Las manos del imputado excelente sobre la justicia

Por Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado (EL PAIS, 28/12/04):

A 'Magistratura Democrática' en su 40º aniversario

El sistema de organización judicial de progenie napoleónica propio del Estado liberal tuvo su momento de la verdad en la tremenda experiencia de los fascismos europeos. En efecto, la generalidad de los integrantes de las respectivas magistraturas siguieron a aquél en la pendiente del autoritarismo criminal, cubriendo su implicación con un manto de supuesta asepsia técnica. El juicio a este antimodelo tuvo un escenario privilegiado en la Asamblea Constituyente que alumbró la Constitución italiana de 1947. Un colegio -del que formaron parte juristas y políticos tan significativos y dispares como Calamandrei, Leone, Togliatti y Basso- que, a tenor de la bien contrastada experiencia, entendió necesario hacia el futuro poner un límite infranqueable de derecho y de derechos a las más graves degradaciones de la política, haciendo del juez una (última) instancia independiente de garantía. Para ello, prescribió su exclusiva sumisión a la ley válida, encomendando la gestión del estatuto judicial al Consejo Superior de la Magistratura (CSM), órgano de composición mixta: 2/3 de jueces elegidos por y entre los propios jueces y 1/3 de juristas de designación parlamentaria, presidido por el presidente de la República. Aquel texto -fundamental por más de un concepto- equiparó en dignidad a todos los componentes de la magistratura. Y, de este modo, impuso la abolición de la carrera jerárquica: un perverso instrumento de gobierno, inductor de dependencia política, a través de la Corte Suprema como longa manu del poder ejecutivo.

El nuevo planteamiento está en la base de la mejor cultura de la jurisdicción y del más alto grado de realización empírica de los valores de ésta. No es casualidad que, precisamente en tal contexto, la delincuencia terrorista y mafiosa y la perversión delincuente de un amplísimo sector de la clase política llegasen a tener un nivel de respuesta desde la legalidad, sin precedentes. Y que, en fin, de ese entorno forme parte el mejor constitucionalismo en la materia, del que Pizzorusso y Silvestri, entre otros, son emblemáticos exponentes.

De la calidad del modelo da fe una oposición tan brutal como la protagonizada por Craxi... desde el banquillo. Y, de la manera más elocuente, la que desde hace años encarna otro ilustre imputado, Silvio Berlusconi. De él se ha dicho con razón que personifica un nuevo sentido de la (más vieja) política, ejercida con empresarial desenvoltura, en un permanente y exitoso esfuerzo de mercantilización de lo público y de erosión de los valores centrales del Estado de derecho.

Su peculiar gestión tiene una particularidad esencial y es que la economía del país va camino de ser "econosuya", que diría nuestro Chumy Chúmez. Este rasgo, con natural coherencia, comparte escena con otro no menos expresivo: la obsesión de Il Cavaliere por dotarse de un orden penal a la medida de las propias necesidades procesales, que son muchas. Y -ya puestos- también por la demolición del orden judicial en su conjunto.

Es difícil dar cuenta en pocas líneas de tan singular empresa. Pero vale la pena dejar constancia de algunas de las vicisitudes más salientes. Para empezar, el "espléndido regalo al mundo de la economía ilegal" (Ferrajoli), representado por el modo de regular la "emersión de actividades realizadas en el extranjero". Descarada manera eufemística de referirse a la licencia para importar capitales antes exportados al margen de la ley mediante el pago de un ridículo 2%. Otra iniciativa digna de mención es el tratamiento dado al delito de falsedad en balances, especie de amnistía de facto, de la que no hace falta decir quién fue uno de los primeros beneficiados. También hay que hablar de la curiosa simplificación de las comisiones rogatorias (aprovechando la ratificación del acuerdo italo-suizo de 1998). Una llamativa exasperación del formalismo burocrático en el auxilio judicial internacional, precisamente dirigido a privar de efectos procesales a comprometedoras informaciones bancarias procedentes del país alpino: ¿habrá que explicar con qué fin y en favor de quién? El Parlamento Europeo lo vio tan claro como para descalificar la reforma mediante una resolución de 29 de noviembre de 2001.

