En espacio de pocos días, los colombianos recibimos las visitas del rey Felipe VI y de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Los dos manifestaron su apoyo irrestricto a los Acuerdos de Paz, para satisfacción de muchos de nosotros, pero la visita de Guterres tuvo además otras aristas que hablan bien de los problemas que enfrentamos. El secretario general participó en un acto de conmemoración de la firma del Acuerdo final, celebró el compromiso de los desmovilizados, escuchó cantar a un coro conformado por hijos de los firmantes y visitó el espacio Fragmentos, cuyo suelo está hecho con el material de los fusiles fundidos de las guerrillas. Las losas del suelo fueron fabricadas, a punta de martillo y bajo la dirección de la artista Doris Salcedo, por mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto, y con algunas de ellas, según leo en los periódicos, habló el secretario general.
El acto de conmemoración tuvo lugar en la sede de la Justicia Especial para la Paz, una institución nacida de los acuerdos cuya misión es juzgar los crímenes cometidos durante la guerra por todos sus actores: guerrilleros, paramilitares, miembros del Ejército. Las palabras de Guterres tenían en vilo a muchos, pues la gente se preguntaba si el secretario se referiría a la carta que se había encontrado a su llegada a Colombia. Se la había dejado el líder del partido de Gobierno: que no es el presidente actual, por extraño que parezca, sino el expresidente Álvaro Uribe, que lleva 11 años fuera del poder y sigue ahí, cada vez que despertamos, como el dinosaurio de Monterroso. El espíritu de la carta se puede entender con una sola de sus frases: “Acuerdo de paz no ha habido”. En el resto del documento, Uribe acusa a los acuerdos de provocar la impunidad, de elevar la permisividad con el narcotráfico a rango constitucional y de crear un Estado Criminal alternativo. Sus palabras navegan entre la hipocresía y el delirio, pero había que ver qué crédito les otorgaba Guterres.
El secretario nunca se refirió ni a la carta ni al expresidente Uribe. Su defensa de los acuerdos tuvo el sabor de lo inapelable. “La firma del Acuerdo de Paz generó esperanza e inspiración en Colombia y en el mundo”, dijo. “Después de más de cinco décadas de conflicto y sufrimiento, tenemos la obligación moral de garantizar que este proceso de paz tenga éxito”. Más tarde, ante el presidente Iván Duque y un grupo de periodistas, hizo un elogio sin matices de los acuerdos, exhortó al Gobierno a aprovechar esta “oportunidad histórica” y “avanzar en la implementación”, y terminó pidiendo “la cooperación plena de todos con las entidades del Sistema de justicia transicional y el respeto por su independencia”. En cada cosa tenía razón, pero en particular en esto último: porque esas entidades, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, son las que sufren con más frecuencia los ataques del partido de Gobierno: basta con leer la carta de Uribe. Sobre las palabras del antiguo presidente, el actual ha guardado un silencio obediente y comedido, y frente a Guterres se limitó a recibir los elogios.
Pero todo el mundo sabe que la relación del Gobierno con la paz es ambigua en el mejor de los casos. En realidad, el gran problema de los acuerdos, o de su implementación completa y exitosa, es la curiosa esquizofrenia del partido de Gobierno. Su figura más influyente los ataca constantemente, a menudo con mentiras y siempre con distorsiones, negándose a reconocer a las instituciones que han producido, y otros miembros del partido niegan los descubrimientos de la justicia transicional: algunos han llegado a sostener que los infames y ya célebres falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego eran presentados como guerrilleros) no son más que una invención de la izquierda. Para encabezar el Centro de Memoria Histórica, en cuyos archivos reposa buena parte de la historia documental del conflicto armado, el Gobierno de Duque escogió a un hombre conocido por negar la existencia misma del conflicto armado, con lo cual nos encontramos ante la contradicción de un grupo que niega la existencia del conflicto, pero también los acuerdos que lo terminaron: porque “acuerdo de paz no ha habido”.
Mientras tanto, Duque actúa como si estuviera dedicado en cuerpo y alma a la implementación de la paz: de la “paz con legalidad”, el nombre que le ha dado a la campaña de su Gobierno. Como lo nota cualquiera, salvo casos de ingenuidad redomada, el eslogan contiene agazapada la sugerencia de que hay otra paz ilegal: la que había cuando Duque se posesionó. Pero la verdadera defensa de los acuerdos —que tantas palmadas en la espalda le han granjeado de los líderes internacionales— sería desautorizar o contradecir las palabras de Uribe. Y no sé por qué, pero no creo que lo vaya a hacer.
Juan Gabriel Vásquez es escritor. Su última novela es Volver la vista atrás.