Quienes hacen campaña a favor de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea dicen que así el país sería más libre y rico. Plantean que tras el “Brexit” se podría negociar rápidamente con la UE un acuerdo “a medida” que ofrezca todos los beneficios del libre comercio sin los costes de ser miembro, alcanzar mejores acuerdos de comercio con otros países y cosechar inmensos beneficios al deshacerse de la carga de las pesadas regulaciones de la UE. Pero no es más que una ilusión.
De hecho, el Brexit implicaría enormes costes para Gran Bretaña. La incertidumbre y las perturbaciones que acarrearía un divorcio sin duda interminable y amargo deprimirían la inversión y el crecimiento. Una separación permanente reduciría el comercio, la inversión extranjera y la migración, afectando la competencia, el aumento de la productividad y los estándares de vida. Y la “independencia” privaría al país de tener influencia sobre futuras reformas de la UE de las cuales podría beneficiarse (en particular, la conclusión de los detalles sobre el mercado único de servicios).
El Centro de Rendimiento Económico de la London School of Economics calcula que los costes a largo plazo del menor comercio con la UE podrían llegar al 9,5% del PGB, mientras que la caída de la inversión extranjera costaría un 3,4% del PGB o más. Se trata de costes que, por sí mismos, empequeñecen las potenciales ganancias del Brexit. El aporte neto de Gran Bretaña al presupuesto de la UE representó apenas un 0,35% del PGB el año pasado y eliminar las regulaciones de la UE conllevaría beneficios limitados porque los mercados laboral y de productos del Reino Unido ya se encuentran entre los más libres del mundo.
El proceso de salida generaría una larga incertidumbre. Se supone que oficialmente duraría dos años, pero probablemente dure mucho más. En los años 80 fueron necesarios tres años para negociar la salida de Groenlandia (con una población de 50.000) y el único tema en controversia fue la pesca. Sería muchísimo más complejo proceder a la desvinculación de Gran Bretaña (la segunda economía de la UE con una población de 64 millones).
Más aún, para cualquier acuerdo sobre una nueva relación económica con el Reino Unido se necesitaría la unanimidad de los 27 demás miembros de la UE. Y el país tendría que renegociar desde cero los más de 50 tratados de comercio que la UE tiene en vigencia con otros países. Todo lo cual implica mucho tiempo.
Mientras tanto, quedarían en suspenso las normas internas y regulaciones de comercio de Gran Bretaña. Las decisiones de empleo e inversión se tendrían que posponer o cancelar. La libra se desplomaría. Los inversionistas extranjeros que financian el déficit de cuenta corriente británico (que llegó a un 7% del PGB en el último trimestre del año pasado) presionarían al alza la prima de riesgo sobre los activos de Gran Bretaña o, peor aún, abandonarían del tablero. Todo esto debilitaría el crecimiento económico, poniendo en riesgo los planes fiscales del gobierno.
Una vez alcanzados los acuerdos, Gran Bretaña tendría acceso en peores condiciones a los mercados globales y de la UE. Económicamente, la opción menos dolorosa sería convertirse en miembro del Espacio Económico Europeo, junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein, con lo que lograría un acceso casi total al mercado único (con la opción de no seguir las políticas agrícolas y de pesca), aunque con controles aduaneros y otras barreras al comercio, tales como las exigencias de normas de origen.
Sin embargo, en términos políticos hacerse miembro del EEE sería un trato desigual. Gran Bretaña tendría que cumplir normas y leyes del mercado único en áreas como la protección al consumidor, el medio ambiente y las políticas sociales en cuya creación no podría participar. También tendría que aportar al presupuesto de la UE sin recibir a cambio gasto alguno. Y tendría que seguir garantizando un libre acceso al país a los ciudadanos de la UE, una pesadilla política para la mayoría de los partidarios del Brexit. Puesto que la principal motivación para el Brexit es recuperar la soberanía supuestamente perdida, sería profundamente difícil de digerir una situación en que Gran Bretaña no tuviera voz ni voto pero se viera obligada a pagar y obedecer.
Comerciar con la UE siguiendo las normas de la Organización Mundial de Comercio, como hacen Estados Unidos y China, conllevaría las menores limitaciones políticas. Gran Bretaña podría impedir la entrada de migrantes de la UE esforzados y que pagan sus impuestos. Pero esto implicaría controles recíprocos de la UE sobre los migrantes británicos, dañándolos por partida doble.
Este enfoque implicaría gravámenes de importación a los productos británicos (como un impuesto del 10% a sus exportaciones de coches a la UE), así como barreras no aduaneras. Las instituciones financieras con base en la UE perderían su pasaporte para exportar libremente a la UE. Y sin acceso al mercado único europeo de 500 millones de consumidores y $16 billones, caería la inversión extranjera. Las opciones intermedias, como el modelo suizo o canadiense son apenas más atractivas.
Los partidarios del Brexit plantean que Gran Bretaña podría lograr un acuerdo especial, escogiendo las cláusulas que más le convengan. Tendría la sartén por el mango porque compra más a la UE de lo que le vende. Sin embargo, esto es también una ilusión. EE.UU. también tiene un déficit comercial con la UE, pero no por ello dicta los términos de las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Más aún, lo que Gran Bretaña exporta a la UE (por un valor de un 13% de su PGB) tiene más peso para ella que lo que recibe de la UE (apenas un 3% de su PGB).
En pocas palabras, la UE llevaría la voz cantante, y sin duda sería dura con Gran Bretaña. A muchos actores económicos (como los fabricantes de automóviles alemanes, los agricultores franceses o los centros financieros de toda la UE) estarían encantados de obstaculizar a sus competidores británicos. Por su parte, los gobiernos de la UE desearían castigar a Gran Bretaña, no en menor medida porque un divorcio de terciopelo daría impulso a los partidos anti-EU, como el Frente Nacional de Francia, que ya ha llamado a un referéndum sobre la continuidad del país en la UE.
Los nuevos acuerdos de comercio de Gran Bretaña con países que no sean de la UE probablemente también implicarían peores condiciones. Si bien el país no estaría limitado por los intereses proteccionistas de la UE, el hecho de que su economía es más pequeña y está compuesta principalmente por mercados abiertos, además de su desesperación por alcanzar acuerdos, la pondría en una situación de relativa debilidad. De hecho, Estados Unidos ha señalado que no tiene interés inmediato en un acuerdo comercial con Gran Bretaña. Y el tono proteccionista de la actual campaña presidencial estadounidense sugiere que en los próximos años no veremos mucha liberalización del comercio.
Es complejo pensar en todas las implicaciones económicas del Brexit, pero se pueden resumir en una sencilla frase: salir de la UE dejaría a Gran Bretaña en condiciones mucho peores.
strong>Philippe Legrain, a former economic adviser to the president of the European Commission, is a visitingsenior fellow at the London School of Economics’ European Institute and the author of European Spring: Why Our Economies and Politics are in a Mess – and How to Put Them Right. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.