Por Joan Tardà, portavoz del Grupo Parlamentario de ERC en el Congreso (EL PERIÓDICO, 22/11/05):
ERC ha presentado en el registro del Congreso un proyecto de ley de protección y fomento de las lenguas del Estado diferentes de la castellana para que se tramite en el periodo de sesiones que se inició en septiembre. El objetivo de la ley, así como su contenido, fueron expuestos en la Universitat Catalana d'Estiu por el presidente del partido, Josep-Lluís Carod-Rovira. El Grupo Socialista y, por extensión, el Gobierno, son conocedores de la predisposición del independentismo catalán al entendimiento y a la consolidación de las relaciones con la izquierda española en el marco de un único objetivo de legislatura: profundizar en la socialización de la riqueza en beneficio de las clases populares, la consolidación del Estado del bienestar y la transformación del actual marco estatal uninacional en otro de carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico (respecto a nuestras demandas en lo referente a los estatutos valenciano y catalán). No en vano, el entendimiento en la configuración de los presupuestos generales del 2005 y del 2006 son prueba de ello. En consecuencia, había que afrontar la vertiente del plurilingüismo. Tras un cuarto de siglo de posfranquismo, la llegada de un grupo parlamentario independentista al Parlamento español ha permitido dejar atrás el efecto más perverso de tanta dejadez anterior --también protagonizada por parte catalana, a pesar de la permanente representación de diputados de aquí en el Congreso desde 1977--, o sea: la invisibilidad de las lenguas catalana, vasca y gallega en las instituciones estatales.
JOAN Puigcercós ya dejó dicho en el discurso de investidura de Zapatero que la consecución de la normalidad lingüística para todas las lenguas del Estado era un objetivo troncal de nuestro grupo parlamentario en esta legislatura. En consecuencia, en los primeros meses, la acción de ERC se encaminó, por un lado, a poner encima de la mesa el conflicto con la reivindicación del derecho de los diputados a utilizar la lengua catalana en el Parlamento español y, por otro, presentando y logrando aprobar un conjunto de iniciativas encaminadas al plurilingüismo, como la rotulación plurilingüe de los museos públicos, entre otras. También se logró que el Estado asumiera el fomento de la lengua catalana como algo propio, con la aprobación, entre otros, de una partida de 12 millones de euros en el ejercicio presupuestario del 2005 que, en los presupuestos del 2006, ha crecido hasta más de 16. Llegados casi al ecuador de la legislatura, tenemos bloqueada la reforma del reglamento del Congreso hasta que no se nos permita usar nuestra lengua (y, si es preciso, en las próximas semanas volveremos a recurrir a la insumisión lingüística). Sin embargo, siguiendo la hoja de ruta del compromiso adquirido públicamente con la ciudadanía catalana de conseguir el reconocimiento de la pluralidad lingüística del aparato del Estado, había que dar el segundo paso, el definitivo: la ley de lenguas. La ley de lenguas de ERC pretende invertir la situación actual: el reconocimiento de las lenguas que sean oficiales al menos en una comunidad autónoma como oficiales en la Administración del Estado, en los medios de comunicación estatales, en el conjunto de los órganos constitucionales, etcétera. En definitiva, situar el Estado español al mismo nivel de otros estados avanzados por lo que se refiere a la legislación lingüística, como Suiza, Bélgica y Canadá. El mes de febrero, que es cuando nos toca por calendario parlamentario, defenderemos la aprobación del inicio de tramitación en el pleno. ERC ya ha logrado el compromiso del socialismo español. Contamos con el apoyo de los grupos parlamentarios vascos y gallego. Y no va a faltarnos, estamos convencidos, la complicidad de IU y, sin duda, tendremos la colaboración de CiU.
POR DESGRACIA, el frente mediático de la derecha ya se ha preocupado de adelantar la beligerancia con la que seremos tratados si nos atrevemos a llevar adelante un mayor reconocimiento del conjunto de lenguas y culturas del Estado. El primer escollo ya lo superamos cuando el PP se opuso incluso a que este proyecto entrara en el Congreso, argumentando, como también ha hecho con el Estatut, que contenía una reforma constitucional encubierta. No lo lograron y perdieron por un voto en la Mesa del Congreso y, ahora, el inefable Zaplana ya ha anunciado que recurrirán al Constitucional. Desde el republicanismo no tenemos ningún reparo en manifestar que la coyuntura política actual es inmejorable para avanzar en la democracia y en el respeto a la pluralidad como base para el entendimiento y la convivencia entre las naciones del Estado. Porque una situación como ésta será irrepetible si las izquierdas nacionales y la izquierda española no trabajamos juntos, con confianza y complicidad. O lo hacemos ahora, o difícilmente tendremos otra oportunidad parecida.