Perú y México, quedando Panamá y Costa Rica de observadores) se originó con el propósito explícito de profundizar la integración entre sus economías, definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con la región Asia-Pacífico, y a la vez servir de contrapeso al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En sus bases organizativas se dispuso como requisito esencial que sus miembros se comprometieran a preservar el Estado de derecho, la democracia y el orden constitucional.

Al mismo tiempo hay que recordar que América Latina y la UE han asistido en los últimos años a un proceso de ampliación de las diferencias tanto entre los países entre sí como dentro de los mismos. La pobreza ha disminuido en términos totales y relativos, pero la distribución del ingreso no se ha corregido lo que hubiera sido necesario y los índices de convergencia no han mejorado tampoco. Todo ello se está traduciendo en que cada día sea más complicado que América Latina y la UE puedan hablar con una sola voz en representación de sus sociedades caracterizadas por una acusada heterogeneidad y que las relaciones bilaterales se muestren como una vía más pragmática y sencilla que la que supone la complejidad de las relaciones entre bloques.

Hay que mencionar también que Brasil ha adquirido un nuevo papel tanto en América Latina como en el escenario internacional. Brasil comparte fronteras e intereses con la casi totalidad de países del continente sudamericano (a excepción de Chile y Ecuador); y se ha convertido en la sexta potencia económica a nivel mundial. Hay que subrayar además que sus relaciones con Portugal en calidad de antigua metrópoli no fueron nunca traumáticas debido a las características pacificas del proceso en que se realizó la independencia a comienzos del siglo XIX (la corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro en 1808). No es casual por tanto que ni el discurso de la hispanidad ni la narrativa del victimismo colonialista tengan muchos seguidores en Brasil.

A su vez, se constata que la situación de privilegio que tuvo España durante la década de 1990 como “puente” entre la UE e Iberoamérica por pertenecer al mismo tiempo a las dos comunidades ha comenzado a mostrar algunas resquebrajaduras. La anexión de España a la UE y su claro despegue económico en las décadas de 1980-1990 fue un signo de su inserción en la modernidad, pero desde América Latina se vio por muchos como un desenganche del sur. En los momentos de auge en que España recibía fondos de cohesión y la burbuja inmobiliaria se traducía en una mejoría del nivel de vida de las clases medias y bajas, cientos de miles de migrantes latinoamericanos llegaron a participar en la fiesta. En 2012 el tren europeo ha perdido velocidad y muchos migrantes han tenido que comenzar a retornar a sus lugares de origen. Esta dinámica está siendo potenciada en el verano de 2012 por las políticas de recortes en los servicios sociales impulsadas por el PP y en concreto por la retirada de la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin regularizar. En este final de ciclo no debería sorprender por tanto que aquellos pasajeros que se quedaron entonces en el andén miren con desdén ahora a los antiguos compañeros de viaje que regresan alicaídos. El puente hacia la modernidad ha comenzado a cambiar de signo. La UE representaba para la mayoría de los ciudadanos de América Latina un anhelo, un símbolo, un modelo de sociedad por el que había que luchar. La democracia y el estado del bienestar se convirtieron desde la década de 1980 en la estación de término. Lo dramático en 2012 es que la crisis política europea está haciendo que aquel mito haya comenzado a mostrarse en América Latina como un edificio con pies de barro, un puente hacia un espejismo.

En el mundo multipolar de comienzos del siglo XXI en el que se ha previsto que los países en desarrollo representarán en 2025 casi la mitad del crecimiento del PIB mundial (36,2% en 2010; 44,5% en 2025) los antiguos equilibrios de fuerzas han cambiado sustancialmente. La división tradicional que se hacía entre “países desarrollados” y “en vías de desarrollo” ha dejado de ser operativa. EEUU ha perdido fuerza, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han ganado peso, el norte de África realiza su “primavera árabe”, Oriente Medio sigue presionando por defender sus intereses en un mundo cada vez más complicado. Mientras tanto los Emerging and Growth-Leading Economies (EAGLES) conformados en principio por los BRICS más Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Taiwán y Egipto, aunque hay que recordar que se trata de un término económico dinámico acuñado por el BBVA en el que los países miembros pueden ir cambiando con el tiempo en función de sus previsiones económicas respecto las economías desarrolladas) llaman a la puerta para ser tenidos en cuenta. Parece obvio que en este nuevo escenario los instrumentos de negociación internacional deben adaptarse a las nuevas circunstancias. Las instituciones multilaterales de gobernanza económica global como el FMI y el G20 deben modernizarse, al mismo tiempo que se debe reflexionar cómo cruzar las lógicas políticas nacionales con los problemas económicos globales.

