Las opciones del Reino Unido después del Brexit

Las opciones del Reino Unido después del Brexit

Se han destinado enormes niveles de tiempo, esfuerzo y frustración a la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y con la realización de unas elecciones parlamentarias cruciales el 12 de diciembre, todavía no está claro si ocurrirá el Brexit, ni cuándo y cómo será.

Pero, suponiendo que el Reino Unido abandone la UE, su próximo gobierno deberá comenzar el largo y difícil proceso de negociar nuevas relaciones con el resto del mundo. Eso implicará opciones complicadas, y una de las más espinudas es si debería alinear sus regulaciones en sectores económicos claves con las de la UE o los Estados Unidos. ¿Hacia dónde dirige su rumbo Gran Bretaña?

El Primer Ministro Boris Johnson desea que el Reino Unido logre un acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos después del Brexit. Después de todo, EE.UU. es el mayor socio comercial individual del RU y su mayor fuente (y destino) de inversión extranjera directa.

Sin embargo, al buscar un acuerdo así el Reino Unido tendría que decidir cuánto está dispuesta a realinear sus regímenes regulatorios con los de Estados Unidos (como desean las firmas y los inversionistas estadounidenses). Una alineación más cercana a EE.UU. crearía nuevas barreras para el comercio con la UE, que es un mercado mucho mayor para las exportaciones británicas. Más todavía, la perspectiva de adoptar estándares estadounidenses (por ejemplo, en cuanto a precios de los medicamentos, el medio ambiente, los estándares alimentarios y el bienestar animal) ya está creando una reacción pública adversa en Gran Bretaña.

A medida que el Reino Unido se prepara para la vida después del Brexit, las tensiones regulatorias con EE.UU. y la UE podrían intensificarse en dos otros sectores importantes.

El primero es el sector bancario y financiero. En 2018, el sector financiero británico contribuyó £ 132 mil millones ($ 170 mil millones) a la economía, o un 6,9% del producto total, proporcionando 1,1 millones de empleos (3,1% del total) y pagó cerca de £ 29 mil millones en impuestos (en el año fiscal británico 2017-18). El sector generó además exportaciones por un valor de £ 60 mil millones en 2017 (frente a £ 15 mil millones en importaciones).

Pero el sector de servicios financieros plantea riesgos enormes si no se lo regula adecuadamente. La crisis financiera de 2007-2008 redujo en un 7% el producto nacional británico, arrasó con un millón de empleos, hizo que los salarios bajaran un 5% con respecto a los niveles de 2007 y paralizó los préstamos bancarios. Todas las regiones del Reino Unido (y gran parte del resto del mundo) sintieron el catastrófico impacto.

Tras la crisis, una comisión independiente concluyó claramente que era necesaria una reforma regulatoria para proteger al pueblo británico (y las finanzas públicas) de los préstamos bancarios imprudentes. Las autoridades de la UE y EE.UU. también aceptaron la necesidad de normativas más sólidas.

Sin embargo, hoy Estados Unidos y Europa siguen caminos totalmente divergentes. Las entidades reguladoras de la UE continúan fortaleciendo reglas prudenciales y exigencias de capital (especialmente para bancos muy grandes) y están ampliando el alcance de la regulación para cubrir cada activo y profesión de la industria de los servicios financieros.

Por el contrario, Estados Unidos ha revertido el rumbo bajo el Presidente Donald Trump, cuya administración se ha propuesto deshacer elementos clave de las regulaciones adoptadas tras la crisis financiera. Ahora la agenda del gobierno estadounidense incluye rebajar los requisitos de capital, debilitar las pruebas de esfuerzo y los “testamentos en vida” para los bancos, y permitir más operaciones por cuenta propia y negociaciones de derivados no regulados. También tiene intenciones de reducir las protecciones para consumidores e inversionistas, disminuir la regulación prudencial de bancos sistémicamente significativos, socavar la regulación de entidades no bancarias y del sistema bancario en las sombras, reducir la financiación para el estudio y monitoreo de la industria financiera y adoptar un enfoque no intervencionista hacia el cumplimiento de las leyes bursátiles.

Algunos inversionistas se beneficiarían enormemente si en el Reino Unido se llevara a cabo una desregulación financiera al estilo estadounidense, y seguirán presionando para ello. Pero su búsqueda de beneficios por sobre la seguridad del sistema pondría en riesgo las medidas regulatorias que tanto costó ganar y que hoy protegen al público británico de una repetición de la crisis de 2007-08. También afectaría la posición de la City de Londres como corazón de las finanzas europeas.

Hasta la fecha, el Reino Unido ha adoptado un sólido enfoque en cuanto a la regulación financiera y ha implementado medidas que van más allá de las introducidas por los reguladores de la UE. Entre ellas se incluyen un nuevo régimen que apunta a hacer a los altos gerentes bancarios responsables de sus decisiones y separar (ring-fence) las operaciones de venta minorista de los grandes bancos para proteger los depósitos de los clientes de los embates al sistema financiero mayor. Y puesto que el público británico apoya ampliamente estas medidas, es muy probable que el gobierno post-Brexit dudará en debilitarlas.

El segundo reto para el Reino Unido después del Brexit será el manejo ante las grandes tecnológicas estadounidenses. Este año, un informe del Parlamento británico concluyó que Facebook “violó de manera intencional y consciente tanto la privacidad de los datos como las leyes anti-competencia”. Sin embargo, el tamaño y el alcance global de estas firmas dificultan que ningún gobierno que no sea el de Estados Unidos las regule o influya sobre ellas.

En lugar de ello, la UE ha liderado el camino al consagrar los derechos de sus ciudadanos a la privacidad de los datos, a través de su Normativa General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). Además, la Comisión Europea ha adoptado una postura enfáticamente a favor de proteger la competencia y limitar el dominio del mercado mundial de los gigantes digitales. En marzo, la Comisión multó a Google con la suma de €1,5 mil millones ($1,7 mil millones) por bloquear a sus rivales en el mercado publicitario en línea, en la tercera vez que castiga a la compañía por violaciones a las leyes antimonopólicas.

Sin embargo, el gobierno estadounidense apoya fuertemente la libre circulación de datos (lo que desean las grandes tecnológicas estadounidenses), mientras Trump criticó raudamente a la Comisión Europea por multar a Google.

El Reino Unido depende en gran medida de las grandes firmas tecnológicas globales, todas las cuales son estadounidenses o chinas, y debe intentar regularlas. Una vez que salga de la UE, tendrá que optar entre ceder a la presión estadounidense o encontrar un modo de reflejar la regulación de la UE (incluidas la GDPR y el Acuerdo Marco de Privacidad entre la UE y EE.UU.)

Los partidarios del Brexit adujeron que el Reino Unido podía crear su propia “estrategia global” y hacer las cosas “a la manera británica” tras salir de la UE. Por ejemplo, en 2016 la entonces Primera Ministro Theresa May dijo que después del Brexit el Reino Unido confiaría en la colaboración con sus “sólidos aliados” para crear una alternativa al sistema de navegación satelital Galileo de la UE.

Sin embargo, tres años después, con Trump en la Casa Blanca y el Reino Unido en una posición de negociación mucho más débil frente a la UE, no está tan claro quiénes son esos sólidos aliados. Decisiones incluso más difíciles esperan al gobierno que surja después del 12 de diciembre.

Ngaire Woods is Dean of the Blavatnik School of Government at the University of Oxford. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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