Las élites distraídas

“Hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. Esto es: los que no saben; los que no quieren saber; los que odian el saber; los que sufren por no saber; los que aparentan que saben; los que triunfan sin saber y los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”.

Con estas palabras, allá por 1904, Pío Baroja, sorprendía a sus compañeros de tertulia (Valle Inclán, Azorín, Gutiérrez Solana) en el Nuevo Café de Levante, de la calle Arenal.

Un siglo después, la pulsión a la desobediencia –muy apareada con el relativismo moral- de los que aparentan que saben, de los que triunfan sin saber o de quienes viven gracias a que los demás no saben, se ha visto avivada por los nuevos movimientos políticos, que progresan ante la aparente desidia de los poderosos.

Una novedad sugestiva para los que no saben, los que no quieren saber y los que odian el saber, pues viene a significar que cada cual se permite decidir qué es lo que le conviene y qué es lo que no. Como ejercicio de libertad -o expansión del caos, según se mire- es realmente fantástico. Por lo que hace a la indolencia de los más soleados, cuestión de clima moral.

Y ha sido en España –madre y nodriza del anarquismo- donde ha despuntado esta gollería, cuyo impulso germinal nace en quienes, paradójicamente, tienen la misión de elaborar las leyes; esas que después algunos se niegan a cumplir por no estimarlas justas.

El último objetor, uno de los candidatos a las próximas elecciones catalanas de este otoño. Encabeza la lista de un partido considerado “antisistema”, de modo que quienes elijan esa papeleta lo harán a sabiendas de lo que se les promete: barra libre y normativa a la carta. No me diga usted que no es tentador: “Esta sí, esta no, esta me la salto, esta me lo tendré que pensar…”. Sin duda, un reclamo imbatible.

Días antes de ocupar su despacho en la plaza de San Jaume, la alcaldesa de la Ciudad Condal, también manifestó su intención de desobedecer las leyes que le parecieran injustas. Advirtieron, a renglón seguido, los juristas -con esa admonición tan escolar del “dos más dos son cuatro”- que, si se llegara a concretar esa voluntad, la batllesa podría estar incurriendo en un delito de desobediencia y prevaricación.

Ya en el cargo, pocas semanas después de esta proclama, ordenó a los braceros del consistorio que retirasen –en streaming– el modesto busto del anterior monarca, sin sustituirlo, en unidad de acto, por una fotografía del actual jefe del Estado.

No hay ingenuidad que valga porque saben lo que hacen, que no es otra cosa que apilar en desvaídas cajas de cartón signos políticos, religiosos o militares, que no se compadecen con los suyos. La maniobra incluye el cambio de nombre de calles y plazas, en un afán por desmantelar iconos incómodos.

Una vez más, el bucle interminable de la historia de España. De nuevo, el revisionismo activado por la alternancia; la eterna querella de una sociedad partida por la mitad; el apaciguamiento como atenuante del conflicto; y, como telón de fondo, los complejos derivados de la pretendida inferioridad moral. Un paisaje que inhibe a los unos y estimula a los otros.

Así las cosas, estos días hemos asistido al alarde del nuevo alcalde de Santiago, que no ha acudido a la ofrenda al apóstol, momento de hondo contenido institucional, en la catedral compostelana. Y aunque no haya incumplido ninguna ley sí parece haber cometido un error porque el Camino de Santiago y sus adyacencias, no solo las económicas, son nucleares para la ciudad maravillosa que administra y representa.

La desobediencia, en todos los órdenes de la vida, es un acto voluntario y libre. El problema surge cuando se cuestionan leyes que rigen la convivencia y que son, por tanto, de obligado cumplimiento para todos. Pero es que, además, la desobediencia civil no cabe en el ordenamiento jurídico español. La valoración que cada cual haga de las leyes, es cosa bien distinta del margen de maniobra de que disponga, que es en cualquier caso inexistente. Así que, de entrada, las leyes se respetan porque de lo contrario, entra en escena la Fiscalía abriendo diligencias.

Tampoco hay que soslayar la evidencia de que hay algunos jueces que, en lugar de aplicar las leyes, pretenden legislar en sus fallos. Ni la consabida politización de la justicia, condescendida por los sucesivos Gobiernos de PSOE y  PP. Por ello, la ciudadanía tiene la sensación de que queda escaso rastro de la separación de poderes. Y mientras no se subsane este desarreglo, no hay reforma que valga.

Cabe, entonces, hacerse alguna pregunta, que tiene que ver con las élites que parecen distraídas, ese grupo de patricios, políticos influyentes, grandes empresarios y banqueros que no han sufrido el mordisco de la crisis -importante causa y efecto de la desigualdad y la injusticia- pero tampoco replican, con una visión serena de las transformaciones que precisa un país libre ya del rescate, a quienes buscan darle la vuelta al tablero.

¿Tiene que seguir la masa neutra, inerte y desmochada, al socaire de esas élites que, sin haber perdido sus privilegios, asisten -como desganadas- a lo que está ocurriendo, mientras asisten, en sesiones vespertinas, a clases de filosofía?

Para que la sociedad ofrezca resistencias, a las élites les toca abordar aquellos asuntos que interesan a la mayoría. Porque no es lo mismo respetar las leyes que desobedecerlas. La inversión busca seguridad jurídica y estabilidad política. No da igual la independencia de un territorio que la unidad de cinco siglos. La ejemplaridad no es una responsabilidad de baja intensidad. No es suficiente con pedir perdón cuando ya se han inferido daños a terceros. Y así sucesivamente.

Pero mucho me temo que no se trata de un problema de distracción sino de arrogancia ante la seguridad de que la tierra no explotará por mucho que lo advierta la razón. Es bien sabido que la única manera de evitar que se polarice la sociedad es amortiguar las diferencias de clase, ya que si estas se siguen acentuando -como lleva ocurriendo en los últimos 25 años- es impensable que haya estabilidad. En definitiva, lo que irrumpe es la tensión ideológica, como se viene manifestando en Grecia.

Hay ocasiones en la historia -y esta parece ser una de ellas- en que resulta obligado encender las luces de posición. Los privilegiados nunca pueden ser el problema. Porque si no se rompe con las apatías que la afligen, la sociedad envejece y las élites -que han sobrevivido a los cambios de gobierno- no pueden desestimar a esa “mayoría silenciosa” que ha vuelto a las urnas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en busca de un cambio profundo.

La forma de evitar que la historia termine dándole la razón a Antonio Machado: Las masas son un invento de la burguesía para ametrallarlas mejor”, es abandonar la distracción y embarcarse en un viaje con rumbo cierto.

No vaya a ser que se esté hundiendo el Titanic y andemos preocupados con el menú de la cena.

Luis Sánchez-Merlo fue Secretario General de la Presidencia del Gobierno (1981-1982)

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