Basta con respirar la irritación que reina a ratos en las calles de cualquier ciudad española para darnos cuenta de que vivimos en un soterrado ambiente de “guerra sorda”, aunque la razón no quepa buscarla en el yihadismo que nos amenaza a los europeos. A pesar de la frágil recuperación, si abrimos los ojos a las cifras económicas veremos tasas de paro vergonzantes, niveles de deuda pública –pero sobre todo privada– desequilibrantes, y una enorme falta de apetito inversor entre los empresarios y de consumo entre las familias, aunque últimamente haya mejorado el crédito bancario a pymes y autónomos, así como la confianza del consumidor.
El cuadro social es asimismo inquietante. Resurge con fuerza la pobreza y la exclusión social, se palpa el sufrimiento físico de la gente en las colas de los servicios de caridad y beneficencia, la saturación y falta de recursos eternizan las listas de espera de la sanidad pública y niegan este derecho a quienes contribuyen a financiarla. Estos indicadores económicos y sociales solo toman cuerpo en situaciones sociales y económicas extremas que las élites están obligadas a conjurar.
Estamos situados en un terreno social donde no entra en juego la política porque es anterior a ella, pues termina justo donde empieza el debate político. No nos encontramos en un ámbito de discusión prepolítico, como ocurría con el dictador Franco, porque ahora las libertades están garantizadas y se respetan los derechos de primera generación (civiles y políticos). Sin embargo, los graves defectos institucionales de nuestro Estado social de derecho nos impiden afirmar con rotundidad que vivamos en una situación de plenitud democrática. Primero, porque dejan en entredicho las tradicionales funciones protectoras del Estado que garantizan un nivel mínimo e irrenunciable de protección de los derechos de segunda generación (trabajo, educación, vivienda, salud y protección social), aquellos que cubren necesidades legítimas y valiosas.
Y, en segundo lugar, porque en su día cedimos cierta soberanía, sin sacar el provecho que habríamos debido. Ahora el Estado no controla la política monetaria, y, en materia fiscal, su margen para establecer prioridades en ingresos y gastos es despreciable y se ve interferido por las recomendaciones del Ecofin durante el Semestre Europeo. Algunos creen poder sortear la restricción fiscal emitiendo más deuda pública, pero únicamente consiguen socavar aún más su soberanía: cuanta más deuda pública emita el Tesoro menos soberano será nuestro Estado, pues el reembolso de la deuda, al realizarse en moneda fuerte, es más difícil dentro que fuera del euro.
Ante el problema de la deuda, si excluimos el impago y la quita, nos quedan dos opciones: bien una reestructuración negociada que la suavice —aunque ello signifique un repudio parcial—, bien la devolución estricta, que podemos realizar mediante uno o varios de estos tres medios: mayor inflación, mayor crecimiento, y represión financiera. En la eurozona, sin embargo, no somos soberanos para generar un alza de precios, ni para hacer crecer la economía a nuestro antojo; tampoco para aplicar una represión financiera a la venezolana o a la argentina, mediante corralitos, tipos de cambio múltiples, o controles de cambios, porque están expresamente prohibidos por los tratados. Así pues, ante la imposibilidad de utilizar las dos primeras (inflación y crecimiento), no cabe excluir que partidos como Syriza hoy o Podemos mañana, se inclinen por algún tipo de represión financiera.
En las próximas elecciones el ciudadano tendrá que examinar una balanza con dos platillos. En el derecho sopesará la frágil recuperación económica y la promesa de más empleo. En el izquierdo, el desmantelamiento parcial del Estado de bienestar provocado por las políticas anteriores que, de forma irresponsable, violaron las reglas de la eurozona y ensancharon la pérdida de soberanía ¿Cuál de las dos pesará más en el ánimo del elector? ¿Se decantará por las perspectivas de consolidación económica, premiando así la estrategia de Merkel? ¿Votará pensando que el Estado social ya no le protege?
Las confrontaciones políticas durante 2015 tendrán lugar en un territorio con escaso contenido político, donde el clásico debate entre izquierda y derecha habrá quedado desdibujado. Una tierra yerma que Podemos siembra de buenas preguntas y medias verdades. Aunque algunos pensamos que detrás de preguntas acertadas encontramos soluciones fracasadas, y que una media verdad es toda una mentira, será en ese espacio de relativa desnudez política donde se dirima la entraña del debate electoral.
Esto obliga a los partidos tradicionales a realizar propuestas muy concretas y pegadas al terreno, que recojan las preocupaciones y necesidades ciudadanas más básicas y respeten los principios mínimos e irrenunciables del Estado de justicia. En ellas los partidos políticos deberían anteponer el ámbito de lo social a lo político, defender el crecimiento con justicia y el uso responsable de los beneficios privados mediante una fiscalidad favorable, siempre que se reinviertan en innovación, mejoras tecnológicas, saneamiento financiero, menor dependencia del crédito bancario, formación profesional para los trabajadores, etcétera. Por otro lado, los elevados niveles de deuda pública, deuda externa neta, paro, déficit comercial, etcétera, no constituyen problemas en sí mismos sino síntomas de dos dolencias económicas más fundamentales: por un lado, el bajo ahorro nacional, que tiene su reflejo en el déficit público y en el déficit comercial; por otro, la baja productividad, cuya recuperación desde 2009 se ha debido en gran medida al ciclo, y no tanto a factores estructurales.
En cuanto a la eurozona, ya subrayé que “el nudo gordiano en relación con la sostenibilidad de las economías periféricas era, y sigue siendo, el endeudamiento del sector privado, y no tanto el público” (El fracaso de las élites, Pasado & Presente). Cuando las empresas están muy endeudadas solo piensan en desendeudarse, no en invertir; asimismo, cuando las familias están desbordadas por las deudas solo piensan en devolverlas, no tanto en consumir. Así pues, si queremos estimular la inversión y el consumo privados, sería conveniente que el BCE anunciase la compra de deuda de empresas y familias, liberándolas así de la losa que supone su devolución. Esto sería mucho más eficaz que el actual programa de compras de deuda pública.
Naturalmente, nada de esto es sencillo, pero ante la disyuntiva entre control de cambios a la venezolana o reestructuración de deuda, prefiero la segunda, aplicada sobre todo al sector privado. Ni el plan Juncker —de dudosa eficacia por el elevado apalancamiento implícito— ni el plan Draghi funcionarán con el nivel actual de deuda privada. Mejor que reducir la deuda pública es plantear en los foros europeos pertinentes (Consejo Europeo, Eurogrupo, etcétera) un ambicioso plan de reestructuración de la deuda para las empresas y familias. Hará falta pues sentarse a dialogar y alcanzar acuerdos con nuestros socios europeos sobre estos problemas económicos y morales.
Ciertamente, las maniobras griegas quedan mejor analizadas desde la teoría de juegos. Sin embargo, las amenazas de incumplimiento de lo acordado sobre la deuda por parte de Grecia, o de expulsión del euro por parte de Alemania, tienen que llegar a materializarse alguna vez para ser creíbles. Esa eventualidad nos colocaría a los demás (España, Italia, Portugal, Irlanda, Bélgica, Francia, por orden cronológico) en una situación complicada que presionaría sobre las primas de riesgo y las Bolsas. Confiemos en que las élites estén dispuestas a reflotar el proyecto de una Unión cada vez más quebradiza y que al final prevalezca, como así parece ser, la buena disposición del Gobierno griego y de los euroescépticos de siempre: Cameron, Merkel, y sus corifeos afines.
Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y miembro de AFEMCUAL. Su último libro es El fracaso de las élites. Lecciones y escarmientos de la Gran Crisis.