En este contexto, el formato de  las conferencias iberoamericanas parece haber perdido parte de la fuerza y el brillo originales. La multiplicación de de cumbres no ha contribuido tampoco mucho a generar un panorama de claridad. España, como socio de la UE, forma parte de las Cumbres América Latina, Caribe, UE (ALCUE) que se celebran cada dos años. Los países de América Latina se reúnen a su vez en multitud de Cumbres transregionales (Cumbre de las Américas, Cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), Cumbre América del Sur – Países Árabes, Cumbre América del Sur y África), Cumbres Regionales Globales (Cumbres del Grupo de Río, Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, Cumbre CELAC), Cumbres macro-regionales (Cumbres del Proyecto Mesoamérica, Cumbres de la Unión Suramericana, Cumbres de la Alianza Bolivariana de las Américas, Cumbres de Petrocaribe, Cumbres del Arco del Pacífico Latinoamericano, Cumbres de la Asociación de Estados del Caribe, Alianza del Pacífico) y Cumbres subregionales (MERCOSUR, Comunidad Andina, SICA, CARICOM, Cumbres del Tratado de Cooperación Amazónica). A su vez, España y América Latina se siguen reuniendo en las cumbres iberoamericanas. Parece en consecuencia, haber una inflación del formato de Cumbres, además de un cierto solapamiento entre algunas de ellas.

Por último hay que mencionar que el mundo iberoamericano se ha ido haciendo más complejo en los últimos años. Es evidente que en América Latina, España y Portugal las lenguas oficiales son el castellano y el portugués, pero no es menos cierto que también se habla en un sinfín de otras lenguas. No hay que olvidar tampoco que América Latina ha tenido una fuerte expansión poblacional. Una cantidad creciente de millones de latinoamericanos viven en EEUU, Canadá y Europa, pero llama la atención que estos migrantes en vez de haber perdido sus culturas han llevado las suyas y han ido mestizando los hábitos en los lugares donde se han asentado. Comida, canciones, costumbres, lengua, hábitos dan buena cuenta de este cambio. Muchas de las ciudades de los EEUU y de Europa se han “latinoamericanizado”. Los latinos se han  incorporado al mundo angloamericano pero sin dar la espalda a sus bases culturales de origen. A su vez, hay que recordar que América Latina es América, pero también es un reflejo de África, EEUU, Canadá, Europa y comienza a serlo también de Asia. Sigue siendo un crisol de cultural. Por todo ello, no hay que olvidar que sin duda tiene importantes lazos culturales con España y Portugal, pero también con otras regiones y culturas. América Latina es plural y diversa, al igual que lo son la UE, EEUU y Canadá.

Los retos a corto plazo de la Cumbre de Cádiz de 2012

La realización de la XXII Conferencia Iberoamericana en Cádiz en noviembre de 2012 presenta algunos retos. La actual profunda crisis económica de España y de la UE, en comparación al buen desempeño de las economías latinoamericanas (con matices según los países) frente a las turbulencias financieras internacionales está haciendo que la comunidad iberoamericana muestre algunas tensiones en su seno.  A su vez, se aprecia que las circunstancias internacionales han cambiado, que los agentes se han multiplicado en los últimos años y que los organismos internacionales de coordinación de políticas y de resolución de conflictos han crecido en número sin una buena coordinación entre sí. A su vez, la apretada agenda de los presidentes y jefes de Estado iberoamericanos se ha traducido en una sensación de “cansancio”, de “cumbritis”.

Hay que reconocer que la reunión de Cádiz no se va a realizar en el mejor momento de la historia de las conferencias iberoamericanas, pero es evidente que si bien estas circunstancias significan un reto añadido para la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana no tendrían en principio que traducirse de forma automática en un desdoro de la convocatoria y mucho menos en una puesta en duda de la esencia de las mismas. No obstante, hay que advertir que algunos aspectos coyunturales podrían acabar generando algunos quebraderos de cabeza en el corto plazo si no se les presta la debida atención.

De forma particular hay que subrayar que la celebración de la Constitución gaditana de 1812 en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de 2012 podría potencialmente convertirse en un conflicto si no se explica convenientemente qué tipo de conmemoración se va a hacer. Tratar de defender que la constitución de Cádiz de 1812 fue el texto en el que se inspiraron las cartas fundacionales de las repúblicas latinoamericanas no se sostiene históricamente. Es cierto que en el Cádiz de 1812 se reunieron las tesis liberales que circulaban por el espacio atlántico y también que algunas de las ideas más avanzadas fueron defendidas precisamente por los diputados americanos. Cádiz se convirtió en el epicentro de la discusión atlántica de cómo superar pacíficamente las sociedades estamentales del Antiguo Régimen basadas en la existencia de privilegios y diferencias. Uno de los puntos centrales fue el reconocimiento de que todos los ciudadanos debían ser iguales ante la ley. No obstante, no hay que dejar de subrayar que el texto final de la Constitución de 1812 no fue tomado como base única por muchas de las constituciones fundaciones de las repúblicas latinoamericanas en los primeros años del siglo XIX. Unas se redactaron antes de 1812; y otras tuvieron marcadas influencias de las Cartas Magnas de EEUU (1787) y Francia (1791, 1793). Que los presidentes y jefes de Estado de los países republicanos latinoamericanos lleguen a Cádiz en 2012 a celebrar la libertad y la independencia y que les reciba un monarca que les recuerde que sus independencias se hicieron siguiendo un texto fundacional hispánico podrá ser interpretado por algunos como un mal sueño. Las independencias latinoamericanas, a excepción de Brasil, hicieron una defensa de las formas republicanas tras interpretar que la mayoría de los males de la “ominosa opresión colonial” que había sufrido se debían a la monarquía centralista.

