Las odiosas deudas de Mubarak

Una mirada a las finanzas públicas de Egipto revela un dato perturbador: los pagos de intereses por la deuda externa del país sobrepasan su presupuesto combinado para educación, salud y vivienda. En efecto, el costo de los servicios de la deuda alcanza el 22% de los gastos totales del gobierno egipcio.

El impacto ya no puede ignorarse. Con creciente incertidumbre política y su economía en desaceleración, Egipto probablemente presenciará menores ingresos fiscales, mayores demandas de gasto y tasas de interés crecientes para el endeudamiento gubernamental. Esto puede conducir a una catástrofe fiscal para el gobierno justo cuando el país intenta una transición política complicada.

La deuda pública egipcia representa aproximadamente el 80% de su PBI. Está muy cerca del 90%, nivel que los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart señalan como precursor de menor crecimiento y mayor vulnerabilidad a las crisis fiscales y financieras. A los egipcios les basta mirar al norte, a la crisis de la deuda europea, para entender que deben solucionar el problema de su endeudamiento ahora, en lugar de esperar a que alcance las proporciones griegas.

Esta deuda se contrajo durante el gobierno de 30 años del derrocado presidente, Hosni Mubarak. En el derecho internacional, la deuda incurrida sin el consentimiento de la gente y que no empleada para su beneficio es llamada «odiosa»; como tal, no se considera transferible a los regímenes posteriores. El razonamiento es simple y lógico: si alguien pide prestado dinero en mi nombre de manera fraudulenta no se espera que yo lo devuelva, tampoco debiera hacerlo la población de un país cuando un líder no representativo pide prestado en su nombre y en su perjuicio.

Durante tres décadas el endeudamiento de Mubarak solo lo enriqueció a él y a su camarilla gubernamental, mientras que empobrecía y reprimía al resto de Egipto. La corrupción se había extendido, pero no solo la encubierta: el dinero público se utilizaba abiertamente para apoyar a muchos negocios con pretextos endebles como «fomentar el crecimiento económico» y «crear empleo». Junto con la captura regulatoria, esto dañó la competitividad, la apertura del mercado y las pequeñas y medianas empresas egipcias.

La mayoría de los beneficiarios de esta generosidad ahora aguardan su juicio en prisión. El resto de Egipto, sin embargo, solo percibió este dinero como un aparato estatal en continua expansión que fortalecía el dictado de Mubarak, aplastaba las voces discrepantes y reprimía a millones. Cuando los egipcios se rebelaron contra Mubarak en enero, debieron enfrentar armas pagadas con dinero prestado.

¿Es justo pretender que continúen pagando por su represión y empobrecimiento anterior a manos de Mubarak y sus secuaces? Como este dinero claramente benefició a Mubarak pero no a su gente, ¿no debería ser Mubarak el responsable en lugar de sus víctimas?

Durante muchos años estuvo claro el tipo de régimen implementado por Mubarak, así como la forma en que se usaba el dinero. Un prestamista prudente tendría que haber considerado esos hechos antes de otorgar los créditos. Y así, los bancos y las instituciones internacionales que prestaron dinero a Mubarak deberían asumir la responsabilidad de su elección de financiar este régimen represor.

El nuevo Egipto debería romper claramente con Mubarak y sus prestamistas, y dejarlos que solucionen sus negocios entre sí, sin involucrar al pueblo egipcio. El único rol del gobierno egipcio debería ser el de ayudar a liquidar los activos de Mubarak para efectuar los pagos en caso necesario.

Esto no solo sería justo, también enseñaría una importante lección a quienes financian dictadores: una lección que probablemente tenga un impacto positivo inmediato de alcance mundial. Quienes presten a un régimen represor no podrían esperar que esas deudas sean asumidas por sus sucesores, lo que inmediatamente aumentaría la cautela de los prestamistas en todo el mundo al respecto.

Un precedente egipcio brindaría conciencia y sobriedad a una entera generación de prestamistas que no está acostumbrada a considerar este tipo de riesgo, e incluso puede no estar familiarizada con la doctrina de la deuda odiosa. Los regímenes represivos encontrarían más difícil la obtención de créditos, lo que, a su vez, les dificultaría reprimir a su gente, y facilitaría y abarataría el financiamiento importante para los gobiernos responsables y legítimos cuando lo necesitan.

Transferir la responsabilidad de la deuda externa a Mubarak no debiera tener consecuencias económicas negativas de largo plazo para Egipto. Esta decisión no debe entenderse como un paso en dirección a la temeridad fiscal, sino como una única ruptura con ella. Con un menor endeudamiento y pagos de intereses reducidos, la posición fiscal egipcia mejoraría significativamente y las amenazas al crecimiento económico disminuirían. La precaución resultante de los prestamistas extranjeros evitaría que futuros gobiernos egipcios endilguen deudas a su pueblo irresponsablemente.

Tal vez aún más importante sería que los días de pedir prestado para construir un gran aparato de seguridad estatal se terminarían en todo el mundo. Por el bien de su pueblo y el de las personas sujetas a tiranías, el gobierno egipcio debe asumir una postura valiente.

Por Saifedean Ammous, profesor invitado en el Centro para el Capitalismo y la Sociedad de la Universidad de Columbia y profesor de Economía en la Universidad Libanesa Americana. Traducido al español por Leopoldo Gurman.

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