Las mujeres contra ETA

En la historia de las historias de los atentados de ETA se componen muchos espejos posibles de la historia de España: el más desconocido es, tal vez, el de cientos de mujeres llenas de fuerza sujetando y cosiendo las emociones en familias rotas por los atentados. La sentencia del 21 de octubre de 2013 del Tribunal de Estrasburgo en el caso de la asesina Inés del Río ha causado conmoción en la opinión pública española. La satisfacción inmisericorde en el rostro de la mujer responsable de 24 asesinatos ha punzado las conciencias de millones de personas. La aplicación exprés del fallo, irreconocible en una justicia española lenta y parsimoniosa, ha hurgado en el daño profundo de las víctimas de la banda terrorista. Y es que se acumulan cientos de casos sin resolver -más de 300 asesinatos-. Varias decenas de estos expedientes, de hecho, se han extraviado en los vericuetos de salas y anaqueles polvorientos.

Cincuenta y nueve mujeres han sido asesinadas por ETA. Una de ellas, Dolores González Catarain, había abandonado la banda y, al no tener causas pendientes, se había acogido a la reinserción regresando a España en 1985. Fue tiroteada en su pueblo, Ordizia (Guipúzcoa), el 10 de septiembre de 1986, mientras paseaba de la mano de su hijo, un niño de tres años. Pensar en la plaza vacía, el niño solo, indefenso, con su madre en el suelo conmovió a una parte de la opinión pública vasca como nunca antes. El camino hacia el reproche social sería tortuoso -y frágil muchas veces- también después.

En realidad, la primera víctima de ETA fue la niña Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses, asesinada en San Sebastián el 27 de junio de 1960 al estallar una bomba en la consigna de la estación de ferrocarril de Amara. El atentado nunca fue reivindicado. Ernest Lluch llegó a desvelar, en un artículo en El Diario Vasco, la verdad del caso en el año 2000, y tres meses después fue asesinado. En 2010, la familia de la niña habló por primera vez tras 50 años de duelo en silencio. Todas las asociaciones de víctimas decidieron proponer en su memoria el 27 de junio como el Día de las Víctimas del terrorismo. El Parlamento español así lo aprobó entonces, por unanimidad.

En la estela de las cinco décadas de tragedia, cientos de viudas se vieron obligadas a sacar adelante a sus familias con pensiones míseras. Lo hicieron con una abrumadora falta de ayudas públicas durante las épocas más oscuras. El tiempo en el que coincidió la mayor intensidad de asesinatos se conoció después como años del plomo. La primera Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo de la democracia española no se aprobó hasta el año 1999. Y para entonces habían sido asesinadas 800 personas, entre ellas 20 niños. Pienso hoy en las mujeres a las que fui conociendo y abrazando en distintos puntos de España y me gustaría proclamar que ellas no educaron en la venganza. Las he conocido dignas, 20 y 30 años después de haber perdido a sus hijos, casi adolescentes, a muchos kilómetros de Andalucía o de Extremadura, en el hermoso y cruel entorno del País Vasco. La memoria gráfica de estas mujeres admirables es difícil de rastrear más allá de alguna foto perdida en periódicos de la época, en algún funeral exprés o en algún responso rápido en el lugar del espanto...

Recuerdo de aquella época, con el dolor más profundo, dos funerales de jóvenes guardia civiles en una parroquia del barrio de Amara, en San Sebastián, ceremonias en las que el sacerdote se empeñaba en introducir la lengua vasca, con total falta de misericordia hacia las familias que habían llegado apresuradamente a por el cuerpo de sus niños, enlutadas y todavía aturdidas... A aquellas madres se les negaba incluso la piedad cristiana, porque había que cumplir algún ciego criterio sociolingüístico del obispado. Tuvimos que rebelarnos contra el asesinato, sí, pero también contra cada muestra de insensibilidad, controlando la más justa de las rabias. De algún funeral nos levantamos y nos fuimos. Y en otros pudimos conseguir que un cura castrense oficiara en castellano.

La presencia de mujeres entre los asesinos del grupo terrorista no ha llegado a ser paritaria ni mayoritaria, y este dato contrasta con el de las que se han enfrentado a ETA: pioneras y con abrumadora presencia social. Ellas nunca se han incorporado masivamente a la banda, tal y como concluye el periodista Florencio Domínguez en un estudio del perfil de los terroristas, pero además, como establece el profesor Fernando Reinares, el ingreso en el grupo armado ha tenido que ver en muchas ocasiones con relaciones emocionales o de parentesco. Hay, de hecho, mujeres etarras que pertenecen a verdaderas sagas familiares criminales, con padres, hermanos, tíos y primos implicados, tal y como ha sido documentado también por Florencio Domínguez. Fueron tres mujeres, Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo y Paloma O'Shea, las fundadoras de la primera Asociación de Víctimas del Terrorismo en 1981. Contra toda lógica, se unieron para ayudar a quienes estaban todavía peor que ellas y comenzaron un lento y tenaz peregrinaje de petición de ayudas, de verdad y de justicia..., que aún hoy continúa.