Cuando se analizan las discusiones que los diputados tuvieron en las Cortes de Cádiz, se comprueba que no se habló exclusivamente de cómo solucionar el problema del vacío de poder generado por la abdicación de Fernando VII y de la pérdida de la soberanía nacional como resultado de la ocupación de la Península Ibérica por las tropas napoleónicas. El problema de calado en que se invirtieron muchas horas fue idear cómo se podían volver a rearticular los antiguos territorios que componían la monarquía imperial. Hay que subrayar que estas discusiones no tuvieron un ámbito local, sino que deben inscribirse en el contexto de una línea de pensamiento atlántico a largo plazo en el que participaban pensadores franceses, italianos, ingleses, alemanes, portugueses, estadounidenses, además de los iberoamericanos. La Constitución de Cádiz debe ser entendida por tanto como una pieza de una compleja red de una revolución atlántica occidental. Primero fue la constitución de EEUU en 1787, siguió Francia en 1791 y 1793, continuó Cundinamarca en 2011, Nueva Granada en 2011, Venezuela en 2011 y Cádiz en 1812. Posteriormente se fueron aprobando las constituciones de todos los países de América Latina a lo largo del siglo XIX. No se puede interpretar que el modelo se originó en un punto y que después fue copiado en sucesivas etapas por el resto. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX las ideas políticas iban y venían en todas las direcciones configurando un proceso de retroalimentación constante. Los pensadores eran viajeros permanentes. Los Bolívar, Miranda, Blanco White, Bello, Nariño, Rocafuerte, Alamán, Adams, Jefferson, Rousseau, Canga Argüelles pasaban largas temporadas en Londres, Paris, Viena, Cádiz, Roma, Lisboa, Caracas, México, Buenos Aires, Filadelfia. Los libros, periódicos, hojas volanderas, gacetas y comunicados discurrían con bastante celeridad entre una élite culta y los clubes servían de altavoces para difundir estas ideas entre un conjunto de la población más amplio. No había ni teléfono, ni internet, pero las ideas fluían con rapidez.

La mayoría de los diputados americanos presentes en las discusiones de las Cortes de Cádiz pelearon por preservar la autonomía política de sus regiones y para ello plantearon la posibilidad de construir una especie de Commonwealth hispánica. Los datos históricos son conclusivos. Tras acalorados debates sobre la proporcionalidad de la representatividad que debían tener los distintos territorios en las Cortes, y ante la defensa que los diputados peninsulares hicieron de sus privilegios, a los representantes americanos en las Cortes de Cádiz de 1812 no les quedó más opción (el caso de México es representativo, ya que lo volvió a intentar en las Cortes de Madrid de 1820) que la independencia al no reconocerse que la representación política debía estar ligada al número de habitantes (el total de la población americana era más numerosa que la peninsular). La intransigencia de algunos connotados liberales de los reinos de la Península Ibérica no funcionó como un buen libreto para lograr la reunificación de los territorios de la Monarquía imperial y la participación de los distintos grupos sociales y culturales. Irónicamente, el Estatuto de Bayona de 1808 fue más liberal que la Carta Magna de 2012 en algunos aspectos, pues dispuso que los reinos y provincias de América y Asia gozarían de los mismos derechos que los de la Península Ibérica (artículo 87), se garantizaría la libre circulación de mercancías entre todos los reinos (artículo 89), se prohibiría cualquier privilegio de exportación o importación (artículo 90) y se aseguraría una proporcionalidad de representantes americanos para defender sus intereses (artículo 91). La actitud de Fernando VII cuando regresó en 1814 e invalidó la Constitución de 1812 canceló cualquier posibilidad de confiar en España como gozne capaz de aglutinar una comunidad iberoamericana de naciones.  En suma, es innegable que Cádiz fue un foco donde se generaron ideas de libertad y de igualdad, pero no es menos cierto que no fue capaz de impulsar el espíritu de asociación entre las partes de la antigua monarquía imperial que trataron de impulsar muchos de los diputados americanos.

