Las diputaciones son necesarias

No sé qué es más preocupante, que después de su dilatada carrera política Rubalcaba no haya aprendido para qué sirven las diputaciones o que, sabiéndolo, no tenga empacho en recurrir al populismo más burdo para tratar de arañar un puñado de votos en las grandes ciudades a costa de la España rural y más desfavorecida.

Cualquiera de las dos opciones son malas y, lo que es peor, retratan a la perfección los valores que priman en el PSOE a la hora de elegir a sus líderes: la ignorancia y la mentira al servicio del bien supremo, conquistar y mantener el poder a cualquier precio.

Vender en las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Sevilla…- que las diputaciones provinciales son innecesarias, caras y duplican servicios es fácil. Que Rubalcaba venga aquí, a Cuenca, que nos conozca y vea de primera mano la realidad de los municipios de nuestra Sierra, de la Alcarria, de la Mancha y la Manchuela, y que entonces repita su propuesta.

Es muy probable que en el dibujo teórico del Estado de las Autonomías las diputaciones fueran consideradas como una administración residual, menor y llamada a la extinción. Es más, convencido municipalista como soy, no me dolerían prendas en apostar por la desaparición de las diputaciones si no fuera porque conozco los servicios que prestan, el trabajo que hacen y el papel vital que están desempeñando para lograr algo tan democrático como que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios. Es vertebrar el territorio, luchar contra la despoblación, atender a nuestros mayores sin obligarles a abandonar su casa, sus raíces. Vamos, valores socialistas de toda la vida que ahora Rubalcaba parece olvidar.

Porque esa es la función básica de las diputaciones provinciales: facilitar el acceso a servicios de calidad a aquellos que no pueden pagarlos. Pondré un ejemplo: el Servicio de Bomberos de Cuenca 112 alcanza a los 238 municipios de la provincia. De esos 238 ayuntamientos, apenas 37 sobrepasan el millar de habitantes. La mayoría son núcleos pequeños que de por sí carecen de capacidad económica para contratar a un solo bombero pero que gracias al trabajo de coordinación de la Diputación gozan de esta elemental medida de seguridad. ¿Cómo? Algunos lo llaman economía de escalas: la suma de esfuerzos de los ayuntamientos para abaratar costes; otros lo llaman solidaridad: el apoyo de los municipios grandes (sólo 97 ayuntamientos se han obligado a pagar las cuotas por este servicio) a los más pequeños. En la práctica diré que existe una Diputación provincial que reconoce que el pequeño municipio también tiene derecho a un servicio tan importante, que coordina el trabajo con los municipios, que aporta también un capital para su sustento y que los asesora técnicamente para lograr ese fin. Algo impensable desde cualquier otra administración en las que lo que pesa en las decisiones es, ni más ni menos, la obtención del mayor rédito electoral -caladeros de votos- con cada inversión. Y a las pruebas me remito: ninguna otra de las administraciones ha hecho nada hasta ahora por lograr que todos los municipios de Cuenca tengan un servicio de bomberos porque, puedo ser malpensado, pero sospecho que a ninguna otra administración le compensaba este gasto.

¿Sabe Rubalcaba qué administración está, a día de hoy, dispuesta a invertir en el mantenimiento de las carreteras provinciales por las que circulan tantos autobuses escolares o por las que llegan a pueblos remotos las ambulancias para evacuar a heridos y enfermos? ¿Quién está dispuesto a asumir las tareas de asistencia a los municipios y prestar a los pequeños ayuntamientos el servicio de secretarios e interventores que les asesoran sobre la legalidad de sus actos? ¿Quién piensa en esta España del siglo XXI que hay muchos municipios que para tener agua potable dependen de los sondeos y pozos que abre y cuida la Diputación provincial? ¿Quién va a asumir los costes de nuestra residencia de ancianos o de nuestra guardería?

Esta es nuestra realidad. Una realidad en la que hacemos mucho con poco, en la que dependemos -salvo las diputaciones forales que tienen otro régimen histórico- de los ingresos que nos trasfieren otras administraciones y una realidad en la que nos dedicamos a resolver problemas que en la gran ciudad se creen superados por el desarrollo, pero que siguen acuciando a la España rural y golpeando, sobre todo, en poblaciones tan pequeñas que ni quitan ni ponen diputado en el Congreso.

Con todo, aun aceptando que haya otra administración dispuesta a asumir estos gastos que no rentan en votos, ¿puede afirmar Rubalcaba que su gestión sería más barata?

Un simple vistazo a la situación actual me dice que no. Basta con recordar cómo esas administraciones llamadas según el candidato socialista a asumir el trabajo de las diputaciones han tirado con pólvora del rey estos años pasados, derrochando el dinero que ahora necesitamos y, en muchos casos, originando con su mala gestión la deuda que arrastramos ahora tanto las diputaciones como los ayuntamientos. Y les daré a los lectores un dato que quizás desconozcan: la Diputación de Cuenca deberá devolver al Estado en estos próximos cuatro años 20 millones de euros fruto de las malas previsiones de ingresos realizadas por Solbes y Salgado y de las nefastas políticas económicas para capear la crisis que han desarrollado Zapatero y Rubalcaba (¿le sonarán de algo estos nombres al nuevo líder in pectore del PSOE?).

Son 20 millones que debemos retraer de los servicios que reciben los ciudadanos y que puede, junto con la deuda que otras administraciones mantienen con la Diputación, estrangular su viabilidad económica. Esas administraciones modélicas que Rubalcaba pregona son, precisamente, las que mal gestionadas han puesto en peligro el tejido asistencial y social que desde hace dos siglos vienen desarrollado las diputaciones provinciales. Ese es su mérito.

Ahora, el PSOE es muy libre de plantear la eliminación de las diputaciones. Es un debate legítimo. Pero les recomiendo que no empiecen la casa por el tejado. Resuelvan primero el grave problema de la financiación local, barajando para la asignación de recursos no sólo el criterio de población sino otros como el envejecimiento, la despoblación, la extensión territorial, etc., y delimiten de una vez por todas las competencias de cada administración prohibiendo si es preciso que unas invadan las competencias de las otras. Cuando logren esa armonía que ahora no existe, entonces, a lo mejor, sobrarán verdaderamente las diputaciones.

Benjamín Prieto Valencia, presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.

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