Desde mediados de esta misma década, Cristina Cuesta, hija de Enrique Cuesta, asesinado el 26 de marzo de 1982, se convirtió en una de las pioneras en la creación de movimientos pacifistas y en la organización de las víctimas del terrorismo en el País Vasco. También Carmen y Teresa Díaz Bada, hijas del superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado en Vitoria en 1985. Teresa fue la primera presidenta de la Coordinadora de Víctimas del País Vasco, COVITE, creada en 1998.Las mujeres han ostentado una visibilidad creciente y mayoritaria en el espacio público contra ETA y el efecto de su liderazgo moral en la sociedad española resulta indiscutible. Ahora bien, la labor de deslegitimación del terror nacionalista sigue siendo muy difícil en el País Vasco, pues las conciencias continúan afectadas por décadas de miedo y prejuicios.

Suele olvidarse el papel del periodismo realizado allí para destapar la naturaleza profunda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el entorno de ETA. En circunstancias de intenso miedo ambiental, hay que citar a periodistas como Charo Zarzalejos, Chelo Aparicio, Carmen Gurrutxaga, Tonia Echarri, Genoveva Gastaminza e Isabel Martínez, porque no se dejaron amilanar. Las formas de coacción sutiles y ostensibles fueron casi una rutina para estas mujeres que anteponían la profesionalidad y la dignidad al miedo. Soportaron los paseíllos amedrentadores cuando entraban en ruedas de prensa de HB, los avisos amenazadores, las burlas ante sus preguntas, buscando que el resto de los periodistas callasen y se estableciera el círculo del silencio y del miedo. Chelo Aparicio recuerda el escalofrío cuando un alto dirigente de HB le dijo en 1985, con la técnica mafiosa más depurada, esto es, con mucha suavidad: «Chelo, cuídate. No digas eso».

En la década de los 90, Edurne Uriarte, Gotzone Mora, Sara Torres y otras profesoras universitarias sufrieron el acoso de ETA por el discurso que animaba a la sociedad vasca a sacudirse el miedo. Especialmente expuestas, su universidad no las apoyó y les causó un perjuicio que arrastran desde entonces. Alguna ha llegado a renunciar a su plaza, antes que tener que agradecer la vuelta a los departamentos de una institución que ahora dominan, en algunos casos, sus propios chivatos y los más canallas. Pero el agradecimiento que les debemos es infinito, porque dieron densidad intelectual a la necesidad de un discurso democrático sólido, sin sensiblerías, contundente. Es imperativo citar también a políticas que, como Rosa Díez desde el PSOE o María San Gil y Arantza Quiroga desde el PP, también se han posicionado junto a las víctimas.

Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y la creación del Foro de Ermua y del Colectivo Ciudadano Basta Ya, las víctimas del terrorismo llegaron a la etapa de máxima visibilidad y a un momento especialmente esperanzador, en el que los dos grandes partidos nacionales demostraron que no era imposible avanzar realmente unidos en el Pacto Antiterrorista. Sucedieron tantas cosas, tan llenas de contradicciones y de claroscuros, que tal vez convenga leer y releer el magnífico Maldito el país que necesita héroes, de la periodista más experta en el tema de ETA: Ángeles Escrivá, del periódico EL MUNDO. Pero fueron y son mayoritariamente, también ahora, mujeres las que encarnan la indignación nacional contra la cara cruel y narcisista del terrorismo nacido en las entrañas del País Vasco y Navarra. Contra la risa de Inés del Río. Y son mujeres las que exigen eficacia a las instituciones e instan a la ilegalización de cualquier franquicia de la banda.

Esas personas admirables están dispuestas a enfrentarse contra la tentación de la impunidad. Y a afrontar uno de los retos que definía Florencio Domínguez el 16 de junio de 2010, en una de las presentaciones del libro Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, escrito junto al profesor Rogelio Alonso y Marcos García Rey. «...el del relato legitimador del terrorismo. Ellos son conscientes de la importancia de ese relato. Realizan un esfuerzo enorme para buscar al autoexculpación colectiva y la exculpación de las responsabilidades históricas y políticas.» Este es nuestro deber y tarea, aunque parezca obvio. No puedo estar más de acuerdo.

Maite Pagazaurtundua