La relación del coste-beneficio de las conferencias iberoamericanas será un tema que se tendrá también que revisar en España en algún momento. En una etapa de recortes tan duros impulsados por el ejecutivo liderado por Mariano Rajoy (se ha reducido en 2012 el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un 45%), se tendrá que explicar cuánto cuesta mantener la estructura de la SEGIB (al menos el 60% está financiado por España) y de la Fundación Carolina y valorar qué beneficios políticos, económicos, sociales y culturales tiene la celebración de las Cumbres en el corto, medio y largo plazo. Soraya Sáenz de Santamaría declaró (22 de mayo de 2012) que el presupuesto para la XXII Cumbre Iberoamericana tendría un recorte del 50% (la Cumbre de Salamanca tuvo un presupuesto de 10 millones de euros, mientras que la de Cádiz tendrá sólo cinco). Será inevitable mostrar las cuentas públicas con total transparencia para que los ciudadanos conozcan con precisión qué aporta cada uno de los gobiernos iberoamericanos para el mantenimiento de estos encuentros, de qué forma colaboran las empresas españolas con presencia en América Latina en la financiación de estas conferencias y cómo se realiza el gasto. En épocas de vacas flacas, las ostentaciones o la opacidad en las cuentas públicas no son bien vistas por una ciudadanía que cada día paga más impuestos y recibe menos y a veces peores servicios públicos.

Debería tenerse en cuenta también que el haberse potenciado en Cádiz los temas económicos y en especial al apoyo a las empresas españolas para ayudar a impulsar el crecimiento en España, sin haber haberse explicado oportunamente que dicha estrategia se tendría que inscribir en la discusión de un plan global (que deberá ser consensuado por todos los integrantes del conjunto iberoamericano) que vincule los asuntos económicos, con los políticos, sociales y culturales de todas las partes, podría ser interpretado por algunos de los participantes de la Cumbre Iberoamericana como una estrategia del gobierno español para favorecer prioritariamente sus intereses económicos sobre el resto de los temas. Habría en consecuencia que evitar que una posible excitación de los nacionalismos acabe poniendo en entredicho el espíritu de cordialidad, amistad y solidaridad con el que nacieron las Cumbres en 1991.

Habría que tener en cuenta por último que, dada la situación económica, social y política de España, la reunión de los presidentes y jefes de gobierno iberoamericanos en Cádiz podría convertirse potencialmente en un escaparate contra el que dirigir las críticas y las protestas. La tensión social que se ha generado en España como consecuencia de la crisis económica, la forma de realizar los recortes y la ausencia de explicaciones claras por parte del gobierno del plan que está llevando a cabo se está traduciendo en una profundización de la percepción de distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía. Cádiz podría pasar así de un espacio de celebración, una Cumbre más, a un lugar simbólico de confrontación social en el que algunos grupos aprovechen para reclamar la recuperación de las libertades y los derechos que se comenzaron a ganar en 1812 y se están perdiendo en 2012.

Posibles estrategias a largo plazo para discutir

En los últimos años, tras comprobar que existe un cierto cansancio en la celebración anual de las conferencias iberoamericanas, se ha comenzado a manejar la idea de que sería conveniente realizarlas cada dos años; se ha subrayado que debería cambiar parcialmente el formato a fin de potenciar las reuniones entre los mandatarios a puerta cerrada sin guión preestablecido (sin asesores, ministros, ni periodistas) para permitir un dialogo ágil entre los participantes; y se ha reiterado la importancia de definir adecuadamente las agendas y los temas prioritarios de discusión. Sin duda, hay que dejar claro que, dado que se trata de un proyecto común iberoamericano, cualquier transformación en el formato de la celebración de las conferencias iberoamericanas tendrá que ser discutido y consensuado por todos los jefes de Estado y de gobierno de los países integrantes.

La propuesta de realizar las conferencias iberoamericanas cada dos años no supone en ningún caso una desvalorización del trabajo realizado en los 21 de vida de estos encuentros, ni conlleva interpretar que en los últimos años ha habido una disminución en la calidad de las discusiones o en la procedencia de las líneas de acción emprendidas. Todo lo contrario. Sirva como botón de muestra que en las últimas reuniones se han alcanzado acuerdos importantes como el Compromiso sobre Migraciones y Desarrollo (2006), el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (2007), el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (2007), el proyecto Metas 2021 sobre educación (2010), el Espacio Iberoamericano del Conocimiento de Educación Superior (2005) y la Iniciativa Iberoamericana de movilidad académica de posgrado “Pablo Neruda” (2007). No hay que olvidar tampoco que en estos años se ha avanzado también mucho en las relaciones económicas, sociales y políticas a través de la celebración de los Encuentros Empresariales y Cívicos y los Foros Parlamentario y de los Gobiernos locales. Sin lugar a dudas, las Conferencias Iberoamericanas han sido en las últimas dos décadas un espacio de negociación útil. No es casual que Bélgica, Filipinas, Francia, Italia, Marruecos y Países Bajos (Haití lo hará de forma inmediata) se hayan incorporado como países en calidad de “observadores asociados” y que importantes organismos intergubernamentales internacionales participen como “Observadores consultivos” (BID, CAF, FAO, FLACSO, OCDE, OECO, PMA, SELA, UNIÓN LATINA). Las conferencias iberoamericanas  han tenido la capacidad de convertirse en un foro permanente de diálogo, cooperación y concertación de todos los países latinoamericanos, más España y Portugal. La defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades han sido sus valores fundamentales desde su creación; y su carácter incluyente, independientemente del color político de los respectivos gobiernos, ha garantizado durante décadas el diálogo constructivo entre todas las partes. Sin duda, la gestión de coordinación realizada por Enrique Iglesias al frente de la SEGIB ha tenido mucho que ver en estos éxitos.

