Por Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM (EL MUNDO, 18/11/05):
Uno de los mitos elevado a la categoría de dogma por don José Luis Rodríguez Zapatero, y hasta cierto punto aceptado por la oposición, es que el bienestar económico actual es debido fundamentalmente al Estado de las autonomías, una de las falsedades más absolutas que cabe imaginar, ya que la realidad es justo la contraria.Hemos llegado al nivel de prosperidad actual a pesar del Estado de las autonomías, pero estamos muy por debajo del nivel de bienestar y cohesión social que hubiéramos alcanzado sin ellas, por lo que el incremento de competencias que el señor Zapatero pretende, agudizará aún más los graves problemas que este sistema supone, donde a día de hoy, prácticamente, nos hemos quedado sin Estado.
La demostración de esta afirmación es sencilla aunque previamente parece necesario aclarar, pues una gran mayoría de ciudadanos lo desconoce, que el Estado autonómico es un sistema de organización política inexistente en el resto del mundo y una gigantesca chapuza tanto en lo político como en lo económico. En lo político, ha desvertebrado España y no lo contrario, como mendazmente se afirma; ha creado barreras y divisiones donde no las hubo jamás, y ha facilitado extraordinariamente el camino para la desintegración del país. En lo económico, es una auténtica losa para el crecimiento, el bienestar, y la cohesión social. Las razones son perfectamente cuantificables y verificables por cualquier persona intelectualmente honesta que sepa sumar y restar.
a) En primer lugar, el Estado de las autonomías es un sistema extraordinariamente caro, ineficaz, e insolidario. Extraordinariamente caro porque necesita tres veces más funcionarios para su gestión, 2.100.000 a día de hoy frente a 700.000 que necesitaría un sistema no autonómico. Sólo este concepto está restando entre un punto y un punto y medio al crecimiento del PIB cada año. Ineficaz, porque permite que un gran número de funcionarios sea seleccionado por su lealtad política en lugar de por sus conocimientos, e insolidario porque al trocear el Estado se hace mucho más difícil cuando no imposible una distribución justa de la riqueza. El caso más clamoroso es el del País Vasco, cuya aportación al resto del país, el famoso cupo, es una cifra irrisoria.
b) En segundo lugar, y como consecuencia de este disparatado sistema, el gasto público total controlado por el Gobierno es sólo del 30%, frente al 70% en los estados federales o casi el 90% en los centralizados. Esta cifra hace imposible en la práctica la implementación de una política fiscal efectiva, la única que tenemos que coadyuve al crecimiento, a la eficiencia y a la equidad.
c) En tercer lugar, es un hecho conocido que cuanto más descentralizada es una economía, peor puede aprovechar las ventajas económicas que ofrece la pertenencia a una unión económica y monetaria.Por ello, existe una tendencia cada vez mayor a la centralización en la UE, y particularmente en los estados federales.
d) Como consecuencia de lo señalado, el crecimiento efectivo del PIB español lleva 25 años situándose por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial, algo reiteradamente señalado por todos los analistas e instituciones.
e) Todo esto ha producido un enorme impacto económico. Para cuantificarlo, la referencia más clara es la comparación entre lo ocurrido con la economía de Irlanda y con la economía española desde nuestra entrada en la UE hace 20 años. En 1985, la renta per capita de España era similar a la de Irlanda y se situaba alrededor de los 10.000 euros. En 2004, 20 años después, la renta per capita de España se ha doblado, lo que significa que evidentemente hemos mejorado, pero esa no es la cuestión, ya que mejorar cuando todos lo demás lo hacen no es suficiente. La cuestión es si hemos mejorado todo lo que debíamos, y el resultado es sencillamente estremecedor. Irlanda, partiendo de una posición similar a la española, y con una tasa de crecimiento potencial por debajo de la nuestra, al no tener que soportar la losa de una organización política disparatada, ha conseguido sistemáticamente crecimientos efectivos superiores a los nuestros, y el resultado es que Irlanda es hoy el tercer país más rico de la UE, con una renta per capita de 33.000 euros/año , un 65% superior a la española. Este y no otro es el balance económico del Estado de las autonomías, es decir, ha impedido que España aproveche una oportunidad única y se haya situado como Irlanda a la cabeza de Europa. En definitiva, un desastre histórico sin paliativos.
Y para acabar de completar el análisis, el Estado de las autonomías ha abierto la vía a todo un sistema de corrupciones y corruptelas, no sólo inexistentes sino ni siquiera imaginables en la Administración central del Estado. Además, y esto es esencial de cara al futuro, el actual modelo de crecimiento, basado en el consumo interno financiado con un endeudamiento masivo de familias y empresas, es absolutamente insostenible y va a desembocar en una profunda crisis económica en cuanto se eleven los tipos de interés hacia su nivel neutral.
Pero todo esto queda empalidecido por las consecuencias económicas que producirá el Estatut sobre el conjunto de España, y particularmente sobre las comunidades autónomas más pobres, como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia, algo que tan falaz como cobardemente los presidentes y diputados socialistas de estas comunidades están ocultando a sus electores.
