Las milicias de Libia, contra el ejército

Mientras Estados Unidos se esfuerza por comprender el ataque de septiembre pasado a su misión diplomática en Bengasi, que se cobró las vidas de cuatro estadounidenses (incluido el embajador, J. Christopher Stevens), en Libia todavía ni siquiera se abrió una investigación formal (y es probable que nunca se abra). Las autoridades del país se enfrentan con infinidad de desafíos (desde la presencia de un activo movimiento federalista en el este del país, decidido a usurpar las prerrogativas del gobierno central, hasta una ola de asesinatos de funcionarios de seguridad) y disponen de pocos recursos para asignar a un caso que no plantea ninguna amenaza inmediata a su posición en el frente interno.

En vez de eso, las autoridades están concentradas en reconstruir el Estado que el antiguo líder Muamar El Gadafi destruyó. Para ello, han tenido que hacer frente a la necesidad de crear instituciones administrativas eficaces y propiciar el surgimiento de un poder judicial independiente. El Consejo Nacional de Transición (CNT), órgano de gobierno interino que reemplazó al régimen de Muamar El Gadafi, no llegó a sentar las bases de un Estado moderno, pero todavía es demasiado pronto para emitir juicio sobre la dirigencia electa que asumió el poder en noviembre de 2012.

La prueba de fuego será el avance en materia de seguridad. El ataque en Bengasi y la falta de una respuesta creíble por parte de las autoridades libias demostraron que no hay en el país un estado de derecho ni condiciones para imponerlo. El nuevo gobierno debe modificar esta situación, para lo cual deberá lograr el desarme de las milicias y la integración de sus miembros a las fuerzas de seguridad regulares de Libia.

Como primera medida, el gobierno debe dejar de favorecer a las milicias y concentrarse en cambio en la creación de fuerzas armadas nacionales, algo que el CNT descuidó. Claro que convencer a los milicianos de trasladar su lealtad al Estado no será fácil, especialmente en vista de los fuertes lazos (a menudo ideológicos) que unen a los combatientes con sus diversas unidades. Pero este paso es fundamental para comenzar a ordenar la situación y darle mayor legitimidad al nuevo gobierno electo.

Por ejemplo, las brigadas del este de Libia (Cirenaica) tienen una profunda raigambre en la ideología islamista tradicional. En esta región, los combatientes se organizaron en unidades muy poderosas, como la brigada Mártires del 17 de Febrero (una numerosa fuerza aliada del gobierno, contratada para proteger la misión estadounidense en Bengasi) y el Escudo de Libia (una coalición de milicias, con amplio despliegue territorial, que auxilió a la misión estadounidense la noche del ataque).

En cambio, las milicias del oeste de Libia (Tripolitania) tienden a surgir en ciudades individuales, siendo las más poderosas las brigadas con base en Misrata y Zintan. Estos grupos son partidarios de unirse a las fuerzas de seguridad como unidades, en vez de como combatientes individuales, a fin de mantener sus lazos comunitarios y al mismo tiempo impedir la plena integración en un ejército nacional.

Por otra parte, la creación de fuerzas armadas nacionales no estaba en los planes originales del gobierno. Durante la revolución, en vez de dirigir recursos y financiación al naciente Ejército Nacional Libio (ENL), los líderes del CNT los distribuyeron entre brigadas islamistas cuya ideología compartían. Después de que en julio de 2011 combatientes islamistas mataron al comandante en jefe de las fuerzas rebeldes, Abdul Fatah Younis, al ejército directamente se lo dejó de lado.

De hecho, el CNT colaboró de buen grado con el apartamiento del ejército. Cuando a principios de 2012 estallaron enfrentamientos tribales en Kufra (un remoto pueblo en medio del desierto), en vez de despachar unidades del ENL a pacificar la región, el CNT envió al Escudo de Libia.

Además, los fondos que recibe el ejército son insuficientes, y se da el caso de oficiales que tienen que pagar con dinero propio la gasolina para los vehículos militares. Entretanto, las milicias reciben financiación directa de los gobiernos de los ricos estados del Golfo, lo que les permite comprar vehículos nuevos y equipos de comunicación de avanzada.

Los libios se quejan de que el nuevo gobierno continuó la política del CNT de favorecer más a las brigadas revolucionarias que a las fuerzas de seguridad regulares. Después del ataque del 11 de septiembre en Bengasi, multitudes de libios decepcionados salieron a las calles a gritar consignas contra las milicias. Diez días después, y como parte de una oleada de incursiones sobre complejos de las milicias en toda la ciudad, los manifestantes asaltaron la base de Ansar Al Sharia (la milicia islamista sospechada de haber organizado el ataque a la misión diplomática).

Apenas unas horas después del inicio de las protestas, las autoridades enviaron un mensaje de texto masivo a los manifestantes para exhortarlos a volver a sus casas, añadiendo que “la brigada Rafallah Al Sahati, la brigada 17 de Febrero y el Escudo de Libia son fuerzas legales y sujetas a la autoridad del Estado Mayor [del ejército]”. Más tarde, el presidente Mohamed Magariaf confirmó esta apreciación.

En respuesta, un ex miembro del CNT lamentó que el gobierno hubiera “perdido una oportunidad de terminar con todas las milicias” y afirmó que los grupos responsables cuentan con respaldo de Qatar y que el gobierno no quiso interferir con sus planes.

La protección de las milicias incluso llega hasta el ejército regular. Se dice que el jefe del Estado Mayor, Yousef Al Manqous, prefiere las milicias cirenaicas a las unidades militares bajo su mando; al mismo tiempo, los funcionarios de gobierno se quejan de la falta de una cadena de mando efectiva. Por ejemplo, el pasado junio, el ministro de defensa Osama Al Juwali cuestionó al CNT por no consultar sus decisiones con los funcionarios pertinentes y agregó que su tarea como ministro había quedado reducida a “poner la firma en los planes del jefe del Estado Mayor”.

Con amplia financiación del extranjero y trato preferencial del gobierno, las milicias no tienen motivos para el desarme. Además, les preocupa la perspectiva de transferir el control de sus brigadas a comandantes militares a los que acusan de haber apoyado a Gadafi o, al menos, de no habérsele opuesto.

Si bien al nuevo gobierno de Libia no le faltan problemas que resolver, el desarme de las milicias debe ser su prioridad número uno, ya que de lo contrario, las aspiraciones que impulsaron la revolución contra Gadafi (terminar la corrupción y lograr estabilidad y prosperidad para todos los libios) nunca serán satisfechas.

Barak Barfi is a research fellow at the New America Foundation. Traducción: Esteban Flamini.

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