La idea de distanciar en el tiempo las citas de las cumbres parece en un principio una estrategia adecuada que permitiría relajar las agendas de los mandatarios, cargadas en exceso de reuniones internacionales. La propuesta parece razonable por lo que sin duda será adoptada sin muchos problemas en la reunión de Cádiz. La definición de las agendas y la selección de los temas preferentes de discusión en las futuras conferencias iberoamericanas contribuirán al éxito de las reuniones, pero no parece que resolverán por sí solas los problemas estructurales. El problema de las cumbres no se solucionará de forma automática con la aplicación únicamente de una transformación del formato, ya que se ha generado la necesidad introducir algunos cambios estructurales a largo plazo. Uno de los problemas actuales de las conferencias iberoamericanas radica precisamente en su adaptación al nuevo entorno internacional.

No se trata de cancelar las conferencias iberoamericanas -ya que Iberoamérica sigue siendo un bloque con unas potencialidades culturales, económicas, políticas y sociales que nadie discute-, sino de relacionarlas con otros mecanismos de concertación y diálogo internacionales evitando que ello suponga la renuncia de sus señas básicas de identidad. Parece evidente que ante una proliferación de cumbres de distinto tipo (entre los países de América Latina entre sí, con España, la UE, EEUU, los países árabes, la cuenca del Pacífico), de una modificación de los equilibrios internacionales, de una transformación de las sociedades y de un distanciamiento de las tradicionales formas de hacer política (partidos políticos, sindicatos) con la ciudadanía, sería razonable reflexionar sobre qué acciones se deberían emprender para que en las próximas décadas se abran nuevos espacios que permitan seguir avanzando en la construcción de sociedades democráticas, permisivas y plurales, capaces de conectar las necesidades locales, con las nacionales e internacionales. Es evidente que se ha avanzado mucho en las dos últimas décadas en la internacionalización de las economías, pero no se puede decir lo mismo de la globalización de la política. Las dinámicas de los mercados con reglas de comportamiento compartidas no se combinan bien con el funcionamiento de unos espacios políticos nacionales en los que algunas de las decisiones se siguen tomando de forma aislada con el propósito de mantener privilegios (nacionales, regionales o locales), alimentar clientelas políticas o asegurar la pervivencia de prácticas proteccionistas. La democracia y el mercado deben reajustarse a comienzos del siglo XXI; los nacionalismos deben adaptarse al nuevo escenario internacional.

En un mundo internacionalizado como el actual parecería oportuno incardinar las conferencias iberoamericanas en un contexto más amplio. El espacio atlántico-occidental podría convertirse en un marco de referencia interesante a tener en cuenta en los próximos años, siempre y cuando se adopten algunas precauciones. Ello ayudaría, sin duda, a desespañolizar las cumbres. El espacio atlántico-occidental se comenzó a configurar en el siglo XVI y ha venido madurando a lo largo de los últimos cinco siglos. Conformado por EEUU, Canadá, Europa, América Latina, Caribe y amplias regiones del continente africano colonizadas por potencias europeas, muestra diferencias entre sí y dentro de sí (lenguas, costumbres, dietas, hábitos), pero también es cierto que todos los países de este amplio espacio comparten valores culturales y comportamientos económicos comunes que les distingue del mundo islámico o asiático. Es el resultado de una lenta expansión en la que se han ido incorporando diferentes culturas y formas de vida a lo largo de siglos (a veces de forma traumática). El Estado de derecho, el funcionamiento transparente de las instituciones, el respeto a los derechos humanos, la democracia, el poder del diálogo para llegar a consensos, la división de poderes, el reconocimiento del esfuerzo personal como base de la superación y mecanismo de la movilidad social, la existencia de reglas claras que fomenten la competitividad, la preservación de la libertad, el reconocimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la defensa de la gestión pública transparente y la separación de la fe de la ciencia son algunos valores básicos compartidos en el mundo occidental-atlántico.