Porque el problema no se reduce, como ingenuamente piensan muchos ciudadanos, a que Cataluña se autoproclame como nación y niegue a la vez a España la condición de tal, ni tampoco a que España haya sido expulsada de Cataluña donde se discrimina y persigue nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra historia común, ni siquiera a que el Gobierno catalán pretenda blindar sus ríos y competencias o que se arrogue el derecho a anexionarse todos los territorios que lingüística, cultural o históricamente, sean o hayan sido catalanes, como Valencia, Baleares, Aragón o el territorio italiano de Alghero. El problema esencial es económico, ya que en términos prácticos y para que cualquiera pueda entenderlo, el sistema de financiación previsto en el Estatut consagra el derecho del Gobierno catalán al saqueo continuo y sistemático del resto de España, para compensar su absoluta incompetencia que está promoviendo la deslocalización y el empobrecimiento relativo de Cataluña, frente a otras comunidades mas dinámicas y mucho mejor gestionadas.
En concreto, el Estatut pretende:
a) La recaudación de la totalidad de impuestos generados por las empresas catalanas, y ello a pesar de que el 70% de los mismos, IVA e impuesto de sociedades, se generan fuera de Cataluña. Y aunque sólo les corresponden los impuestos soportados en Cataluña, para empezar a hablar, y esto es crucial, todo el dinero lo tienen ellos, el suyo y el nuestro, así como la exclusividad en la inspección de todas las empresas radicadas en Cataluña, con lo que todo está en sus manos, el dinero y la forma de comprobarlo y asignarlo.
b) Una vez que el dinero está en manos del Gobierno catalán, se empieza a discutir, en condiciones paritarias, es decir de Estado a Estado, qué parte se devuelve al Gobierno de lo que queda de España. Un procedimiento tan inaceptable como conflictivo, pero la sartén por el mango la tiene el tripartito con el dinero y la inspección, pues si no hay acuerdo no hay dinero.
c) El Gobierno catalán pone además unos límites y unas condiciones a su aportación absolutamente inaceptables y ofensivos. Así, limita sus aportaciones a que su renta relativa al resto de España no retroceda, es decir, que si su incompetencia perfectamente acreditada produce un retroceso económico, como es el caso hoy, las consecuencias no las pagan ellos, sino el resto de los españoles.Pero además de este limite absoluto existe un segundo límite para reducir aún más su aportación, y que con una apariencia de equidad es una pura trampa. Me refiero al hecho de exigir un esfuerzo fiscal equivalente al resto de España. Es una trampa, porque el concepto de esfuerzo fiscal es algo indefinido y no objetivable. ¿El esfuerzo de una región rica ha de ser igual al de una pobre? En la práctica, esto es una fuente permanente de conflictos que permitirá al Gobierno catalán reducir su aportación tanto como le venga en gana
Pero estos no son todos los límites. Además, y para mayor desprecio y oprobio al resto de España, su aportación está condicionada a que el tripartito catalán esté de acuerdo en qué y en cómo se gaste. Así por ejemplo, si contribuyen al mantenimiento de las Fuerzas Armadas (que es casi lo único que queda, ya que en el plano internacional van a tener su propia voz) y no están de acuerdo con sus misiones, por ejemplo con que defiendan la unidad de España o defiendan los límites geográficos de España, como Ceuta y Melilla, pues no pagan y en paz. El Estatut prohíbe tajantemente que el Gobierno de lo que queda de España intervenga en Cataluña, pero se arroga el derecho a que el Gobierno catalán intervenga en todas las instituciones españolas, desde el Banco de España a RTVE. Pero es que hay más, increíblemente, el Gobierno catalán se arroga el derecho a vetar el Presupuesto español.Esto ya no es siquiera que Cataluña se configure como una nación independiente con derecho a expansionarse, es una situación de vasallaje como la que impondría un país vencedor a otro vencido.
e) El Estatut se arroga también el derecho a intervenir en todas las instituciones financieras que operen en Cataluña, pero las cajas catalanas que operan en toda España son de su exclusiva competencia en cuanto a supervisión y control.
Y lo que ya resulta el colmo de los colmos: el Gobierno catalán se atribuye el derecho a decidir la política crediticia de las cajas catalanas, a pesar de que una mayoría de sus recursos son de no catalanes, y como guinda de todo este despropósito, los beneficios de las cajas dentro de los fines genéricos a que deben destinarse serán asignados según los deseos del tripartito, es decir, el derecho al saqueo de España.
El resultado práctico de todo esto es que, dependiendo totalmente Cataluña del mercado español y no pudiendo sobrevivir sin él, se cambia la oración por pasiva y el mercado español pasa a ser una colonia de Cataluña como si se tratara de un país conquistado o vencido. Y desde un punto de vista personal, es decir, de lo que esta rendición incondicional del Gobierno de España ante esta nueva forma de colonialismo va a representar individualmente a millones de familias, la conclusión es muy clara: las comunidades más ricas, en legítima defensa, van a exigir el mismo trato y, a partir de este momento, las familias de las comunidades más pobres pasan a ser familias de segunda clase, con prestaciones y derechos recortados, con su nivel de bienestar sensiblemente recortado y además no podrán mantener el sistema actual de pensiones.Esto es lo que va a suceder irremediablemente en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, precisamente las regiones que más han contribuido con su voto a colocar en el poder al autor de esta increíble felonía, es decir, a don José Luis Rodríguez Zapatero.