Las consecuencias económicas de un parlamento sin una mayoría absoluta

Se suponía que la elección que acaba de tener lugar en el Reino Unido iba a arrojar -como decía el eslogan de campaña del Partido Conservador- un gobierno "fuerte y estable". Terminó consiguiendo lo contrario: el resultado fue un parlamento sin una mayoría absoluta y la posibilidad de otra elección general más avanzado el año.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para concluir las negociaciones con los otros 27 miembros de la UE sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Para cualquiera que tenga idea de lo exigentes y complicadas que serán las conversaciones por el Brexit, y de lo mal preparados que están para ellas los políticos y los funcionarios británicos, la perspectiva es desalentadora.

Si bien un parlamento sin una mayoría absoluta, en momentos en que los Tories intentan formar un gobierno minoritario, podría inclinar la política británica en dirección de un Brexit "más blando", por lo menos en términos de la futura relación comercial con la UE, tal vez deje a los líderes políticos de Gran Bretaña en peores condiciones para llevar adelante las negociaciones. Los británicos tendrán que esperar que los líderes de la UE estén dispuestos a mostrar cierta compasión: después de todo, el único mensaje claro de los votantes fue su falta de confianza en las alternativas sobre la mesa.

Sin embargo, la economía del Reino Unido enfrentará desafíos importantes -para nada ignorados durante la campaña electoral- aún sin el Brexit. Uno es el abismo entre los ganadores y los perdedores del comercio y la tecnología, una brecha que ayuda a explicar el voto pro-Brexit del año pasado.

A esto se vincula el nivel sorprendentemente bajo de productividad del Reino Unido. Por supuesto, la brecha entre ganadores y perdedores -que, en términos generales, corresponde al mapa electoral- no es exclusiva de Gran Bretaña; ha incitado al populismo y otras formas de políticas anti-establishment en Occidente. Tampoco el Reino Unido es el único país que está experimentando un crecimiento plano o lento de la productividad.

Pero el nivel de productividad del Reino Unido es un 16% más bajo que el promedio del G7. Y es, por lejos, la economía más desigual a nivel regional de la UE.

Las consecuencias económicas de un parlamento sin una mayoría absoluta

Para mejorar la productividad del Reino Unido, las regiones del país con un desempeño peor del esperado deben mejorar sus resultados. El voto del Brexit torna doblemente necesario centrarse en estas regiones más pobres: es preciso encarar la política divisiva que apuntaló la estrecha mayoría del Leave (Irse) y minimizar el daño económico que seguramente causará la ruptura con los principales socios comerciales del Reino Unido, especialmente si la negociación no es buena.

La mayor esperanza de enfrentar los profundos problemas estructurales surgió con el anuncio previo a la elección del gobierno de May de su intención de adoptar una estrategia industrial. Si bien la política industrial está en línea con los instintos corporativistas de May, las clases políticas del Reino Unido han sido alérgicas a la idea desde fines de los años 1970.

Las autoridades se estremecen ante el recuerdo de intervenciones desafortunadas destinadas a apuntalar a empresas en crisis (como fabricantes de autos y productores de acero) o invertir en nuevas tecnologías que terminaron condenadas al fracaso (Concorde, autos DeLorean). Después de su elección en 1979, a Margaret Thatcher no le llevó mucho tiempo degradar a la Oficina Nacional de Desarrollo Económico (conocida como Neddy), el organismo responsable de intervenciones estratégicas por parte del estado, que finalmente fue desmantelado por el sucesor de Thatcher, John Major, en 1992.

La alergia a la política industrial es particularmente fuerte entre aquellos que la equiparan con subsidios y exenciones impositivas. Sin embargo, considerando que el gobierno interviene constantemente en la economía, sin duda tiene sentido pensar en sus acciones e interacciones con el sector privado de una manera mucho más estratégica. Por cierto, algunas políticas industriales fuera del radar -o hasta accidentales- han sido bastante exitosas.

Uno de los beneficiarios han sido las finanzas, gracias a una regulación benigna y a una inmensa inversión en infraestructura en la City de Londres y Canary Wharf. Otro ha sido la industria farmacéutica, debido a exenciones impositivas especiales como el incentivo fiscal "Patent Box" y el Servicio Nacional de Salud (NHS) como un cliente muy importante.

El sector creativo también se ha beneficiado, gracias a la BBC. Si bien recibe un constante ataque político, la BBC actúa exactamente como debería actuar un socio público, llevando a cabo investigación y desarrollo, fijando estándares técnicos, ofreciendo capacitación laboral y adhiriendo a una contratación abierta de pequeños y medianos proveedores, que están entre los productores y exportadores más exitosos del Reino Unido.

La justificación económica para la política industrial es convincente, en la medida que se la entienda como un vehículo para una coordinación estratégica, la mancomunación de riesgos y el suministro de bienes públicos. Los viejos errores -apuntalar industrias deficitarias o apostar a tecnologías específicas- pueden evitarse en gran medida a través de políticas sólidas en materia de competencia y ayuda estatal (para garantizar que el respaldo al sector automotriz, por ejemplo, no sea visto como un apoyo sólo a los propietarios actuales) y cláusulas de suspensión para asistencia específica.

El argumento en contra de no tener una política industrial explícita también es convincente. El carácter accidental de la intervención del gobierno ayuda a explicar por qué la economía es tan asimétrica regionalmente. Por ejemplo, los análisis de costo-beneficio de los proyectos de infraestructura propuestos que dependen de métricas de mercado como tasas salariales o precios de la propiedad para evaluar los potenciales beneficios crearán una inversión cada vez mayor en torno a Londres, y un círculo vicioso de inversión aparentemente cada vez menos atractiva en el norte del Reino Unido.

Una visión estratégica reconocería los beneficios para la productividad de crear nuevos conglomerados en otras partes -como las medidas accidentales que ubicaron a las automotrices del Reino Unido en el noreste de Inglaterra y al segundo sector más importante de medios audiovisuales del país fuera de Londres en Salford, Greater Manchester, cuando la BBC trasladó allí parte de sus operaciones.

Existe una amplia evidencia histórica de los méritos (y desméritos) de determinadas políticas. Como Gran Bretaña desde hace mucho tiempo está plagada de políticas de vaivén y una plétora de iniciativas que, aunque inefectivas, acaparan los titulares, el verdadero desafío será establecer un marco político e institucional para implementar iniciativas viables, y forjar la interacción gubernamental con el sector privado.

Por supuesto, cualquier idea pre-electoral en materia de políticas podría resultar víctima de acuerdos políticos o simplemente de la gigantesca incertidumbre planteada por el reciente resultado electoral. Sería una lástima. Cuanto mayor la inestabilidad política, más fuerte la necesidad de un marco que finalmente empiece a abordar las profundas divisiones y desafíos que enfrenta la economía británica.

Diane Coyle is Professor of Economics at the University of Manchester and co-director of Policy@Manchester.

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