El mundo iberoamericano tiene unos valores culturales propios indiscutibles, pero no hay que olvidar que forma parte además del espacio atlántico-occidental. Las migraciones, las inversiones, el comercio y los medios de comunicación están haciendo a comienzos del siglo XXI que las fronteras físicas de los Estados-nación (económicas, políticas y culturales) creadas en el siglo XIX estén dando paso a la formación de espacios más complejos en los que se hace complicado saber donde acaban unos y comienzan otros. Millones de latinoamericanos viven y trabajan en EEUU impulsando su desarrollo; Europa y EEUU invierten en América Latina fomentando el crecimiento; empresas europeas y latinoamericanas comparten sus experiencias y vinculan sus intereses; y turistas de diferentes lugares de ambas orillas del Atlántico cruzan sus destinos diariamente. Las economías se han globalizado y las sociedades se han mezclado entre sí. Mientras tanto algunas de las estructuras políticas de los Estados han comenzado a mostrarse obsoletas. Los gobiernos nacionales se ven atrapados entre las demandas locales y las exigencias de los mercados internacionales. Los partidos políticos y sindicatos sirven muchas veces más a sus propios intereses clientelares internos que a los ciudadanos y trabajadores a los que representan. Algunas de las decisiones políticas más importantes que afectan a la vida diaria de millones de personas se toman fuera de los Congresos nacionales y no son sometidas al necesario debate parlamentario previo. No es casual por tanto que la sensación de frustración que comienzan a tener los ciudadanos con respecto a los políticos se esté generalizando. No es sólo un problema de corrupción que la crisis está haciendo más patente. Es algo más profundo. Se trata de un alejamiento entre representantes y representados. Todo parece indicar, por tanto, que se debe hacer una reflexión sobre las estructuras políticas existentes. No se trata de un simple maquillaje. Es la hora de que los espacios políticos se adapten a unas sociedades transformadas y unos mercados ampliados. No sobran unos, ni faltan otros. Simplemente se trata de volver a coordinar sus dinámicas. Las narrativas históricas deben readaptarse a las nuevas situaciones. Los discursos nacionalistas deben ser repensados.

El mundo atlántico-occidental maduró a comienzos del siglo XIX con la superación de la lógica estamental de las sociedades del Antiguo Régimen absolutistas y la llegada de la teoría política liberal defensora de la igualdad del ciudadano ante la ley y del liberalismo económico promotor del juego de la oferta y la demanda en el contexto de reglas claras iguales para todos los agentes. Los Estados-nación nacieron con el constitucionalismo liberal y potenciaron los discursos nacionalistas. A comienzos del siglo XXI se observa que el empuje de la internacionalización económica ha evidenciado un desajuste entre las ampliadas fronteras económicas y las políticas de los Estados-nación.

La Cumbre Iberoamericana de Cádiz debería aprovechar para rescatar la trayectoria de largo plazo en la que nació la Constitución de 1812. No se trata de un texto constitucional nacido en la isla de San Fernando ex nihilo, sino quedebeser entendido en el contexto de las revoluciones atlánticas del mundo occidental. En Cádiz de 1812 los diputados llegados en representación de todos los reinos integrantes de la monarquía hispánica se reunieron para discutir y aprobar una constitución liberal superadora de las rigidices del absolutismo. Tenían claro cuáles eran las potencialidades de la creación de un espacio global compartido que fuera capaz de respetar la autonomía regional. Utilizaron los conceptos de libertad e igualdad que estaban presenten en el mundo atlántico-occidental. Conocían y manejaban con soltura los conceptos de los autores franceses, alemanes, estadounidenses, ingleses, italianos, holandeses, españoles y portugueses. Combinaron la tradición jurídica escolástica hispánica del siglo XVI con las ideas de la ilustración del siglo XVII y el ideario político liberal de comienzos del siglo XIX, demostrando que lejos de ser posiciones contradictorias e incompatibles entre sí formaban parte todas ellos de la tradición atlántica-occidental. No obstante, por diferentes causas, la pretensión de crear una comunidad iberoamericana (una especie de Commonwealth hispánica, ya que el artículo 1 de la Constitución declaraba que “La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”) no sólo no se logró, sino que se dio origen a la creación de múltiples Estados-nación. La historia de los siglos XIX y XX ha dado buena cuenta de este proceso. En 2012 se debería reflexionar sobre la necesidad de volver a recuperar el sentido de pertenecía al espacio atlántico-occidental. En el mundo internacionalizado del siglo XXI los Estados-nación tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias. No se trata de borrar el pasado, ni eliminar las fronteras actuales. Tampoco de aferrarse de forma numantina a estructuras ineficientes. Parece evidente, por tanto que si hay que comenzar a repensar la narrativa de los nacionalismos, se necesitaría contar con una historia del espacio atlántico-occidental. No se trata  de escribir una suma de historias nacionales, sino de explicar cómo se fueron construyendo unos valores compartidos. El reto que se plantea es complicado. Las historias patrias basaron su narración en la exaltación de lo propio y la negación del contrario, del vecino. Ahora se requiere de buenos historiadores que expliquen que antes de la creación de los Estados-nación había más conexiones y sinergias en el mundo atlántico-occidental que las que nos han contado las historias nacionales decimonónicas. Se necesitan buenos politólogos, sociólogos, economistas y antropólogos que sean capaces de idear cómo se deberían conectar el Estado, el mercado y la Nación en el nuevo marco internacional.

