Las ONG no somos un instrumento bélico

El pasado 4 de marzo, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, retomó una de esas ideas relacionadas con la guerra humanitaria que tanta inquietud nos generan a quienes día tras día luchamos por prestar una asistencia independiente a las víctimas de los conflictos. Jugando a la confusión de principios y de objetivos, defendió la necesidad de que la OTAN y las organizaciones no gubernamentales refuercen su cooperación en el terreno, atribuyendo a estas últimas un «poder de atracción» que complete el «poder coercitivo» de los ejércitos aliados -lo que popularmente se conoce como la estrategia del poli malo y el poli bueno-. Afirmaciones como éstas, que sugieren que la asistencia médica es parte de la estrategia militar, ponen en riesgo a los pacientes y a los trabajadores humanitarios.

El haber vivido las guerras de las últimas décadas -la OTAN en algunas, Médicos Sin Fronteras en casi todas- es la única similitud que nos acerca. El resto nos diferencia y así debe ser. La ayuda humanitaria consiste en prestar asistencia a las víctimas de crisis y conflictos. Es una acción que tiene como objetivo salvar vidas y aliviar el sufrimiento y se basa en una evaluación independiente de las necesidades inmediatas de los afectados. No está por tanto dirigida a conseguir la pacificación, la estabilización o la reconstrucción de una sociedad, por muy loables y necesarias que estas sean. Y mucho menos está dirigida a ayudar a las fuerzas militares en sus estrategias de guerra, de contrainsurgencia o de autoprotección sobre el terreno (ese «ganar el corazón y las mentes» que está destinado a ganar el apoyo de la población mediante un acercamiento amable, por muy lícito y necesario que sea este concepto para las fuerzas militares).

Los militares y humanitarios no tenemos los mismos objetivos. Es más, la misma idea de la guerra humanitaria o de una alianza militar-humanitaria es una contradicción en sí misma. Esta confusión intencionada obstaculiza el despliegue de la ayuda humanitaria, ya que las organizaciones construimos el acceso a las poblaciones sobre la confianza de éstas y la de los gobiernos y ejércitos, de los grupos opositores y de cualquier actor implicado en un conflicto… Es en ese contrato social no escrito, en ese diálogo, y mediante la prestación de la asistencia de una manera imparcial, donde nos posicionamos como actor sin agenda oculta, neutral e independiente, que acepta no meterse en las controversias políticas que han llevado aquella sociedad a la guerra para lograr atenuar algo de sus consecuencias entre los que la sufren. De la aplicación práctica de estos principios, así como de la percepción que de ellos tienen las partes implicadas y la población, depende la posibilidad misma de la asistencia humanitaria. Cuando una de las partes en conflicto intenta incluirnos en su bando o pretende empujarnos al contrario, esa confianza se rompe y lo que peligra con ello no es sólo la seguridad de nuestro personal, desarmado, sobre el terreno, sino la posibilidad de acceder a las víctimas y prestar ayuda que busca salvar vidas en el momento inmediato.

Afganistán es el ejemplo más reciente de que la ayuda prestada por ejércitos no sólo no es humanitaria sino que la perjudica, en primer lugar porque la asistencia prestada con el objetivo de respaldar estrategias de contrainsurgencia no puede ser imparcial ya que no parte de las necesidades de la población sino de las necesidades de las fuerzas militares para asentarse sobre el terreno. Y esta ayuda, al estar guiada por otra agenda, no llega a los más necesitados: de hecho ni siquiera llega a las estructuras sanitarias de la propia capital, Kabul, donde se apelotonan la inmensa mayoría de los desplazados internos, porque la población de la capital no es estratégica en la lucha contrainsurgente, o al menos no lo ha sido hasta ahora. Más aún, la militarización de convoyes de ayuda o de hospitales los convierte en posible objetivo militar, y lo que pretendía asegurar la atención a las víctimas en realidad las aleja de ellas.

No pretendemos hablar desde una superioridad moral que no tenemos. Tampoco lo hacemos desde el antimilitarismo ni el pacifismo. Sólo queremos que la ayuda responda a las necesidades vitales de la población y no para apuntalar estrategias de orden político o estratégico. Declaraciones como las de Rasmussen sobre la complementariedad del «poder blando» de las ONG y del «poder duro» de los militares nos colocan en su bando. Pero las organizaciones humanitarias independientes no estamos ahí, porque no podemos estarlo. Estamos en el bando de la población civil, sea cual sea su color, sexo, raza o religión, la más vulnerable y afectada por un conflicto. Déjennos marcar distancias en beneficio de aquellos a los que intentamos aliviar.

Aitor Zabalgogeazkoa, director general de Médicos Sin Fronteras.