Susto o muerte. La doble moción de censura anunciada a primera hora de la mañana en Murcia fue el detonante de una reacción en cadena, con la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León como explosiones tan previsibles como inesperadas. El precedente de mayo de 2018, que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno con una moción de censura contra Mariano Rajoy, ratifica todos los temores.
Sánchez puso en marcha una nueva normalidad de inesperadas alianzas cambiantes y bruscos volantazos que para sí quisieran los guionistas de las más trepidantes series de éxito, con legislaturas rotas que llevan aparejadas súbitas crisis de partidos y nuevos liderazgos, y con una inexplorada forma de entender la política que concede victorias momentáneas a quienes logran apalancar con éxito su propia debilidad, porque el juego es siempre de debilidades múltiples.
Vaya por delante que la moción de censura es un instrumento perfectamente legal. Para el Gobierno de España está regulado en el artículo 113 de la Constitución Española, y en todas las Comunidades Autónomas esa norma se ha trasladado a sus Estatutos de Autonomía.
Y es verdad que cuando hay una moción de censura en trámite no es posible disolver los Parlamentos y convocar elecciones. Como también es cierto que no cabe moción de censura alguna después del acuerdo de disolución adoptado (en el ejercicio de sus indelegables competencias) por un presidente de Gobierno en ejercicio.
De ahí que resulte sorprendente, o sencillamente tramposa, la decisión de registrar una moción de censura después de que un presidente del Gobierno, se llame Isabel Díaz Ayuso o Agamenón, haya firmado el decreto de disolución.
Presentar después una moción significa, como mínimo, un menoscabo de la competencia exclusiva de todo presidente para disolver y convocar elecciones.
Esto es lo que ocurrió ayer a mediodía. Tras el anuncio de la doble moción de censura de Murcia, Isabel Díaz Ayuso reunió a su Gobierno madrileño e intentó obtener garantías de Ignacio Aguado, su vicepresidente de Ciudadanos, de que no iba a seguir el camino murciano: el de la moción.
Como no las obtuvo, acordó disolver y así lo transmitió a la Asamblea. Horas después, al anunciar públicamente su decisión, y pedir a los madrileños que "elijan entre socialismo y libertad", Ayuso aseguró que, de no disolver, "Ciudadanos y el PSOE habrían presentado una moción de censura".
¿"Habrían"? Como muestra de los imprevistos giros de guion de la vertiginosa política española, y de la escasísima fe en sus expectativas electorales por parte de la izquierda, eso fue lo que ocurrió.
Poco después de conocerse la decisión de Ayuso, el PSOE y Más Madrid registraron sendas mociones de censura en la confianza de que pudieran admitirse a trámite antes de la publicación, al día siguiente, del decreto de disolución. Y la Mesa de la Asamblea (presidida por Ciudadanos) las admitió a trámite y, por tanto, no quiso darse por enterada de su propia disolución.
El resultado es que el arranque de la campaña electoral de estas inesperadas elecciones madrileñas quedará marcado por la rapidez (o la lentitud) en resolver este conflicto por parte de los tribunales.
Son las pasmosas sorpresas de la nueva normalidad en la que vivimos. En el mundo de ayer, la decisión de Ayuso de disolver podría haberse calificado de temeridad. O, como mínimo, de osada audacia. El PP solo tiene 30 escaños en una Asamblea de 132. Llegó a la mayoría absoluta con la suma de los 26 de Ciudadanos y los 12 de Vox: una suma de 68 para una mayoría absoluta de 67.
Pero no debe de ser tan audaz cuando el PSOE y Más Madrid prefieren no ir a las urnas y se aferran a la opción de la moción de censura.
Precisamente por ser tan ajustada la mayoría que sostenía a Ayuso, desde noviembre de 2019 se ha rumoreado insistentemente acerca de la posibilidad de una ruptura del Grupo de Ciudadanos para apoyar una eventual moción de censura del PSOE (37 escaños), junto a Más Madrid (20 diputados) y Podemos (otros siete).
Es decir, sólo hacían falta cuatro diputados díscolos, de los 20 que tiene Ciudadanos, para que saliera adelante esa eventual censura. ¿Por qué desde noviembre de 2019? Pues porque fue entonces cuando se produjo el desplome de Ciudadanos, que pasó de 57 a diez escaños en el Congreso de los Diputados, en una crisis que se llevó por delante a Albert Rivera y entregó las riendas del partido naranja a Inés Arrimadas.
Las elecciones catalanas han ratificado ese desplome de Ciudadanos, pero en Murcia hubo otro giro de guion.
La moción de censura contra el PP no fue resultado de ninguna ruptura dentro de Ciudadanos, por miedo de algunos diputados a quedar descabalgados en futuras elecciones. No. Es una operación política que cuenta con todas las bendiciones de la dirección nacional. Es decir, fue la propia Arrimadas quien, a primera hora de la mañana, desencadenó un terremoto que amenaza a todos los gobiernos de coalición de Ciudadanos y PP.
Y la amenaza se sustanció en Madrid y en Castilla y León, aunque con distinta trama. En ambos, el PSOE registró una moción de censura. No lo hizo en Andalucía, donde PP y Ciudadanos exhibieron su buena relación.
En Madrid tenemos ruptura, disolución y, en principio, elecciones el 4 de mayo. En Castilla y León, el grupo de Ciudadanos anunció que no respaldará la moción socialista.
¿Seguro? Sería suficiente con que tres o cuatro de los 13 procuradores de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León se sumen a los del PSOE. ¿Es posible? Eso queda para el próximo capítulo de la nueva normalidad y aquí no caben spoilers.
Pilar Marcos es diputada del PP en el Congreso de los Diputados y periodista.