El espacio atlántico-occidental podría suponer un nuevo marco de negociación que permitiría una mayor cohesión de las sociedades que la componen y una ventana de oportunidad para competir mejor en los nuevos escenarios internacionales (mundo asiático o islámico). Un espacio ampliado permitiría mejorar la educación y la investigación; garantizaría inversiones estratégicas en las regiones que lo necesitan; ayudaría a construir las infraestructuras que se requieren para fomentar el desarrollo en las regiones deprimidas; permitiría disponer de mano de obra cualificada; facilitaría la realización de asociaciones entre grandes empresas y PYMES; impulsaría los flujos comerciales; garantizaría los avances democráticos y la consolidación del Estado de derecho; posibilitaría la extensión de la paz y la reducción del narcotráfico; y generaría un clima de solidaridad en el marco institucional adecuado. En la medida que haya intereses compartidos, habrá un proyecto atlántico-occidental. A medio y largo plazo habrá que ir coordinando mejor las cumbres existentes para evitar solapamientos, duplicidades y contradicciones. En un mundo globalizado competitivo y multipolar como el de comienzos del siglo XXI, se puede optar por andar en solitario (lo cual supone ser absorbido casi de forma inmediata), apostar por ser cola de león integrándose como socio débil en asociaciones fuertes con la esperanza de ser protegidos, o decidirse por crear una asociación estratégica que siendo competitiva en el plano internacional asegure la solidaridad del crecimiento económico y la solidaridad y el respeto a la pluralidad entre sus partes. Parece que hay que caminar en esta dirección. La ciudadanía ya lo ha comenzado a hacer desde hace años. Estudiantes, turistas y empresarios viajan sin cesar cruzando las fronteras de los distintos países que componen esta comunidad atlántica occidental. Comparten vidas y cruzan experiencias. América Latina, EEUU, la UE y África se necesitan.

Es evidente que la coyuntura actual requiere de un proyecto global ambicioso. América Latina está en un momento de expansión económica. España está en recesión. La UE se encuentra en un momento económico delicado en términos coyunturales (crisis financiera) y en una etapa de preocupación política y social debido a que se está redefiniendo el modelo de Europa que se quiere construir para las décadas futuras. La CELAC se presenta en América Latina como un proyecto de futuro propio, desvinculado de EEUU y la UE. En EEUU los conflictos internacionales han hecho que la Casa Blanca mire momentáneamente de forma prioritaria hacia otras regiones, habiendo quedado América Latina en un aparente segundo plano. Al sur del Río Bravo se ha alcanzado una normalidad democrática, no hay guerras ni guerrillas como en décadas pasadas, pero preocupa la escalada de violencia, el ascenso de la corrupción, el narcotráfico y la emigración descontrolada. La crisis financiera actual no es equiparable a la de 1929. El problema actual no es únicamente económico. El desajuste entre la economía y la política está haciendo a comienzos del siglo XXI que parte de la sociedad vaya quedando marginada, generándose importantes bolsas de exclusión. Como se viene repitiendo en distintos foros, no se trata de ganar las próximas elecciones, sino de ganar el acomodo de las próximas generaciones. El reto actual es arreglar las cuestiones domésticas de cada economía nacional en un contexto globalizado. El problema es que de momento no contamos con los instrumentos internacionales adecuados de negociación. No se trata de defender sólo a unas empresas con inversiones en el exterior, sino de construir aparatos productivos competitivos internacionales basados en la incorporación de innovación y tecnología en vez de mano de obra barata. Como tantas veces se repite, se tienen que tomar medidas para solucionar problemas locales partiendo de un contexto global; y viceversa, se tienen que diseñar estrategias globales sabiendo que generarán resultados diferentes locales como consecuencia de sus distintas circunstancias. Las conferencias iberoamericanas por si solas no tienen la capacidad de dar respuesta a estos problemas, pero podrían convertirse en el embrión de la recuperación del proyecto atlántico-occidental que comenzó a mostrar sus potencialidades en 1812.