La obsesiva escalada tuvo prolongación en la legge Schifani, dirigida a procurar a Berlusconi la impunidad durante su mandato. Para hacer más digerible la pretensión, se extendía el beneficio a los máximos representantes de las otras altas magistraturas del Estado, buscando su complicidad. Sin resultado, pues la Corte Constitucional declaró la norma ilegítima; provocando un expresivo "¡malditos comunistas!" por parte de Carlo Taormina, diputado de Forza Italia. Comprensible, en un país donde, por llamativa singularidad de las reglas de competencia, son sólo jueces "comunistas" los que, al parecer, conocen en todas las instancias de los múltiples asuntos del imputado por excelencia. Para él, "el fascismo resulta menos odioso que la burocracia togada". Se comprende.

Sin ánimo de agotar el contenido de tan ricas vicisitudes, vale la pena señalar que Il signor B no está solo. En efecto, en sin par trinidad tiene como compañeros de martirio a Dell'Utri y Previti. El primero, condenado por la implicación en asuntos de mafia, y el segundo, por la corrupción de jueces: demostración de que, entre éstos, no todos serían "comunistas". Corrupción de jueces en la que también ha incidido el propio Berlusconi, aunque sin consecuencias penales, porque el delito, ciertamente cometido, habría prescrito, según la justicia de Milán.

La última noticia es que el presidente de la República italiana acaba de sumarse a la conspiración, al poner objeciones de constitucionalidad a la berlusconiana contrarreforma de la justicia. Precisamente orientada a desmantelar el sistema judicial nacido de la Constitución de 1947.

En esa línea, una de las pretensiones de la actual mayoría parlamentaria en Italia es, nada menos, que atribuir anualmente al Gobierno la definición de una "política judicial". Es decir, dotarse de un poder de dirección política, allí donde la Constitución sólo pone en manos del Ejecutivo la prestación de infraestructuras en materia de personal auxiliar y de medios, al poder judicial, en sí mismo in

-pendiente. Que, además, en materia criminal, no puede admitir otra iniciativa o estímulo externo que el ejercicio de la acción penal, obligatoria para el ministerio público.

Se busca, asimismo, reducir drásticamente las competencias del CSM, de manera muy especial en tema de reclutamiento; y la rehabilitación de la Corte Suprema como vértice organizativo de la jurisdicción, a la que se querría devolver, al tiempo, la vieja articulación jerárquica, a través de una pintoresca proliferación de categorías. Y no sólo, para cerrar el cerco en torno al CSM, se habilitaría un recurso frente a sus actos, ante la justicia administrativa y en favor del ministro de Justicia, a pesar de que lo constitucionalmente previsto es dilucidar los conflictos de atribuciones ante la Corte Constitucional.

Por último, y sólo a los fines de este artículo, ya que no en fin, también el Ministerio Fiscal está en el blanco de los disparos. Hasta hoy organizado como independiente, mediante el reconocimiento del status de magistrado a cada uno de sus miembros, y dirigido por el CSM, se quiere extraerlo de ese ámbito, hiperjerarquizarlo internamente, y personificar el ejercicio de la acción penal en unos pocos jefes. Cuando, como bien se sabe, Italia es el único país en el que el fiscal ha sido eficaz agente de la legalidad frente a las desviaciones criminales del poder. En un contexto europeo en el que, en general, las instituciones equivalentes, sujetas a la disciplina del Ejecutivo, han desarrollado una notable capacidad de cerrar un ojo, los dos, o mirar para otro lado, ante esa clase de fenómenos.

Sabino Cassese, a la vista de estas actuaciones, ha hablado de un "encarnizamiento contra el orden judicial que alterna con manipulaciones legislativas dirigidas a salvar de los procesos y de los juicios, hoy a éste y mañana a aquél". Y, como ha podido verse, así es. Pero no sólo, porque la berlusconiana cruzada contra la jurisdicción como agente de la legalidad desde la independencia, va directamente hacia la recuperación, sin limitaciones, de un viejo modo de hacer política; bien conocido, entre otras cosas, por su acreditada eficacia criminógena. No es, pues, de extrañar que tenga apoyo en cierta internacional de poderosos damnificados por la jurisdicción.