Muchos europeos han llegado a creer que han capeado el temporal económico y financiero. En los dos últimos años, los déficits y la deuda se han estabilizado. Los réditos de la deuda soberana de las economías débiles en la periferia de la zona del euro han experimentado una marcada reducción. Portugal e Irlanda han salido de sus programas de rescate. Se ha dejado de hablar de la salida del euro por parte de Grecia.
Todo eso es cierto, pero hay un gran problema: el crecimiento económico en la Unión Europea sigue siendo anémico. El PIB de Holanda y de Italia se redujo en el último trimestre y el de Francia apenas ha cambiado. Los analistas están revisando y reduciendo sus cálculos del crecimiento de la zona del euro en 2014 a tan sólo el uno por ciento anual. El desempleo se mantiene en un asombroso 11,6 por ciento en la zona del euro en conjunto, frente al 10 por ciento en los Estados Unidos en el peor momento de la gran recesión. En Grecia y en España supera el 25 por ciento... y es aún mayor entre los jóvenes.
La economía de Europa sigue paralizada por tres problemas –la deuda soberana, el euro y los bancos tambaleantes–, pese a los nuevos apoyos normativos: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), las políticas de relajación monetaria y tenencia de deuda soberana del Banco Central Europeo y la supervisión a partir de noviembre de los aproximadamente 130 mayores bancos de la zona del euro por parte del BCE. Ninguna de esas reformas ha sido suficiente para restablecer el fuerte crecimiento que Europa necesita urgentemente.
El generalizado descontento económico se refleja en la reciente inestabilidad política. Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado mes de mayo conmocionaron a las minorías selectas de Europa, pues hubo partidos de extrema derecha, diversos eurooescépticos e incluso izquierdistas que lograron fuertes aumentos de votos en muchos países, impulsados en parte por la frustración popular ante la concentración de poder de la Comisión Europea. Gran Bretaña puede acabar celebrando un referéndum sobre su pertenencia a la UE en 2017, a no ser que se revisen algunas condiciones de su adhesión.
Los dirigentes elegidos afrontan una tarea ingente: promulgar unas difíciles reformas estructurales de los mercados laborales, los sistemas de pensiones y los impuestos. Ya se deberían haber hecho todas ellas mucho antes de la crisis y en la mayoría de los países siguen, en el mejor de los casos, en sus fases más tempranas, mientras que la situación fiscal de los países muy endeudados ha mejorado sólo ligeramente. E Italia y Francia piden una flexibilización de las normas relativas al déficit presupuestario y a la deuda.
Los economistas no están seguros de si una rápida consolidación fiscal tendrá costos o beneficios a corto plazo. Mi opinión es la de que depende de los datos y las circunstancias, como, por ejemplo, el tamaño, la credibilidad y el calendario de la consolidación; la mezcla de recortes de gasto y de impuestos; el carácter en gran medida permanente y estructural de la consolidación (por ejemplo, un cambio de las fórmulas para el cálculo de las pensiones); y, naturalmente, el tipo de política monetaria.
En vista de las perspectivas demográficas de la mayoría de los países europeos, cada vez más desmoralizantes, el ritmo actual de reforma estructural es extraordinariamente insuficiente. Italia y Alemania van camino de tener un jubilado por trabajador; sin un crecimiento más rápido del PIB, nuevas políticas de inmigración, edades mas tardías de jubilación y medidas para detener el aumento del gasto en asistencia social, los impuestos aumentarán inexorablemente a partir de unos niveles ya perjudiciales.
Europa tiene tres opciones amplias. La primera es el status quo, que entrañaría la improvisación conjunta de soluciones para las minicrisis futuras, cuando surjan, conforme a la tónica de los últimos años. En vista de los divergentes intereses y problemas que afrontan los diferentes países dentro de la zona del euro y de la UE, junto con unas estructuras de gestión engorrosas y la dificultad para cambiar los tratados, ésa es la vía de menor resistencia para los dirigentes elegidos... y, por tanto, la que más probablemente se seguirá.
La segunda opción es una reforma estructural seria y concertada, que incluiría, como mínimo, reformas de las normativas laborales, los sistemas de pensiones y las disposiciones de las legislaciones tributarias que obstaculizan el crecimiento. También debería comprender un resuelto intento de reducir una deuda soberana excesiva, que sigue siendo un importante impedimento para el crecimiento y amenazando a algunos de los bancos europeos.
Los vigentes acuerdos sobre la deuda no son suficientes sin un decenio de crecimiento intenso, que parece improbable, por no decir algo peor. Los gobiernos y los bancos europeos necesitarán en última instancia una solución similar a los bonos Brady, que fueron muy importantes para superar la crisis de la deuda latinoamericana en el decenio de 1990 y la amenaza que representaba para los bancos muy expuestos de los centros financieros de los EE.UU. Como ocurrió entonces, habrá que negociar una combinación de las opciones de salida existentes y las prórrogas de créditos.
La política basada en ese planteamiento será difícil, en particular en los países ricos, pero una reforma estructural concertada y apropiadamente estructurada podría contribuir a restablecer el crecimiento, cuyo resultado podrían ser unos presupuestos más boyantes, más puestos de trabajo, mejores balances y menos riesgo financiero.
La tercera opción es la de replantearse y rehacer la propia UE, desde el euro hasta sus instituciones básicas. Como acuerdo de libre comercio, la UE ha tenido un gran éxito, pero el euro sólo tiene sentido económico para un subconjunto de sus miembros actuales, no para países como, por ejemplo, Grecia en su situación actual. Algunos economistas han propuesto un euro de dos vías, donde los países “problemáticos” utilizarían un “euro B” que flotara respecto del “euro A” hasta que cumplieran las normas económicas y financieras y merecieran reingresar.
Otro gran beneficio que ha aportado la UE ha sido una mayor movilidad laboral, pero los rígidos dictados burocráticos de la Comisión Europea han llevado demasiado lejos cierta reglamentación y las medidas para obligar a los países con menores impuestos a “armonizar” sus tipos serían devastadoras para sus ciudadanos y sus empresas.
Si bien no es probable que en un futuro próximo se logren grandes avances conforme a las opciones segunda y tercera, los dirigentes elegidos de Europa deberían examinar constantemente lo que tiene sentido y lo que se debe reformar. Las recientes elecciones fueron una llamada de atención; los dirigentes de Europa deben abrir los ojos.
Michael J. Boskin is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He was Chairman of George H. W. Bush’s Council of Economic Advisers from 1989 to 1993, and headed the so-called Boskin Commission, a congressional advisory body that highlighted errors in official US inflation estimates. Traducido del inglés por Carlos Manzano.