En suma, todo parece indicar que es necesario resintonizar las necesidades políticas con los imperativos económicos y los cambios sociales. En la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre de 2012 se debería plantear cómo rescatar y ensanchar el modelo del Estado del bienestar en el marco de un mundo occidental-atlántico extendido. El proyecto iberoamericano no debe ser entendido como excluyente del atlántico, ya que como se ha demostrado forma parte del mismo. Por lo mismo, no es comprensible que a comienzos del siglo XXI no se haya avanzado lo suficiente en el espacio educativo iberoamericano, ni se haya creado un fondo de becas para potenciar el cruce de experiencias y aprendizajes. Resulta inexplicable que no seamos capaces de ver las potencialidades que se pueden extraer de pertenecer a una comunidad de unos 600 millones de habitantes. No es creíble que en vez de hablar de la necesidad de crear fondos de cohesión para reducir las disparidades en Iberoamérica se esté apostando por los recortes. Es necesario invertir en educación, ciencia, tecnología, infraestructuras, sanidad y sobre todo en el fortalecimiento institucional de los Estados. La pobreza, la desigualdad social, la violencia, la corrupción y el narcotráfico no son sino consecuencias en la debilidad del Estado. Con Estados debilitados o semifallidos no se podrá crecer equilibradamente. Para fortalecer la productividad y la competitividad internacionales es necesario establecer programas a corto, medio y largo plazo. No se puede crecer a largo plazo sin apoyar estructuras productivas complementarias. Sin duda, las narrativas nacionalistas han funcionado en muchos casos como barreras excluyentes. La agitación de banderas y la exaltación de discursos patrióticos no parece que sea la forma adecuada que facilite sumar y coordinar voluntades y sentimientos. Deberíamos aprovechar el hecho de que el mundo iberoamericano tendrá una población económicamente activa de 440 millones de habitantes en 2040 (según datos de la CEPAL) y alcanzará los 750 millones de habitantes en 2050. No parece razonable poner barreras y trabas a este potencial.

A comienzos del siglo XXI hay que hablar de la necesidad de aumentar el número de ciudadanos con obligaciones (fiscales) y derechos (servicios públicos), pero para ello es urgente que millones de individuos salgan de la pobreza y otros no pierdan sus empleos. Es condición necesaria que las instituciones funcionen correctamente y que una administración de mérito y capacidad gestione lo público evitando la corrupción y los gastos improductivos. Sin trabajo no hay impuestos y sin éstos el Estado se debilita. Es la hora de hablar de las nuevas formas de representación política y de participación ciudadana. Para ello necesitamos definir con claridad un proyecto de futuro ambicioso capaz de incluir las diferencias sin la tentación de impulsar homogeneizaciones culturales o lingüísticas. Un proyecto global, con sensibilidades de las partes que lo componen. Toca hablar de política con mayúsculas; no es el momento de los discursos patrióticos (de cualquier signo). Hay que pensar marcos de convivencia pacífica en los que se coordinen adecuadamente las dinámicas internacionales, nacionales, regionales y locales. Hay que resintonizar los intereses y percepciones de los Estados-nación, las provincias, las regiones, las autonomías y los municipios. Un mundo homogéneo unipolar no es posible. Una miríada de reinos de taifas tampoco. Necesitamos una nueva arquitectura de articulación política internacional. No es posible tratar de seguir aferrados a lo que comprobamos que ha dejado de servir. No hay que negar el pasado y descalificar lo que tenemos. Necesitamos imaginación para idear un mundo renovado para volver a reubicar las piezas. Los historiadores nos ruborizamos cuando leemos las discusiones de los pensadores de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y las comparamos con lo que se dice y publica hoy día.

El mundo atlántico toca de nuevo la puerta del siglo XXI y reclama una reflexión sobre la operatividad de la estructura política actual y de los instrumentos de negociación internacional existentes. Todo parece indicar que no se puede seguir viviendo en un mundo económico universalizado con unas reglas de comportamiento generales integrado por piezas políticas con regulaciones individualizadas no sólo mal interconectadas, sino a veces antagónicas. La globalización económica ha hecho su trabajo de universalización del mundo. Toca el turno a la política de mover ficha. Se necesita revisitar una vez más el pasado para poder imaginar nuevos escenarios de futuro liberados de algunas de las narrativas históricas nacionalistas que partiendo de visiones excluyentes desfasadas no nos dejan comprender a comienzos del siglo XXI las potencialidades que tenemos delante de nosotros.

Pedro Pérez Herrero, Universidad de Alcalá

[1] Agradezco a Fernando García Casas (director del Gabinete del Secretario General de la SEGIB), Elena Flores Valencia (investigadora asociada del IELAT), Carlos Malamud (Investigador Principal del Real Instituto Elcano) y María Solanas Cardín (colaboradora del IELAT) los inteligentes comentarios que hicieron a un primer borrador de este texto, ayudando a matizar algunas de las afirmaciones originales. Obviamente, no son responsables de ninguna de las interpretaciones que se hacen en el mismo.

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