Las lejanas realidades coloniales

Cuantiosos debates, reflexiones, análisis, libros y audiovisuales generaron, en los últimos 80 años, desde cuantas percepciones políticas existen, la II República y su secuela, la Guerra Civil. Ni los historiadores y tratadistas más neutrales, españoles o hispanistas, resaltan con suficiente relieve el canto del cisne de aquel régimen: la «denuncia Nombela». Acontecimiento clave, al precipitar la ruptura de la coalición conservadora que gobernaba desde 1933, formada por los populistas de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil-Robles, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y grupos menores.

En sus memorias, No fue posible la paz, anota Gil-Robles –ministro de la Guerra y personalidad descollante en aquel equipo– que, cuando a las siete de la mañana del 8 de diciembre de 1935 abandonó el Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras un turbulento y maratoniano pleno parlamentario que duró toda la noche, «llevaba el triste presentimiento de haber pronunciado mi último discurso de aquellas Cortes. La crisis quedó abierta al día siguiente». Ante la dimisión de Joaquín Chapaprieta como presidente del Consejo de Ministros, el jefe del Estado, Niceto Alcalá Zamora, encargó sin éxito a otros prominentes republicanos la formación de un nuevo Gobierno, cuyo fracaso abocó a las elecciones generales, convocadas el 7 de enero de 1936. Ganadas por el Frente Popular en un ambiente de máxima polarización, vino después todo lo demás, de sobras conocido. Pese a los cortafuegos ideados durante la Transición, aquella tragedia gravita aún hoy en el subconsciente colectivo de España.

Conocí y traté breve pero intensamente a Antonio Nombela Tomasich poco antes de su fallecimiento, en 1986. Militar africanista, participó en la guerra de Marruecos, donde, por su competencia, fue laureado con la Cruz de San Fernando, impuesta por el rey Alfonso XIII. Destinado en 1931 a los Territorios Españoles del Golfo de Guinea como capitán de la Guardia Colonial, al poco sería nombrado subgobernador. Tras el asesinato del titular, Gustavo de Sostoa en 1932, en Annobón, accedió a dicho puesto con carácter interino. Experiencia determinante en su vida: se retiró del Ejército y profundizó estudios de administración colonial en las universidades de París, Amsterdam y Amberes. Nombrado Inspector General de Colonias en julio de 1934 por el jefe del Gobierno, Ricardo Samper, intentó organizar las posesiones africanas con criterios racionales. Sustituido Samper poco después por Lerroux, Alcalá Zamora le previno «sobre la clase de personajes que habían entrado en la Presidencia y sus anejos y sus seguras intenciones», pidiéndole fuera «el valladar que firmemente se opusiese a cuantos desmanes se pretendiesen realizar», para lo cual siempre encontraría «respaldo moral en la Presidencia».

El relato de los acontecimientos posteriores está pormenorizado en el extenso informe presentado por Nombela ante las Cortes el 28 de noviembre de 1935 –motivo de la sesión antes aludida–, en la prensa de la época, en su refutación a Gil-Robles tras la publicación del libro mencionado (diario «Arriba», del 11 al 15 de mayo de 1968) y en los discursos de los portavoces parlamentarios, en especial el del falangista José Antonio Primo de Rivera. De tal documentación se desprende que Lerroux, para pagar favores económicos contraídos con el naviero Antonio Tayá, propietario de la «Compañía África Occidental» –concesionaria de la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón–, hundió fraudulentamente algunos de sus buques más viejos para exigir al Gobierno su importe (inicialmente 524.832 pesetas, luego 2.592.000, después 7.450.117 y finalmente 3.033.318 pesetas) con cargo al Tesoro Colonial, fondo que sufragaba las infraestructuras, los servicios y los salarios del funcionariado allí destinado.

Resistiendo presiones, intentos de soborno y graves amenazas, Nombela se negó a secundar aquella estafa, urdida deliberadamente para vaciar una partida presupuestaria. Aprobado el expediente en Consejo de Ministros bajo la invocación de «los intereses de España», el inspector de Colonias adujo diversos defectos de forma para retrasar el pago, mientras informaba a diversas autoridades: Gil-Robles; Luis Lucia, ministro de Obras Públicas y secretario del Consejo de Ministros; Joaquín Chapaprieta, quien acababa de sustituir a Lerroux en la presidencia y conservaba la cartera de Hacienda, y al propio presidente de la República; todos ellos se inhibieron alegando la delicadeza del momento político. La contumaz probidad del inspector y del secretario general de Colonias, José Antonio de Castro, exasperó al subsecretario de la Presidencia, Guillermo Moreno Calvo, quien les cesó de sus funciones. Intentaron su reposición, infructuosamente. Para salvar su honor, Nombela redactó el informe que remitió al presidente de las Cortes, Santiago Alba, verdadero seísmo político en aquel tiempo.

Su tramitación parlamentaria, en comisión y en el pleno, aventó el sórdido entramado de corruptelas y connivencias que, por comisión u omisión, minaba los cimientos de instituciones y partidos políticos, cuyo profundo desprestigio aceleraría su declive. El descrédito generado –señaló Miguel Maura, entre otros– imposibilitó acuerdos que hubiesen evitado las elecciones. Aunque exculpado por gracia de componendas políticas, Lerroux fue obligado a dimitir de sus cargos, abandonó la actividad pública y selló la atomización y desaparición del Partido Radical. Nombela y Castro no recuperaron sus puestos, con el mendaz pretexto de estar instrumentalizados por los comunistas. La justicia histórica debe un reconocimiento a la heroica integridad de aquellos funcionarios que lucharon en solitario contra poderes inicuos, defendiendo valores y convicciones irrenunciables.

Innecesario evocar hechos foráneos para concluir que las «lejanas» realidades coloniales siempre emergen, determinando a menudo la política de la metrópoli: la verdad resplandece frente a todo intento de manipulación. La «denuncia Nombela» revela la secular contraposición de concepciones divergentes en la colonización española de Guinea, causa última –no única– del hundimiento del régimen republicano. Quizá el futuro calibre el influjo del –dossier Trevijano– en el rumbo definitivo de la Transición, tras la muerte de Franco. Historia desconocida en sus pormenores. Resumida: la oportuna denuncia de la inmoralidad de determinados comportamientos en asuntos de la Guinea recién independiente coadyuvó a la estabilización de España, modélica durante cuatro décadas. De la cual, pese a cuanto prodiga el desconocimiento o la interpretación torticera, ningún guineano sacó beneficio político o personal.

Donato Ndongo-Bidyogo, escritor.

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