Las malas noticias patrióticas

Por Soledad Gallego-Díaz, periodista (EL PAÍS, 06/07/07):

Los consumidores españoles hemos pagado mucho más caro el acceso a la banda ancha, es decir al Internet rápido, que la media de los europeos y eso ha ayudado a que la alfabetización digital en España vaya también retrasada respecto a la europea. La Comisión, en Bruselas, asegura que la culpa es de Telefónica, que ha impedido la competencia en ese mercado y, en consecuencia, ha decidido imponerle una multa de casi 152 millones de euros. La multinacional española protesta, lo que es lógico. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), organismo español encargado de autorizar aquellos márgenes, protesta todavía más porque, dice, eso es asunto suyo y no de la Unión Europea. Los ciudadanos, algo mosqueados, nos preguntamos, como siempre, cosas sencillas: ¿es verdad o no que nos han estado cobrando un 20% más de lo que pagan los otros europeos?

Parece que nadie está dispuesto a dar la menor importancia a ese detalle. Ni lo niegan ni lo discuten. La pelea se plantea en otros términos: la multinacional española asegura que se le autorizó a mantener esos márgenes y que necesita seguridad jurídica, y la CMT, que la Comisión Europea se mete donde nadie le llama. Visto desde la perspectiva de los usuarios, se diría que es justamente lo contrario. Si algo justifica la existencia de la Comisión Europea es precisamente que esté atenta a los posibles abusos que se cometan contra sus ciudadanos y que actúe vigorosamente contra ellos.

Es posible que otra de las quejas que más vayamos a oír estos días se relacione con la alta cuantía de la multa: 152 millones de euros es una cantidad excesiva y, además, hasta ahora, la UE había castigado a otras empresas, francesas o alemanas, del sector con cantidades más pequeñas. ¿Tiene que ver esta sanción tan grande con el daño provocado y el beneficio obtenido o se debe sólo al hecho de que Telefónica es una empresa española?

Una de las cosas más tontas que se puede ser en la vida es “patriota económico”. Quienes lo esgrimen suelen llegar siempre a la conclusión de que es el consumidor quien tiene que hacer un sacrificio y aceptar, por amor a la patria, menos o peores servicios que sus vecinos o próximos. Es posible que, como decía Goethe, el patriotismo arruine la historia, pero lo que, desde luego, es seguro es que el patriotismo económico arruina a los ciudadanos más incautos.

El que España esté retrasada respecto a la media europea en su acceso al mundo digital es lo que constituye, de verdad, una pésima noticia “patriótica”. Si España tiene sólo 15 líneas rápidas por 100 habitantes frente a la media de 20 líneas en el resto de Europa, eso sí son malas noticias porque supone que este país parte en inferioridad de condiciones para hacer frente a los problemas globales del futuro. Mala noticia es que España, octava potencia económica del mundo, sea la número 26 en cuanto a capacidad de conexión digital y que, según los ránking de The Economist, hayamos pasado este año del puesto 24 al 26 en cuanto a preparación digital en su conjunto.

El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, dijo el otro día que no le hacía gracia “que pasaran cosas de este tipo”. Rodríguez entiende que Bruselas no aplica bien sus propias normas y, sobre todo, que Telefónica se ha limitado a “cumplir la regulación nacional”. De hecho, el presidente de la CMT “hubiera preferido que en vez de abrir un expediente a Telefónica se lo abran a la propia CMT”. Quizás no sería tan mala idea.

En cualquier caso, no estaría mal que alguien explicara a los ciudadanos lo que nos interesa de verdad: ¿hemos pagado más o no? Parece que sí. ¿Ha influido en eso la política de márgenes y tarifas de Telefónica? Rodríguez reconoce que los precios de la banda ancha siguen por encima de la media europea. En su último informe, la CMT decía lacónicamente: “En cuanto a los precios, no se registraron cambios significativos”.

Es posible, sin embargo, que la multa impuesta por la Comisión Europea nunca llegue a abonarse. De hecho, Telefónica no tuvo que pagar los 57 millones de euros que le impuso en su día el propio Tribunal Español de la Competencia por motivos parecidos. A la hora de la verdad, la Audiencia Nacional anuló la sanción.