Comienzo mi colaboración en EL ESPAÑOL el día que conmemoramos el cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución de 1978, la más longeva de cuantas han sido desde aquella legendaria de Cádiz de 1812.
Los constituyentes de entonces, los del 78, se propusieron que sobre los principios de libertad, igualdad y solidaridad quedase asentada la Nación española. Una Nación considerada como patria común de todos los españoles a partir de un patriotismo concebido como patriotismo constitucional. Fuera quedaba el nacionalismo franquista y cualquier otro nacionalismo excluyente, como el que comenzaba ya a crecer en los suelos catalán y vasco.
Quienes vivimos aquellos años de la Transición vemos hoy con nostalgia el amplio consenso al que llegaron los partidos políticos, incluso alguno que se consideraba nacionalista (catalán). Como el liderado por Jordi Pujol, quien no tuvo inconveniente en proclamar en el Congreso de los Diputados, todavía con el escudo del águila imperial presidiendo la Cámara, que esta vez no querían fracasar y que por ello iban a apoyar (a diferencia de lo que los disolventes nacionalistas vascos hicieron) la Constitución sin ningún tipo de reservas.
Lo cierto es que Miquel Roca i Junyent, nieto de un prominente tradicionalista, fue uno de los padres de la Constitución, hoy superviviente junto a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de los llamados padres constitucionales.
"¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron?", se preguntaba el poeta de aquel tiempo pasado. De los padres constituyentes sólo quedan los dos migueles. Los demás (Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura) ya están en el reino de los cielos.
El rey Juan Carlos, tan vilmente tratado, permanece en una especie de absurdo e incomprensible exilio. Pujol y toda su familia han sido condenados antes de ser juzgados. El Partido Popular, una de las columnas del sistema democrático, salpicado, más bien abrasado, por sus continuos y desaforados casos de corrupción. Y el PSOE, en manos de y manoseado por quienes quieren destruir la Constitución de 1978 y el régimen de libertades que consagra.
Y como Sumos Prostitutos de estas Cortes Prostituyentes, nada menos que Arnaldo Otegui, secuestrador de Javier Rupérez y que fue acusado del intento de secuestro y el asesinato frustrado de Gabriel Cisneros. Gabriel Rufián, que quiere amordazar la prensa libre y que un día sí y otro también se cisca en la Constitución. Míriam Nogueras, portavoz de Junts y de la república de Carles Puigdemont, esa que "no existeix, idiota".
Además, también, de otros que tienen como mantra llamar "fascistas" a los diputados constitucionalistas de Vox (siempre respetuosos con las formas), prometer por imperativo legal y otros aditivos, renegar de la monarquía parlamentaria, reivindicar la independencia de Cataluña o del País Vasco, socavar las instituciones y un largo etcétera de despropósitos que han convertido nuestra realidad política en algo irreconocible para quienes vivimos y propiciamos (cada uno a su modo) el régimen de libertades que quedó consagrado en 1978 después del largo invierno del franquismo.
Miquel Iceta acaba de proclamar solemnemente que la derecha no está por la labor de renovar y fortalecer el consenso constitucional. Y, como botón de muestra (y de prueba), los socialistas y sus socios de investidura han lanzado la idea de modificar por la vía exprés el artículo 49 de la Constitución y sustituir la palabra "disminuidos" por la de "discapacitados".
¡Acabáramos! La presidenta Meritxell Batet, en el acto solemne de ayer 6 de diciembre en la escalinata del Congreso, ha dicho, con razón, que en la Constitución caben “múltiples opciones políticas” y ha reivindicado la “lealtad constitucional”. Muy bien.
Pero ¿qué lealtad puede esperarse de quienes reniegan de la Constitución por un lado y dan su apoyo por el otro a un Gobierno debilitado en el que ni siquiera los más conspicuos socialistas se reconocen? ¿Cuál es la lealtad constitucional de los nacionalistas catalanes y vascos, cuyo objetivo primordial es dinamitar la Constitución y convertirse en ínsulas baratarias soberanas?
La Constitución de 1978 adolece de muchas disfunciones que convendría corregir. Eso casi nadie lo pone en duda. Para que haya igualdad entre todos los españoles debería existir un sistema fiscal homogéneo. De lo contrario, esa igualdad que se proclama será papel mojado, como lo es ahora.
Las competencias de las autonomías deberán, también, tener un cierto grado de homogeneidad en cuestiones fundamentales y, sobre todo, en la más fundamental de todas: la educación. Y esa educación igual para todos los españoles no se contradice con la educación en las lenguas propias de cada territorio. Pero sin que estas sustituyan al castellano ya que, como dice la Constitución, y se olvida constantemente en esos territorios autonómicos, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla.
Asimismo, deberá modificarse el sistema de elección de los jueces si se quiere tener un Poder Judicial verdaderamente independiente y no sometido cíclicamente al poder político cambiante.
Si pretendemos que las Cortes Generales, es decir la suma del Congreso de los Diputados y del Senado, no terminen convirtiéndose en lo que ahora son desde hace ya varias legislaturas, o sea una especie de Cortes Prostituyentes que inician sus sesiones de apertura con la pantomima de unas promesas de acatamiento constitucional “por imperativo legal” o “para liberar a los presos políticos” o con cualquier otra formula espuria, habrá que empezar por ahí. Por tomarnos en serio las palabras.
Será entonces cuando los partidos que creen en la Constitución podrán volver a plantearse acuerdos constitucionales que modifiquen y refuercen aspectos de ella que han podido quedar obsoletos o que la experiencia de 40 años de funcionamiento ha demostrado que deben modificarse.
Todas las Constituciones democráticas que conocemos y en las que nos miramos han tenido a lo largo de los años, o de los siglos, modificaciones, enmiendas, añadidos o cambios. Pero no derribos. Porque sólo las revoluciones derriban Constituciones, y esta no es la situación de España. Aunque los partidos independentistas y populistas así lo pretendan.
Jorge Trias Sagnier es abogado y escritor. Fue diputado del PP entre 1996 y 2000.