Las consecuencias del éxito de las vacunas

El debate sobre las vacunas encierra una gran paradoja. La vacunación constituye la política de salud pública que más eficacia ha mostrado en la prevención de las enfermedades en las últimas décadas, pero es también la que genera mayor controversia en la sociedad. Ello es debido al propio éxito de las vacunas. En aquellos países en los que las tasas de vacunación han obtenido los mayores logros es donde precisamente las vacunas son vistas con mayor sospecha. Así, parece que el olvido en el que han caído muchas enfermedades que hasta hace pocas décadas asolaban la humanidad es lo que provoca la sensación en parte de la sociedad de que las vacunas ya no son necesarias.

Junto con este motivo pueden destacarse dos más: su propia condición de medicina preventiva (se propone su aplicación antes de que exista la enfermedad y, precisamente, para evitarla) y el hecho de que los excepcionales casos de daños provocados por las vacunas tienen mucho más eco que los datos estadísticos, mucho más fríos, que vienen informando en los últimos años de sus virtudes clínicas.

A todo ello se une la propia actitud de los poderes públicos, que desde hace unos años parecen haberse olvidado de la importancia de las vacunas, admitiendo que en el ámbito de la salud pública debe operar el principio de autonomía, es decir, que las vacunas, como otros tratamientos médicos, sólo pueden aplicarse voluntariamente y que, por tanto, debe aceptarse el rechazo de los ciudadanos a la vacunación. Ejemplo de ello es la reciente Ley General de Salud Pública, que señala que las políticas de salud pública (léase, entre ellas, las vacunas) deberán respetar la libertad de los ciudadanos.

Esta posición de ciertos sectores de la sociedad y de los propios poderes públicos ha encontrado la respuesta que muchos expertos en la materia venían anticipando: la reaparición de enfermedades y de algún brote. Por ello, muchos países están adoptando ya medidas al respecto. Así, de un modelo basado en el respeto a la autonomía y en el que se pretendía que la sociedad aceptara las vacunas a través de medidas educativas se camina hacia un modelo que promueve, en determinados supuestos, la vacunación obligatoria. Es cierto que dicha vacunación obligatoria supone una intromisión en la integridad de las personas. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando lo que está en juego es la propia salud de la colectividad y cuando se respetan determinados principios legales (véase, esencialmente, el principio de proporcionalidad) no debe haber reparo legal alguno para admitirlo.

Cierto es que no estamos aún ante un conflicto de dimensiones relevantes, pero el Derecho ha de trabajar en su prevención, adelantándose a que determinados hechos o tendencias futuras vengan a confirmar que lo que la actualidad nos muestra hoy sea, en realidad, la punta de un iceberg. Por ello, y tal y como se está haciendo ya fuera de España, sería importante que en nuestro sistema jurídico se modificara el actual modelo de vacunación basado en la libre voluntad de los ciudadanos y se avanzara hacia fórmulas con las que realmente se proteja la salud de la colectividad, modificándose la Ley General de Salud Pública a este respecto e implementándose un modelo de vacunación obligatoria con salvaguarda del principio de proporcionalidad.

Federico de Montalvo Jääskeläinen, vicepresidente del Comité de Bioética de España.

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