Las leyes del ciberespacio como armas de represión

Tras haber presenciado las protestas populares que, desde las revoluciones de colores en la ex Unión Soviética a la Primavera Árabe, ponían en cuestión el poder de sus gobernantes, los autócratas del mundo han ido adoptando medidas legales que apuntan a incapacitar a grupos cívicos como los movimientos por la democracia y las ONG de defensa de los derechos humanos. Entre ellas, las de más amplio alcance son las que permiten a los funcionarios monitorear y castigar las iniciativas en línea de los activistas.

Aunque siguen siendo una importante preocupación las redadas abiertas de las fuerzas de seguridad, en los últimos años los regímenes autocráticos recurrido cada vez más a herramientas legales y burocráticas para obstaculizar las actividades de sus oponentes. Por ejemplo, muchos países como Camboya, China, Egipto, Etiopía, Jordania, Rusia, Tanzania, Tailandia, Uzbekistán y Venezuela, han elevado las restricciones al registro de organizaciones, la financiación extranjera y el derecho a la reunión pública.

Los gobiernos autocráticos han hecho un gran uso de leyes existentes que prohíben delitos vagamente definidos, como la difamación y la sedición, así como leyes antiterroristas. Y hoy están añadiendo leyes sobre delitos cibernéticos al repertorio represivo a su disposición.

Por supuesto, la mayoría de los países han promulgado leyes para abordar el ámbito cibernético, la protección de la privacidad y la transparencia financiera en línea, y con buenas razones. Pero los regímenes autocráticos a menudo recurren a ellas para controlar a sus oponentes, en particular manteniendo una cierta ambigüedad en el lenguaje.

Por ejemplo, para identificar quién supone una amenaza cibernética, estas leyes podrían atribuir a grupos o personas una “intención maliciosa”, o a quienes buscan “oponerse al estado”, “poner en peligro la seguridad o la ideología nacionales”, “distorsionar información para crear alarma pública”, “promover la homosexualidad o el lesbianismo” o “generar movimientos sociales contra el estado”. Definiciones así de amplias permiten a los autócratas presentar casi a cualquier disidente como una amenaza a la seguridad, generando con ello una excusa para la represión, e incluso concitando apoyo público para ella.

El Sudeste Asiático ofrece muchos ejemplos de esta tendencia. En siete de los diez países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático existen diversas formas de autocracia: autoritarismo competitivo (Camboya, Singapur y Myanmar), regímenes de partido único (Laos, Vietnam), monarquía absoluta (Brunéi) y gobierno militar (Tailandia). Hasta 2018, Malasia estaba en la categoría autoritaria competitiva.

A lo largo de la última década, estos países han intensificado su legislación antidisenso con leyes de ciberseguridad e informática que siguen todas un patrón similar. Camboya aplica estas leyes a través de una nueva unidad de lucha contra el delito informático y un lenguaje ambiguo para facilitar la supresión de la libre expresión. En Singapur, el Código de Prácticas de Internet y, desde hace poco, la ley de Protección contra la Falsedad y la Manipulación en Línea cumplen esta función. En Myanmar, se usan con este fin las regulaciones sobre la web del año 2000, que limitan el contenido que se puede publicar en línea, la Ley de Telecomunicaciones de 2013, que criminaliza la difamación en línea, y la ley sobre transacciones electrónicas de 2004 (enmendada en 2013), que impone fuertes castigos por una larga lista de difusas ofensas.

De manera similar, se ha usado contra oponentes leyes promulgadas expresamente para prevenir la propagación de información falsa, como el Artículo 65 del código penal de Laos. Durante la campaña electoral malaya de 2018, el partido gobernante promulgó una ley anti-noticias falsas para limitar a la oposición, que obtuvo la victoria de todos modos.

Un componente crucial de estas ciberestrategias represivas es la creciente vigilancia. La recién promulgada ley tailandesa de ciberseguridad, que complementa la Ley sobre Delitos Informáticos de 2016, autoriza al estado a ampliar la vigilancia de sus ciudadanos y lo fortalece en su combate contra ciberataques vagamente definidos. Como Azerbaiyán, Malasia, Marruecos y Qatar, el gobierno tailandés supuestamente ha adquirido programas espía de compañías como la italiana Hacking Team, que permitiría acceder sin consentimiento previo a los ordenadores, móviles e inclusos los sistemas GPS de sus ciudadanos.

Las exigencias de localización de datos, que obligan a las empresas a almacenar la información de sus ciudadanos en servidores locales, facilitan estas maniobras. Vietnam comenzó hace poco a implementarlas, supuestamente para prevenir el robo de datos, sumándose a países como China, Nigeria, Pakistán y Rusia. Pero mantener datos dentro de un país también permite a sus gobiernos ejercer control sobre ellos.

Las leyes de ciberseguridad de Vietnam, que entraron en vigencia en enero, permiten que el gobierno acceda a datos de medios guardados localmente y eliminar contenidos que, se considere, se oponen al estado. China da un paso más allá: con sus vastos recursos, es capaz de utilizar inteligencia artificial avanzada para analizar los datos entrantes, y así monitorizar a sus ciudadanos.

Además de la represión legal, el uso de vídeos falsos (los llamados “deepfakes”, o ultrafalsos) y ejércitos de troles ayudan a los gobiernos a propagar su agenda y desacreditar a los activistas. Parece ser que, en Tailandia, las Filipinas y Vietnam, troles cibernéticos acosan sistemáticamente a los disidentes en línea.

Los activistas del Sudeste Asiático y de las autocracias de todo el mundo están sintiendo los efectos de estas iniciativas. La Ley de Comunicaciones y Multimedios de Malasia se usó para acusar a ciudadanos por criticar a las autoridades o la monarquía en al menos 38 casos en 2017. En Myanmar, se han presentado ante los tribunales más de cien casos en virtud de la Ley de Telecomunicaciones desde 2013 y, solo en 2016, 54 personas fueron procesadas y 8 encarceladas por disenso en las redes sociales.

La junta tailandesa ha encarcelado a varias decenas de ciudadanos por compartir información “confidencial” en redes sociales. Con las elecciones de 2019 aproximándose, ha utilizado la Ley sobre Delitos Informáticos para acusar de manera infundada a los partidos de oposición, mientras hace la vista gorda a las noticias falsas que propagan sus troles. En Vietnam, donde en 2017 y 2018 se procesó a cientos de disidentes por supuesto activismo antiestatal tanto en línea como fuera de ella, la nueva ley de ciberseguridad no hará más que empeorar la situación.

Por el lado de los activistas, no será fácil reaccionar ante las draconianas leyes informáticas y otras formas digitales de represión, no en menor medida porque son territorios sin explorar. Pero eso no ha intimidado a algunos de ellos. Y ya se han visto algunos resultados: las protestas en países como Corea del Sur han tenido cierto éxito en aumentar la supervisión legal. Muchos grupos de educación cívica han estado promoviendo el alfabetismo digital, de modo que los ciudadanos puedan ayudar a monitorear el abuso de las leyes informáticas.

En el ámbito internacional, las redes de promoción de intereses han tratado de persuadir a los gobiernos democráticos y las organizaciones internacionales para que presionen a los regímenes autocráticos. Sin embargo, existe una necesidad más amplia de una respuesta global coordinada para proteger el espacio cívico. Solo mediante la presión pública sostenida podemos esperar que los regímenes autocráticos revisen o reviertan sus políticas cibernéticas.

Janjira Sombatpoonsiri, an assistant professor of Political Science at Thammasat University and an associate at the German Institute of Global and Area Studies (GIGA), is the author of Humor and Nonviolent Struggle in Serbia. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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